Era una cuestión de tiempo. Querían ir por más y están yendo. Luego de un paciente trabajo de erosión de la voluntad parlamentaria manifestada en cada Ley de Presupuesto, una especie de soterramiento preparatorio, ahora el Presidente quiere estandarizar esa odiosa costumbre de concentrar poder a expensas del Congreso, mediante su ley de superpoderes.
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Este proyecto plantea cambiar las reglas de las leyes de Administración Financiera del Estado Nº 24.156 (Art. 37) y de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917 (Art. 15). Con ello, un funcionario privilegiado, el jefe de Gabinete, podrá hacer y deshacer, sin mayor control, el Presupuesto nacional, por obra y gracia de la facultad omnímoda de cambiar la finalidad de los fondos presupuestados, los que, bajo nuestro régimen constitucional basado en el principio de división de poderes, sólo podría administrar el Poder Ejecutivo, sobre la base de un cálculo de ingresos y egresos, y una asignación definida y discriminada junto con los representantes del pueblo: el Congreso.
La propuesta presidencial cercena las facultades del Congreso de reformar el monto del Presupuesto, el endeudamiento previsto, y reasignar partidas de gastos corrientes, de capital, las aplicaciones financieras y cambiar las finalidades, al hacerlas propias del jefe de Gabinete y con ello consolidar en forma permanente las atribuciones que la emergencia le dio en los presupuestos de 2004 y 2005. Esta secuencia se limitó con la actual Ley de Presupuesto, que no incluyó los superpoderes. De más está decir que no ha sido un olvido, sino que ello vino de la mano del año electoral (2005) que demandaba una concesión de parte del Ejecutivo.
No conforme con lo dicho, también se propone modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, para que el nuevo superhombre argentino tenga por fin facultades que no tiene ningún gobernador, intendente o jefe de Gobierno. Y ¿cómo quiere modificar el Presidente esta norma tan republicana?: mediante un recurso indirecto, una dispensa permanente: «... exceptuase al jefe de Gabinete de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nº 25.917. (Art. 2º)». En otros términos, la ley rige para todos, excepto para este funcionario.
En términos parlamentarios y políticos, el nuevo escenario hace inútil la existencia misma de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, encargada de asignar partidas y controlar luego su cumplimiento; el Sr. jefe de Gabinete no precisará revalidar anualmente las leyes de presupuesto, que se transformarán en un mero ritual formal sin sustancia ni significado real alguno.
Una vez más, el Presidente nos ratifica que descree del sistema político, no fue sincero cuando hablaba de exclusión de superpoderes en el Presupuesto 2006, fue todo parte de una campaña electoral, no hubo convicciones reales.
La historia, con su implacable poder de enseñar, nos está demostrando que, desde 1994 el presidencialismo argentino no ha hecho más que degenerar en un hegemonismo incompatible con la efectiva vigencia de la democracia y de los valores republicanos.
Oportunismo
La apuesta que se hizo en la Convención Constituyente de fortalecer la institución parlamentaria no tuvo éxito, todo lo contrario, el oportunismo de los presidentes de turno, con el argumento de la necesidad y la urgencia, ha convertido lo temporal en permanente acallando al Congreso, que es el único poder de la República donde está representado el pueblo de la Nación.
Sr. presidente Kirchner, ¿qué puede acuciarlo tanto, como para demandar una « estandarización», un marco permanente, de peligrosa delegación de poderes al Sr. jefe de Gabinete en una Argentina que se dice hoy cuenta con menos de 10% de desocupación, con un crecimiento económico sostenido del orden de 7% anual, con un índice mensual de inflación inferior a un dígito, con la autoridad del Estado plenamente vigente? ¿Cuál será la razón para seguir pidiendo poderes típicos de una emergencia cuando todo indica lo contrario?
Es evidente que la razón no está en la emergencia por más que se lo diga. Ni tampoco en el deseo de contar con «flexibilidad» suficiente para gobernar. Es esa megalomanía presidencial, esa voracidad de poder de las convicciones más autoritarias y hegemónicas; es el íntimo deseo de una República con superpoderes, y una democracia con superdebilidades.
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