Anunciaron fuerte plan contra inseguridad en Capital

Se comenzó a implementar anoche, con operativos sorpresa en cincuenta puntos de la Ciudad y con un refuerzo del operativo cerrojo en la avenida General Paz. Contempla un paquete de 40 medidas cuyo eje es la masiva presencia de efectivos en la calle. Mil policías serán desafectados de la custodia de políticos, funcionarios y jueces, y volverán a las calles a patrullar. Se liberará a las comisarías de realizar actas de choques o de extravíos; ese trabajo administrativo lo harán ahora los centros de gestión porteño. No se podrá vender alcohol en quioscos ni en maxiquioscos durante la noche (desde las 22 hasta las 6 de la mañana). Se creará un cuerpo especial para combatir a los barras bravas. Se duplicarán las brigadas de investigaciones. La Policía recupera así muchas de las facultades que le habían sido retiradas por el Código de Convivencia. También se pone en marcha una profunda reforma en el funcionamiento de la Policía Federal. De ahora en más, se cuadruplicará el presupuesto de las comisarías, pero cada dos meses éstas deberán presentar un balance público de ingresos y egresos. Paradoja: el plan que presentó ayer el ministro Gustavo Béliz choca en muchos aspectos con las posturas del designado penalista Eugenio Zaffaroni. Tiene, además, poca relación con la orientación legislativa del grupo de Aníbal Ibarra.

Ambicioso y serio. Así puede definirse el plan para combatir la delincuencia que ayer presentó ante unos 300 jefes de la Policía Federal el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz. Se trata de una respuesta al creciente descontento de una población que se ve acorralada por la delincuencia y presa de los robos y secuestros que azota a todo el sector metropolitano, integrado por la Capital Federal y el conurbano bonaerense donde viven 13 millones de personas.

Es cierto que se está en plena campaña electoral, pero a diferencias de endebles proyectos presentados anterior-mente con el pomposo título de «plan de seguridad», el programa de seguridad delineado ayer contiene la matriz de un esquema que apunta a combatir el delito.

Tiene, además, la particularidad de devolver a la Policía ciertas facultades que les habían sido censuradas por la imposición del Código de Convivencia, en cuya autoría participó Eugenio Zaffaroni.

A partir de la implementación de este plan, los efectivos policiales podrán volver a inspeccionar comercios, realizar operativos en locales bailables (la seguridad en esos lugares no quedará en manos de los patovicas); producir la detención de personas en estado de ebriedad; hacer cumplir la «ley seca» y lo más importante, desligarse de las tareas administrativas que los tenían como redactores de actas de choques y denuncias sobre extravíos. Un verdadero despropósito.

• Presencia masiva

Son 40 medidas con las que se pretenden bajar los altos índices delictivos (que en una década llegó a 300%) y cuyo eje es una masiva presencia de efectivos en las calles de Buenos Aires y la modificación de las estructuras de la Policía para evitar hechos de corrupción en su seno. El nuevo esquema de lucha para combatir la delincuencia comprende:

• el regreso a las calles de 1.000 policías, que dejarán de formar parte de las custodias de funcionarios, políticos, jueces y centros (actualmente hay más de 2.500 afectados a esta actividad) fijos que serán destinados a patrullar. Anoche ya habían comenzado los operativos sorpresa en 50 puntos de la Ciudad y se iban a intensificar los operativos en la General Paz;
 
• todas las tareas administrativas realizadas actualmente por personal policial en las comisarías pasarán a ser cumplidas por personal administrativo. Los certificados de domicilio y trámites por choques vehiculares serán transferidos a los Centros de Gestión y Participación porteños;
  
• los 500 cadetes egresados en la próxima promoción tendrán inmediato destino en las comisarías de la Ciudad;
  
• se crea una unidad especial de inteligencia criminal, con entrenamiento y despliegue en materia de seguridad en espectáculos deportivos. Algunos ayer definieron a esta unidad como «los antibarras bravas». También habrá un actualización permanente del «banco de datos sobre barras bravas»;
  
• duplicarán las brigadas de investigaciones, con un área específica de lucha contra el narcotráfico de base territorial y se extenderá a la Ciudad la legislación contra los desarmaderos de autos y las ventas de repuestos usados que rige en la provincia de Buenos Aires;
  
• en los próximos 30 días cada jefe de región deberá presentar públicamente «mapas del delito», uno « estadístico», otro « de rendimiento judicial» para saber en qué situación penal se encuentran los autores de delitos, y una encuesta permanente de hogares en materia de seguridad en la Ciudad;
  
• se cuadruplica el presupuesto de las 53 comisarías de Buenos Aires, con la obligación de publicar balances mensuales de gastos, a los que tendrá acceso la población;
  
• la implementación de la «ley seca» entre las 22 y las 6 del día siguiente, con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública en el ámbito de la capital tanto para mayores y menores. No está claro cómo se aplicará el control en los quioscos y superquioscos, pero ayer fuentes policiales dejaron trascender que su cumplimiento volverá a la fuerza de seguridad y no quedará en manos de los escasos inspectores de comercio que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
  
• también se pondrá en marcha un «programa de reforzamiento de la asistencia social para oficiales caídos o heridos con grado de invalidez, en el cumplimiento del deber», por el cual por cada policía que caiga muerto o herido de gravedad en enfrentamientos, el gobierno se compromete a tomar a un familiar suyo como empleado del cuerpo policial o en otra dependencia estatal. Incluso, Béliz prometió el lanzamiento de una línea de créditos para la compra de viviendas, destinado a los oficiales de la Policía Federal que viven en la provincia. Esto es esencial. La mayoría de las comisarías cumple funciones de «dormitorio». Esto porque muchos efectivos luego cumplir horas adicionales prefieren « alojarse» en estas dependencias antes de viajar a la provincia y regresar a las dos horas a cumplir con el servicio.

Aunque sagaz el plan puede frustrarse si -como dijo el jefe de la Policía Federal, comisario general Roberto Giacomino- la Policía no está acompañada por la Justicia para poder realizar su tarea.

Giacomino fue contundente y muy crítico con la celeridad con la que delincuentes recuperan la libertad: «Vamos a hacer un seguimiento de qué fue lo que ocurrió con cada causa».