La Ciudad aprobó el financiamiento para la Línea F, el desendeudamiento familiar y avanzó con la ley antitrapitos

La Legislatura porteña dio luz verde al endeudamiento para construir la nueva línea de subte, sancionó el endurecimiento de penas contra cuidacoches ilegales y debate proyectos sobre vapeadores, VTV y alivio para familias endeudadas.

La Legislatura porteña sesiona con proyectos sobre transporte, espacio público, vapeadores y alivio económico.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves dos de los proyectos más importantes impulsados por el oficialismo: el financiamiento para la construcción de la Línea F del subte y la denominada Ley Antitrapitos. La sesión también incluye iniciativas vinculadas a la VTV, vapeadores y desendeudamiento familiar.

Uno de los principales expedientes enviados por la gestión de Jorge Macri fue el que autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta u$s1.350 millones para financiar la construcción de la futura Línea F. La iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor y uno en contra.

Durante el debate, el legislador oficialista Waldo Wolff defendió el proyecto y aseguró: "No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras". Además, destacó que se trata de una obra de largo plazo: "Será una obra que llevará más de seis años".

"Las diferencias políticas pueden convivir con los acuerdos, cuando las leyes son buenas para la Ciudad. La Línea F no pertenece a nuestro gobierno ni a nuestro partido, será de todos los porteños", sostuvo.

El recorrido de la Línea F.

Desde la oposición acompañaron la iniciativa, aunque con reparos. La diputada Claudia Neira, de Fuerza por Buenos Aires, señaló que apoyaron el financiamiento porque consideran necesaria la inversión en transporte, pero advirtió que el endeudamiento "compromete el 77% de toda la deuda de la Ciudad" por un total de u$s1.350 millones.

Además, remarcó que el proyecto no contempla el costo de los vagones, estimado entre u$s200 y u$s300 millones adicionales, y cuestionó el contexto fiscal porteño por la caída de la recaudación y de los recursos coparticipables.

Las obras comenzarán en enero de 2027 y representarán la primera ampliación de la red de subtes en 25 años. La Línea F tendrá 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones, conectando el sur y el norte de la Ciudad y permitiendo combinar con todas las líneas actuales de subterráneo, además de los ferrocarriles Roca y San Martín.

La sesión también aprobó la denominada Ley Antitrapitos, una iniciativa impulsada por el oficialismo que incorporó aportes de La Libertad Avanza. El proyecto obtuvo 36 votos a favor y 18 en contra.

La norma endurece las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, el cuidado de autos en la vía pública y la limpieza de parabrisas.

La Legislatura también debate vapeadores, VTV y créditos para cancelar deudas

Entre los proyectos incluidos en el temario figura una iniciativa de la Unión Cívica Radical para regular la comercialización, promoción y uso de vapeadores y productos de nicotina, con el objetivo de restringir su acceso a menores de 18 años.

Por su parte, La Libertad Avanza impulsó una reforma integral del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La propuesta busca desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y establecer que los vehículos particulares realicen la primera revisión a los cinco años del patentamiento.

El proyecto también plantea eliminar el cupo de plantas verificadoras, habilitar nuevos prestadores y modificar el régimen de grabado de autopartes.

Otra de las iniciativas a discutir es la denominada Ley Hojarasca, que propone derogar más de 20 normas consideradas obsoletas o sin aplicación efectiva.

Además, la Legislatura aprobó por amplia mayoría la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, impulsado por Leandro Santoro. La iniciativa prevé líneas de crédito especiales a través del Banco Ciudad para personas con altos niveles de endeudamiento.

El programa contempla préstamos con una tasa nominal anual máxima del 40%, plazos de hasta 36 meses y acceso para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias. Los fondos se transferirán directamente a los acreedores y se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad.