Raúl Alfonsín casi termina plegándose anoche a un «piquete» gremial que montó el sindicato de empleados del Congreso que reclamaba por el despido de 216 agentes transitorios. El senador radical no sólo estaba furioso por la cesantía de su secretaria Margarita Ronco, sino también porque figuraban tres Alfonsín en la lista de bajas que lanzó en la víspera el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda.
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La Asociación del Personal Legislativo (APL) copó ayer el primer piso del palacio para protestar contra la comisión de Reestructuración de la Cámara alta que dictaminó favorablemente a la propuesta confeccionada la semana pasada por el radical jujeño Gerardo Morales y el bussista tucumano Pablo Walter, y que activó indirectamente la eyección de transitorios y contratados. Los gremialistas, encabezados por Ricardo Sablich, estaban furiosos porque no fueron consultados y porque entre los despedidos -aseguran-figuran maestras del jardín de infantes que funciona en anexos del Senado y discapacitados.
Salvo algunas correcciones, la dependencia encargada de realizar el ajuste acordó el «memo» de Morales-Walter (que ayer recibieron cánticos dedicados a sus respectivas madres por parte de los gremios) y acordó bajar en $ 30 millones el presupuesto (de $ 130 millones a $ 100), disminuir las dietas a $ 3.000 y limitar los beneficios en pasajes aéreos de $ 3.000 a los representantes con domicilio a más de 200 kilómetros del Congreso, además de eliminar el bonus de $ 1.200 mensuales que cobraba cada legislador para naftas y mantenimiento de vehículos (los que pertenecen al parque automotor del cuerpo serán subastados).
Asimismo, se reducirán las comisiones parlamentarias de 47 a la mitad y se realizará un censo de personal para cazar «ñoquis». En los próximos días -la reforma debe ser discutida en Asuntos Constitucionales y llegaría al recinto en un par de semanas-, se fijará un mecanismo para que las reuniones de comisión sean abiertas y se puedan vender algunos de los inmuebles del Senado.
Consensuaron estos puntos y el posterior análisis de la situación en la biblioteca y la imprenta del Congreso -sospechados de estar sobredimensionados-los peronistas María Perceval (Mendoza), Jorge Alperovich (Tucumán) y Nélida Martín (San Juan); los radicales Morales y Miriam Curletti (Chaco); más el representante de los partidos provinciales, Walter.
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