Los empresarios nucleados en el denominado Grupo de los seis (G-6) cuestionaron el aval del Gobierno nacional a las designaciones de jueces del fuero laboral ante una "escalada" de los bloqueos a plantas, el avance del proyecto de ley del reparto de ganancias a trabajadores y la inminente modificación de la legislación sobre accidentes de trabajo.
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A través de un comunicado con durísimas consideraciones contra el universo sindical, el G-6 se dirige tácitamente a la presidente Cristina de Kirchner para remarcar su descontento con los nombramientos en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ese que allí dormirán, avanzarán o caerán de un plumazo las múltiples causas que se pueden iniciar en relación a los tres temas que hoy más preocupan a los empresarios: bloqueos, reparto de rentabilidades y la ley de ART.
Luego de mencionar a los ejecutivos presentes en la reunión de este jueves, en el segundo párrafo del texto se exige un trato de igualdad ante la Justicia ante un conflicto laboral donde actúen los nuevos magistrados ascendidos, entre ellos, Graciela Lucía Craig, la esposa del diputado Héctor Recalde, principal asesor de la CGT.
"No se trata de cuestionar la formación académica ni la carrera judicial, posiblemente intachable de los magistrados que se promueve", arranca, y continúa: "Se trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente independientes de las partes que eventualmente litiguen. Se trata nada menos que de Jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad".
Para el G-6 el nombramiento de los 11 candidatos propuestos por el Consejo de la Magistratura "parece enrolarse en una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas".
El comunicado sigue con una señal de alerta por los porcentajes de aumentos salariales que ya se deslizaron desde algunos gremios y que los empresarios no están dispuestos a financiar. "No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante expresiones de dirigentes de algunos sectores sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad".
"Nos corresponde, -sigue- como hemos hecho en otras oportunidades, llamar la atención acerca de lo perjudicial que es para superar este clima que nos preocupa, y preocupa a la señora Presidenta, promover a quienes tienen posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputa de intereses".
Por último, el G-6 expresó su preocupación por la falta de confianza en la Justicia que puede despertar si los juicios laborales resultan siempre favorables para los trabajadores. "Nos preocupa que exponentes de posiciones contrapuestas, sean juez y parte en las decisiones finales que, de esta manera -aún en el caso que fuesen justas e irreprochables-quedarán heridas por la duda de la parcialidad, dañando el imprescindible clima de confianza en la Justicia que todos debemos defender".
El documento lleva la firma de los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción (Carmaco), Carlos Wagner, de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Jorge Brito, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.
Además de los camaristas designados, la Comisión de Acuerdos del Senado con mayoría kirchnerista nombró a diez nuevos jueces en el fuero comercial, un juez correccional de la Capital Federal, tres jueces de distritos del interior y una camarista federal en Corrientes.
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