A las escondidas, para que otro pague el costo

La sesión de ayer en Diputados y el intento previo el miércoles pasado son una muestra de la división interna que existe en los bloques justicialista y radical en torno a los proyectos de ley que Juan Carlos Blumberg incluyó en su petitorio. En ambos casos, se dificultó el inicio de la sesión por una cuestión técnica de reglamento, algo cierto, pero que jugó sólo de excusa para postergar el tratamiento de los proyectos.

El bloque peronista esta hoy dividido en tres grupos en relación con las leyes para combatir la inseguridad que, curiosamente, desnudan alianzas entre diputados que en otros temas están absolutamente enfrentados. Uno de esos grupos integrado por un sector del duhaldismo y kirchnerismo define al movimiento de Juan Carlos Blumberg, aunque sólo en privado, como una corriente de mano dura a la que acusan directamente de nazi. Una segunda agrupación se mantiene al margen de la discusión, e incluso ha dejado de participar de las reuniones de la bancada, por considerar que el tema seguridad ha sido tomado como rehén de las disputas internas del PJ y la mala relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Allí están los cordobeses, santafesinos y los no kirchneristas. Junto con ellos milita otro sector del duhaldismo que considera la necesidad de reformar el sistema penal, pero por otros métodos que los propuestos en el petitorio, avanzando también en la reforma de la Justicia, del sistema penitenciario y correccional de menores. Finalmente están los más activos que, si bien se resisten a encolumnarse detrás de Ruckauf y Casanova como símbolos del aumento de penas, apoyan en el recinto las medidas propuestas. Son los que se hacen llamar « lepenistas», por el líder de derecha francés Jean-Marie Le Pen.

El peronismo tiene un debate-interno de fondo con relación a las leyes por penas más duras que no puede solucionar. La mitad de la bancada de Diputados está en contra del camino seguido y se niega a convalidar como referentes en el tema seguridad a Jorge Casanova y a Carlos Ruckauf.

Sobre todo, porque se consideran, además, volando a ciegas mientras el Poder Ejecutivo juega a las escondidas sin terminar de definir una postura clara frente al aumento de penas para delitos aberrantes o la baja en la edad de imputabilidad, tema de los proyectos de Gustavo Béliz.

Los diputados de mano dura, a los que reconocen pertenecer Casanova o incluso Graciela Camaño, forzaron en ese encuentro una definición sobre las leyes de seguridad contra la opinión de otros duhaldistas.

En medio de la discusión, todas las miradas se dirigieron a María del Carmen Falbo, presidenta de la Comisión de Justicia, que se mantuvo en disidencia con relación a elevar el monto de penas máximas acumuladas a 50 años. En realidad, Falbo, entre otras modificaciones, proponía acumular penas hasta 40 años. Pero su posición en el debate le valió ponerse en el centro de la tormenta.

Algunos diputados como Casanovas y Camaño denunciaban que un grupo de legisladores «garantistas» pretendía instalar en el bloque la idea de que un aumento de penas equivalía al renacimiento del nazismo. Se dijo incluso en la reunión de bloque que «hay quienes sólo quieren legislar para los rubios de ojos celestes» o «con marchas como la de Blumberg, comenzó el nazismo».

Sin embargo, como es de costumbre en los últimos tiempos, ninguno de los protagonistas de las críticas quiso identificarse. Mientras los peronistas en contra del aumento de penas -como kirchneristas y algunos duhaldistas-protestaban contra los proyectos desde sus asientos en el bloque, la carga terminó cayendo sobre Falbo que, en realidad, no había dicho lo que pusieron en su boca.

Ayer Falbo aclaró a este diario que su posición está lejos de ese punto y tampoco intentó nunca cargar contra la conducción del bloque: «Niego haber descalificado al presidente del bloque y haber dicho que la mayoría de la bancada tiene puesta la 'gorra de Hitler'. Por el contrario, el compañero Díaz Bancalari merece de mi parte el mayor respeto». ¿Por qué se vio semejante nivel de agresión en la discusión entonces dentro del bloque PJ con acusaciones graves, incluso entre duhaldistas, sobre posturas garantistas o de ultraderecha en torno a las leyes del petitorio de Blumberg?

Hay dos respuestas claras. Es tanta la desesperación que ronda hoy en el Congreso por intentar ganarse el favor popular y revertir el manto de descrédito que lo cubre desde hace años, que muchos diputados optaron por ser más « blumberistas» que Blumberg y se pusieron a la cabeza del petitorio para aprovechar parte del rédito del clamor popular.

Otro sector, que mantiene posición similar con muchos radicales, aristas e izquierdistas, sigue insistiendo en la necesidad de analizar con más tiempo las leyes sobre seguridad y, sobre todo, las que tienen origen en el petitorio de Blumberg y no en mensajes enviados por el Ejecutivo. Esa diferencia es sustancial para muchos diputados: siguen insistiendo en que el gobierno no está convencido de la necesidad de aprobar las leyes que pide el padre del joven asesinado, pero prefiere que el Congreso pague el costo político de esa discusión.