37 millones de razones dividen a "los gordos"

Cuando la conducción de la CGT dialoguista comió con Chrystian Colombo, el jueves de la semana pasada, como informó este diario, el gobierno ignoraba la fractura interna que afecta a esa central obrera. De esa novedad se enteró ayer, cuando el ministro de Salud, Héctor Lombardo, concurrió al sindicato de petroleros (SUPE) de la calle Rivadavia, para discutir con los dirigentes del Movimiento Obrero con Propuestas (MOP) la desregulación de las obras sociales.

El viernes de la semana pasada por la noche, en Mar del Plata, Antonio Cassia (SUPE) reunió a los principales gremialistas de las empresas de servicios públicos, otrora estatales. Allí estuvieron Oscar Mangone (Gas, y responsable del hotel donde se realizó la reunión), Jorge Pereyra (textiles), Rogelio Rodríguez y Diógenes Salazar (telefónicos), Vicente Mastrocola (plásticos), entre otros. Son los que se identifican en la interna sindical como «Movimiento Obrero con Propuestas» (MOP) y que ayer almorzaron con Lombardo.

A todos los une una situación económica común: según la nueva normativa, los empleados de mejores ingresos deberán aumentar su contribución al fondo de redistribución de las obras sociales. Los que cobren entre 700 y 1.000 pesos deberán aportar 12% de su contribución a la obra social y quienes cobren más de 1.000 pesos, 15%. Hasta ahora, el aporte de todos los empleados a ese fondo era de 10% de su cuota. El ministro de Salud prometió ayer discutir con el superintendente del Sistema de Salud, Rubén Cano, alguna alternativa menos costosa para los gremios de altos salarios.

Lombardo escuchó también las mismas quejas que Colombo con «los gordos». Reprochan que el sistema montado por el gobierno no contemple la posibilidad de que los jóvenes que acceden al primer empleo deban recaer durante 9 meses en la obra social de su actividad. Al ministro de Salud se lo explicaron con toda claridad ayer: «Si ustedes dejan la afiliación en manos de los propios empleados o de los gerentes de personal, las nuevas generaciones no se afiliarán a los sindicatos y habrán conseguido por la vía de las obras sociales lo que no consiguieron por la ley de reforma laboral». Sobre este punto «los gordos» esperaban una respuesta del jefe de Gabinete, que ayer todavía no consiguieron.

Los gremialistas MOP, que forman parte de la CGT de Daer, se quejan del propio titular de la central, de Cavalieri y de West aduciendo que han adoptado una postura conciliadora con el gobierno para poder aprovechar esos recursos que les serán transferidos desde las obras sociales de mejores ingresos. Están tan indignados que amenazan con quebrar la CGT. El primero en enterarse fue Luis Barrionuevo, quien también está en Mar del Plata y citó a los quejosos a una conciliación para el viernes próximo.

Ayer, Daer se comunicó también con Cassia para participar de lo que se denominará la «Cumbre del Alfar» (por el barrio donde vive el mandamás de los gastronómicos).

Enardecidos

Sin embargo, los gremialistas del MOP siguen enardecidos. «Nos vinieron a pedir la llave de las obras sociales y Daer siguió haciéndose las uñas y los masajes capilares en el Colmegna. ¿Me quieren convencer de que no hay un tongo con el gobierno?», vociferó ayer ante este diario uno de los capitostes reunidos en Mar del Plata que, al parecer, también visita los baños de la calle Sarmiento. Cassia, el jefe del grupo, aparecía sin embargo más conciliador ayer.

Pero el principal blanco de furia de estos sindicalistas «privatizados» es Cavalieri. Para ellos, la obra social de Sindicatos de Comercio, OSECAC, está atravesando una situación financiera delicada. «El 'Gitano' no quiere terminar como Lorenzo (Miguel)», explican sus adversarios. Miguel, deber recordarse, está concursado. Siguiendo esa lógica, acusan a Cavalieri de amoldarse a la desregulación del gobierno con tal de que les paguen a los gremios los 37 millones de pesos que el gobierno prometió como parte de la deuda contraída con el sistema de obras sociales.

Algo de esto es cierto, ya que Cavalieri sueña todas las noches con esos fajos de dinero. Lo hace en medio de tantas urgencias que hasta ha sugerido a algunos funcionarios que le den a su obra social una suma superior a la que le corresponde por el volumen de su obra social.

Ayer le explicaron también a Lombardo esta guerra de «caja»: «"Los gordos" se quieren quedar con 70% de los 37 millones, pero también pretenden parte de 30% que nos toca a nosotros», se quejaron en el SUPE.

El gobierno no consiguió todavía aprovechar estas divisiones sindicales. Tampoco se sabe si pretende servirse de ellas. Lo más lastimoso es que termine pagándolas. Porque podría suceder que De la Rúa acuerde una pacificación con los que comieron con Colombo el jueves, sin advertir que le abrirán la guerra, en la Justicia, los que se congregaron en Mar del Plata el viernes.