Apuran derogación de las leyes secretas

Este diario adelantó en la edición del 23 de mayo de 2003 que Eduardo Duhalde había aumentado los fondos de la SIDE dejándole a su sucesor Néstor Kirchner todo el dinero del ejercicio. En la edición del 30 de diciembre pasado, se informó de los pases de fondos que hizo la SIDE para mejorar los salarios de los espías.

Que los gobiernos apelen a sobrealimentar las arcas de la SIDE con fondos que luego tienen destinos insondables no es novedad. Es una práctica que existe desde mucho antes del regreso a la democracia y que luego convalidaron, en mayor o menor medida, todos los gobiernos electos. Prueba de eso es que el desvío de casi $ 112 millones por dos decretos secretos firmados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner en el año 2003, desempolvado por el diario «Clarín» ayer con demora era un hecho más que conocido. Este diario lo relató con lujo de detalles el 23 de mayo de 2003 y abundó aun más en esas prácticas el 30 de diciembre de 2004. Lo conoce ahora «Clarín» por haber sido informado casi públicamente por el propio Poder Ejecutivo a la Justicia en la causa donde se investiga el destino de los fondos reservados.

Los contribuyentes financian con sus impuestos estas reasignaciones de partidas presupuestarias o excedentes a destinos insospechados -se acusa en este caso que fue la campaña presidencial-, pero el problema no es sólo la conducta de los gobernantes que firman los decretos, sino todo un sistema legal que les permite hacerlo. No sería un delito otorgar fondos a la Secretaría de Inteligencia del Estado para que ésta no rinda cuentas del uso que les dio. Lo punible sería que algún juez pudiera comprobar que por esa vía se dio un destino delictual a la partida, tema que investiga la Justicia.

El sistema permite en la Argentina que nadie -ni siquiera el Congreso en su totalidad- pueda tener información sobre el contenido de los conocidos como «Decretos S». Tienen una ley nacida en la dictadura de Juan Carlos Onganía y luego ratificada en democraciaque les da sustento justificando su necesidad estratégica o de defensa nacional. Por eso la Justicia los conoce recién cuando el propio poder político reconoce su existencia. Ocurrió con el caso de la venta de armas y también sucedió hace casi dos años cuando este diario dio cuenta de la información, a la que accedió por una análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2003. Esas decisiones no se publican en el Boletín Oficial y si bien es cierto que debe notificarse en secreto a una comisión especial del Congreso, esta práctica nunca se llevó a cabo. Tampoco se conoce la existencia de leyes secretas, menos habituales en los últimos tiempos, que se han votado con las cámaras constituidas en sesión secreta. Por esa vía, por ejemplo, se modificó en dos ocasiones la ley que regula los gastos reservados. (Fue bajo la administración de Raúl Alfonsín.)

Estos decretos pueden versar o no sobre distribución de fondos, decidir la contratación de personal estratégico u otorgar fondos reservados a los organismos que, también por ley, están autorizados a recibirlos, aunque históricamente han gozado del placer de los gastos reservados muchos más funcionarios de los legalmente habilitados.

• Centro de atención

Con un Congreso prácticamente cerrado -sin temas para debatir en estos días de sesiones extraordinarias-, el uso de los fondos reservados y los decretos secretos pasará desde esta semana a ocupar casi todo el trabajo de la oposición.

La bandera la lleva el ARI en este tema, que viene presentando denuncias, incluso por el caso puntual de los dos decretos de la SIDE. Pero el radicalismo ya planteó reflotar un proyecto propio -en el que había trabajado su jefe, Horacio Pernasetti- para modificar todo el sistema de asignación de fondos secretos.

Pero no será la única cuestión. Los superpoderes otorgados por el Congreso al Poder Ejecutivo dentro de la Ley de Presupuesto Nacional son los primos hermanos de estas normas cuestionadas. A la luz de esas facultades se permite modificar partidas -y hasta el Presupuesto en su totalidadsin comunicarlo al Poder Legislativo. Y si bien esas resoluciones de la Jefatura de Gabinete sí se publican en el Boletín Oficial, sólo la tardía rendición de cuentas que el gobierno debe presentar cada año puede demostrar qué se hizo con esos fondos. Esta vez la investigación de radicales y aristas del Congreso recaerá sobre los dos últimos días de 2004, cuando, juran, el Ministerio de Economía tuvo una inusual actividad para redistribuir partidas que no se habían utilizado hacia otros destinos, comprometiéndolos para obras futuras sin plazo de iniciación. Todo en uso de los famosos superpoderes. Vale recordar que los fondos no utilizados durante un período fiscal vuelven al Tesoro y se pierde la asignación que les fue otorgada en la Ley de Presupuesto. De ahí el apuro en utilizarlos o reasignarlos al no haber sido ejecutados.

• Sistema

El segundo punto que desvelaal Congreso -aunque no tiene poder hoy la oposición para modificarlo- es el sistema mismo de asignación de fondos, a la SIDE en especial, pero en general a cualquier tipo de organismo que puede recibir gastos reservados. Y el sistema de decretos secretos que impiden conocer todo el movimiento de fondos. Son dos realidades distintas, pero igualmente «macabras» desde el punto de vista contable: una cosa es consagrar gastos como reservados, incluidos dentro del Presupuesto, pero con autorización para no dar cuenta de ellos; y la otra es alimentar esos fondos sin conocer siquiera su existencia. Ambas prácticas son absolutamente legales y no son monopolio del Poder Ejecutivo. A la investigación en marcha sobre el manejo de fondos en los bloques partidarios y su destino a sobresueldos -durante el último período del gobierno de Carlos Menem y el de Fernando de la Rúa- podría sumarse ahora otro pedido de informes sobre el manejo de esa caja de las bancadas en el último año. Por lo menos existe hasta ahora una advertencia: el santiagueño José María Cantos -perdió en la interna con José Figueroa por la candidatura a gobernador en Santiago del Estero- ya adelantó que no quiere dejar su banca sin que antes se rinda cuentas del manejo de fondos especiales en el bloque PJ.