Además hace falta una ley muy discutida

El gobierno nacional propone traspasar ahora la Policía y la Justicia que prestan servicios en la Capital a Aníbal Ibarra, una transferencia que reclama el jefe de Gobierno, como lo hizo en su momento Fernando de la Rúa, pero siempre con la salvedad de que, de acuerdo con la Constitución, ese pase debería hacerse con la partida presupuestaria correspondiente.

Los aliancistas porteños avalan ahora un proyecto de Domingo Cavallo, quien lo presentó al Congreso cuando era diputado, que contempla transformar ese presupuesto de unos $ 800 millones en un índice de coparticipación, que la Ciudad no recibe, tal como se hizo en Tierra del Fuego.

Para lograr la transferencia, debería antes el Congreso derogar la llamada «ley Cafiero», que impide que la Capital cuente con Justicia y seguridad propias, y luego la Legislatura porteña aceptar ese traspaso. Si hay un acuerdo político, eso podría producirse en horas, pero el problema de Ibarra es más grande: tiene que tener una ley de creación de su propia Policía y, en función de esa norma, aceptar a los federales como agentes de la nueva fuerza porteña. Además, debe tener presupuesto para afrontar la recepción (unos 10 mil agentes de las 53 comisarías capitalinas). Si el gobierno nacional le pasa los fondos, lo hará con el recorte que abarca a todos los empleados públicos, pero, además, le pide un esfuerzo mayor a la Capital, que tiene un leve superávit en sus cuentas. Esas ecuaciones Ibarra las pensaba saldar el año próximo y no ahora, de acuerdo con los planes de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Capital, a cargo del radical Facundo Suárez Lastra.