Ahora Tabaré ofrece controles conjuntos

Reinaldo Gargano

Montevideo (ANSA, AFP) - El gobierno de Uruguay ofreció ayer un monitoreo conjunto, con «la más amplia participación de la gente» sobre las plantas de celulosa que se construyen en su país, después de conocerse el fallo del tribunal internacional de La Haya, que rechazó la demanda de la Argentina de que se paralicen las obras.

La administración uruguaya, favorecida por el fallo, ofreció un gesto amistoso a la Argentina al proponer no sólo dicho monitoreo conjunto, sino también «impulsar una legislación común» para la instalación de industrias sobre las riberas del río Uruguay y del Río De la Plata. El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, y el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, Mariano Arana, señalaron que el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es un «rechazo claro y contundente» a la medida cautelar solicitada por la Argentina para paralizar las obras en las plantas.

Al mismo tiempo, los funcionarios uruguayos invitaron a sus compatriotas a no convertir ese fallo internacional «en un acto de triunfalismo», durante una conferencia de prensa conjunta.

Ambos secretarios de Estado exhortaron a «encontrar un camino de entendimiento para actuar en forma conjunta» y propusieron un monitoreo compartido sobre las plantas de celulosa, que generaron la peor crisis diplomática entre ambos países en los últimos tiempos.

Al dar a conocer la posición de su gobierno, Gargano abogó por «la paz», con «arreglos constructivos y pacíficos», pese a catalogar la votación de 14 a 1 de los miembros del tribunal como «un rechazo claro y terminante» a las aspiraciones argentinas.

Arana señaló la necesidad de contar con «la más amplia participación de la gente» en los controles ambientales sobre las plantas de celulosa y subrayó que «compartir con la gente cualquier resolución del gobierno sobre temas ambientales debe ser nuestra norma y nuestra guía».

El ministro de Medio Ambiente afirmó que el gobierno uruguayo «está dispuesto a admitir la participación en la comisión de monitoreo ambiental de delegados de las intendencias (alcaldías), de organizaciones no gubernamentales, de vecinos e incluso de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú», firme opositora a los proyectos.

El canciller adhirió a la remisión de la CIJ de canalizar las controversias en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay y dijo que será ése «el ámbito donde plantearemos la constitución de una comisión técnica de seguimiento y monitoreo de las plantas».

«No estamos para defender empresas, sino para defender el medio ambiente y las condiciones de vida de la gente», sostuvo Arana. El funcionario detalló que, para llevar a cabo los monitoreos ambientales de los emprendimientos, se instalará un laboratorio en Fray Bentos, a 309 kilómetros al noroeste de Montevideo, y se incorporará a 28 técnicos para estas tareas, al tiempo que aseguró que se cuenta con los recursos financieros necesarios.

Legislación común

A su vez, el canciller Gargano confirmó que el gobierno uruguayo impulsará la aprobación de una legislación común con la Argentina para la instalación y el seguimiento de emprendimientos industriales en los compartidos ríos De la Plata y Uruguay.

Consultado con respecto a una eventual decisión de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú para reinstalar los cortes en los puentes internacionales sobre el río Uruguay, Gargano dijo que su gobierno «va a exigir que se cumpla con el derecho internacional y con el artículo 1º del Tratado de Asunción», que establece la libre circulación de bienes y personas.

Consultado sobre la eventualidad de que se retomen desde la Argentina los cortes de ruta sobre los puentes fronterizos, afirmó que Uruguay «exigirá que se cumpla el derecho internacional, empezando por el artículo 1º del Tratado de Asunción, que establece la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, entre los que están las personas y los vehículos».