La Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles a las 11 a debatir algunos de los proyectos sobre seguridad que pidió Juan Carlos Blumberg en el petitorio que entregó ayer a Eduardo Camaño, después del acto en la Plaza de los Dos Congresos. Comenzará con tres proyectos de ley que ya están en el tratamiento en las cámaras. Se sancionará un aumento de penas para el caso de robo con portación de armas que lleva la sanción a un rango de 5 años como mínimo y 15 como máximo. Es decir, que la pena para ese delito no será excarcelable. También votará un aumento de penas para la tenencia ilegal simple de armas, llevándolas a 3 años mínimo y 6 años máximo. Estas dos iniciativas tienen despacho de comisión y están listas para ingresar en el recinto. El mismo día se sancionará un proyecto presentado hace 20 días por Carlos Ruckauf por el que se prohíben las salidas anticipadas -bajo cualquier régimen-para quienes cumplen penas de prisión por homicidio agravado, violación y violación seguida de muerte. Anoche se había comenzado en Diputados a preparar los proyectos y se debatía sobre convocar a una reunión de comisión para tratar el proyecto de Ruckauf o llevarlo sobre tablas al recinto.
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Varios de los proyectos de ley que pidió ayer Juan Carlos Blumberg en el listado que leyó en el acto frente al Congreso y luego entregó a Eduardo Camaño ya fueron votados y otros tienen estado parlamentario -es decir, están en tratamiento-. Para el resto, ayer se cerró un compromiso entre los presidentes del bloque peronista, José María Díaz Bancalari, del radical Horacio Pernasetti y Eduardo Camaño para comenzar a introducirlos en la agenda parlamentaria en una serie de sesiones especiales que comenzarán el próximo miércoles a las 11. Pero todos los diputados dejaron en claro que de nada servirá continuar con una política de aumento de penas si no va en paralelo con una reforma judicial y del sistema de seguridad. Blumberg listó en el petitorio entregado ayer la necesidad de aprobar una ley que reprima la portación de armas con pena de prisión no excarcelable. Ese proyecto fue votado por el Senado -estableciendo un rango de 3 a 8 años de prisión-y tiene dictamen también en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, por lo que estaría en condiciones de debatirse en esa cámara inmediatamente.
Se pidió ayer también una ley que obligue a la registración pública de los celulares con datos del titular y la documentación que acredita su identidad y a una nómina de agentes vendedores de aparatos.
En noviembre del año pasado, un proyectosobre el mismo tema, pero con diferente alcance, fue convertido en ley por el Congreso. Presentada por Díaz Bancalari, la iniciativa establece la obligación de prestar asistencia en investigaciones penales a las empresas de telefonía celular y de llevar un registro, pero no incorpora la necesidad de contar con documentación personal de los clientes. En Diputados consideran que puede ser insuficiente, y, por lo tanto, se aceptaría el cambio propuesto en el petitorio. Uno de los proyectos más complejos, incluidoen la lista de Blumberg, es la disminuciónde la edad de imputabilidad, que en la actualidad se mantiene en 18 años. Alberto Pierri, cuando aún era diputado, había presentado una iniciativa que llegó al recinto por la que se reducía ese límite a 14 años. Incluso existieron otros proyectos que la fijaban en 16 años. Pero nunca llegó a tener sanción por la oposición de socialistas, radicales, Elisa Carrió y el propio peronismo. La bonaerense María del Carmen Falbo llevó la voz cantante para resistir la iniciativa de Pierri, con algún apoyo de la propia Hilda Chiche Duhalde.
Nunca tuvo tratamiento una serie de proyectos que establecen el principio de acumulación de penas, para evitar la excarcelación anticipada, tema también pedido por el padre del joven asesinado. Sí fue votado, y ya es ley, el agravamientode penas -en 25%- para el caso de delitos donde el autor sea o haya sido miembro de alguna de las fuerzas de seguridad.
Pero para un importante grupo de diputados el aumento de penas no es la panacea para controlar la delincuencia: «No sólo con leyes vamos a solucionar el problema. Es un engaño hacer creer a la gente que aumentando las penas va a haber menos delitos si no se diseña una política integral de seguridad como política de Estado», decía ayer Pernasetti, jefe de la bancada radical.
Ponen como ejemplo una serie de delitos que tienen penas agravadas y donde la traba pasa hoy por la administración de justicia: «El secuestro seguido de muerte ya tiene pena de reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Es la máxima sanción que existe en la legislación argentina y de casi todo el mundo. El tema es que la ley se aplique, pero no vamos a ir a barbaridades como el planteo de Adrián Menem de hacer una consulta popular para establecer la pena de muerte en esos casos», insistía Pernasetti.
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