Justicia Federal acelera la implementación del nuevo Código Procesal Penal

El presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, mantuvo un encuentro con los jueces de Comodoro Py. "Estamos plenamente de acuerdo en que hay que avanzar", señaló a Ámbito. Concedió que faltan recursos en el Ministerio Público Fiscal pero indicó que será "un aterrizaje suave".

Mariano Llorens coordina con jueces y fiscales la implementación del sistema acusatorio.

Los tribunales federales se preparan para el 11 de agosto, fecha en la cual, de acuerdo a lo establecido por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, comenzará a regir el nuevo Código Procesal Penal.

Este cambio, que implica un viraje hacia el sistema acusatorio que traslada competencias a los fiscales, llevó a que se aceleren reuniones estas semanas para garantizar su correcta implementación. Este miércoles, Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña, y su vice Eduardo Farah mantuvieron una reunión con los jueces federales, que tienen sede en Comodoro Py e investigan los casos más resonantes de la política nacional. Un encuentro que reflejó que los magistrados están alineados para asegurar que el 11 de agosto se baje la bandera de largada del sistema en el que los fiscales promoverán la acción penal y dirigirán de manera exclusiva la investigación contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. También se reemplazarán los expedientes escritos por audiencias orales para agilizar el proceso.

“Estamos coordinando cómo seguimos, los mismos jueces se ofrecieron para reunirnos y estamos plenamente de acuerdo en que estamos en condiciones de afrontar el cambio de Código, incluso los que no pudieron venir”, dijo Llorens a Ámbito. Quienes no pudieron marcar presencia, por distintos motivos, fueron Ariel Lijo, María Servini y Daniel Rafecas.

“No hay objeciones para la puesta en vigencia del sistema acusatorio, desde hace más de diez años está la ley y ahora hay que cumplirla y hacerla cumplir”, agregó Llorens, quien confirmó que en los casi tres meses que restan para la puesta en marcha buscan coordinar recursos y capacitaciones. “El cambio no se da de un día para otro, porque los casos que se judicialicen antes del 11 de agosto se tramitarán con el sistema actual”, expresó Llorens, quien utilizó una metáfora para graficarlo: “Será un aterrizaje suave”.

Quejas por recursos

No obstante, el titular de la Cámara Federal reconoció que faltan recursos para el Ministerio Público, y que están “acompañando” los reclamos de los fiscales para que el Gobierno dote de más recursos materiales y humanos para que estén en condiciones para que el cambio de sistema llegue a buen puerto. “Tienen poco personal, pero hay recursos técnicos para investigar”, expresó. En ese sentido, señaló que hay un trabajo coordinado con el Poder judicial y que utilizarán los mismos cuerpos periciales (forenses, médicos, informáticos, contables, etcétera) que se usan en la actualidad.

Concedió Llorens que hay “recursos mínimos para empezar” y enumeró sala de audiencia, personal capacitado y espacios. De todos modos, puso el foco en los recursos humanos del Poder Judicial, que a su entender es “el más capacitado de todos los estamentos del Estado”. “Conocemos muy bien la carrera, con decenas de años de formación, muchos con posgrados, maestrías y especializaciones, hay una formación continua”, afirmó.

El tiempo de transición en el que primarán los viejos casos le da un lapso adicional a la Justicia para “hacer camino al andar”, como indicó Llorens. “El último cambio del Código Procesal Penal es de 1992, ahora no tenemos objeciones y no podemos escapar a una ley que tiene diez años”, dijo. La ley fue sancionada en 2014 y pasaron tres administraciones sin poder implementarla: los años finales del gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández.

En ese marco, el próximo lunes está prevista una nueva reunión para redactar el reglamento de las oficinas judiciales de garantía y revisión. Llorens manifestó que la intención es unificar la coordinación.