Esta semana no habrá debates en el Congreso sobreleyes para establecer penasmás duras. Senadores y diputados comenzarán a analizar en comisión las iniciativas que fueron sancionadas la semana pasada y, al mismo tiempo, esperarán alguna señal del gobierno sobre la línea por seguir. En Diputados se confirmó la presencia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por primera vez, desde que asumió el cargo, brindará el informe que marca la Constitución en el recinto. Y si bien no existe agenda armada para una visita de Gustavo Béliz, como piden los legisladores de todos los partidos, Fernández deberá cumplir ese rol y contestar sobre el proyecto de seguridad que se elabora en el nivel nacional.
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Los senadores peronistas tienen decidido esperar al menos una semana para continuar sancionando las leyes del paquete de seguridad que se aceleró después de la convocatoria de Juan Carlos Blumberg.
El nuevo razonamiento que utilizan para postergar las votaciones es lógico: «Si el gobierno está analizando un plan integral de seguridad, lo más útil sería que lo conozcamos y luego poder hacer por ley las modificaciones que hagan falta en la legislación. De lo contrario, estamos votando normas que no sabemos si son funcionales a los planes del Ejecutivo», resumieron en el bloque PJ.
Como además no existe hoy un diálogo institucional entre la bancada y Néstor Kirchner -sólo Miguel Pichetto tiene llegada en la Casa Rosada-, no existe en el Senado ni el más mínimo indicio de los planes que analiza el Presidente, ahora más alejado por su convalecencia en Río Gallegos.
Mientras tanto, se pidió apurar los dictámenes de la Comisión de Legislación Penal sobre los temas llegados desde Diputados, pero con suficiente cautela como para no cometer algunos errores que se vieron el miércoles pasado.
Uno de ellos es la modificación a la Ley de Ejecución Penal, una iniciativa del justicialista Carlos Ruckauf que prohíbe la salidas temporales para trabajar de aquellos delincuentes condenados por delitos aberrantes. Y el restante es que aumenta las penas para el delito de portación ilegal de armas. Este proyecto fue aprobado por el Senado pero los diputados lo modificaron, por lo que regresó en revisión a la Cámara alta. Los senadores aún no decidieron si aceptarán la modificación de los diputados, que aumentó la pena mínima del delito para impedir la excarcelación, o insistirán con la redacción original. Pero todo se hará con más lentitud que la semana pasada.
Ponen como ejemplo el proyecto que regula la comercialización de telefonía celular. Allí terminó restringiéndose la venta de tarjetas telefónicas de tal forma que -dicen los senadores-podría cortarse el servicio a un tercio de los actuales usuarios. Reconocen que ese medio puede usarse para que los delincuentes mantengan el anonimato pero, por las dudas, incluyeron al final de la ley un artículo que establece que la norma no entrará en vigencia hasta que el Ejecutivo no proceda a reglamentarla. De esa forma, creen que se podrá negociar a futuro un equilibrio entre el mercado de la telefonía celular y la necesidad de aumentar controles por seguridad.
A diferencia de la semana pasada, los legisladores de ambos cuerpos anticiparon que analizarán «a fondo» los proyectos, por lo que ninguno sería aprobado esta semana.
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