"Argentina está aplazada en el ranking de percepción de corrupción"

Desde el 15 de octubre, la organización Transparencia Internacional, que nuclea a Estados de todo el mundo en la lucha contra la corrupción política y crímenes corporativos, tiene nuevas autoridades. Y por primera vez, el cargo es ocupado por una argentina. Se trata de la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, quien con el 62% de los votos se impuso en Berlín frente al anterior titular, el peruano José Ugaz.

Para Ferreira Rubio, su nacionalidad le otorga "una ventaja adicional" a la hora de ocupar el nuevo cargo: "Los que vivimos en países donde la corrupción es sistémica o un problema en serio, conocemos la problemática de cerca. Cuando uno vive en Europa la corrupción es un fenómeno más lejano, sin embargo para nosotros es una experiencia de vida".

Paradojas del destino, la elegida para ocupar la presidencia del organismo encargado de velar por la transparencia de los Estados, mandó a marzo al país en materia de índices de corrupción: "Para ponerlo en una escala escolar, nos sacamos un 3,6. En los últimos años, nunca llegamos al 4".

Periodista: ¿Cuáles serán sus funciones al frente de Transparencia Internacional?

Delia Ferreira Rubio: Mis funciones estarán orientadas a la organización interna de la institución en la lucha contra la corrupción, a través de nuestros capítulos nacionales (organismos a nivel regional), y los que somos miembros individuales.

P.: ¿Cómo se evalúa al país en materia transparencia en los rankings internacionales?

D. F. R.: Estamos aplazados en el ranking de percepción de corrupción. Transparencia Internacional realiza año a año su propio ranking, y en el último índice correspondiente a 2016, Argentina está en treinta y seis puntos, en una escala en donde cien representa a los países percibidos como transparentes y cero a los percibidos como corruptos. Para ponerlo en una escala escolar, nos sacamos un 3,6. En los últimos años, nunca llegamos al 4.

P.: ¿Qué indicadores se utilizan para la elaboración del índice? ¿Cuáles son los países mejor rankeados?
D. F. R.: Se toman resultados de encuestas a nivel mundial sobre expertos, formadores de opinión y académicos respecto a cómo es percibido un país en materia de transparencia o corrupción. Los países escandinavos son los que lideran la tabla. En Latinoamérica, los que están mejor rankeados son Chile y Uruguay

P.: ¿Cuál es su opinión acerca del accionar de la Oficina Anticorrupción?

D. F. R.: El Gobierno ha hecho avances interesantes en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años, mencionaría el Acceso a la Información Pública, que es algo por lo que venimos bregando hace mucho tiempo. También se ha hecho progreso en materia de accesibilidad a las declaraciones juradas de los funcionarios. Pero en nuestra opinión, la OA para ser eficaz en su tarea de control debe ser independiente al Gobierno que tiene que controlar. Eso hace tanto al perfil institucional como a la persona que está al frente de la organización. Una Oficina que depende de un ministro, que depende del jefe de Gabinete, que depende del Presidente de la Nación, no puede controlar a los funcionarios. No es por el nombramiento puntual de Laura Alonso, que obviamente no es una persona independiente en relación al Gobierno, sino que la OA no puede ser una dependencia del Gobierno que tiene que controlar.

P.: Se ha manifestado públicamente en contra de la implementación del voto electrónico, ¿por qué, en su opinión, es mejor la boleta única de papel?

D. F. R.: Soy totalmente contraria a la implementación del voto electrónico, debemos ir hacia la implementación de la boleta única en papel, que es el sistema que utilizan la mayoría de los países del mundo, porque es seguro y garantiza la transparencia electoral, ya que termina con el robo o la falsificación de boletas, y garantiza el secreto del voto y la integridad de los resultados. Poner una máquina entre el elector y su decisión de voto es un problema, porque los sistemas son vulnerables no sólo en Argentina sino en el mundo entero, las elecciones en Estados Unidos y Francia son un ejemplo de esto. La introducción de la máquina genera esa posibilidad de ataque, bien al secreto de voto o a la integridad los resultados.

P.: Luego de las elecciones legislativas el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el Gobierno avanzará en la implementación del voto electrónico. Ahora que está al frente de un organismo internacional, ¿planea encabezar alguna acción para que se revea esta decisión?

D. F. R.: En los diferentes países actuamos a través de los denominados "capítulos" a nivel regional, en el caso de Argentina es Poder Ciudadano, y bajo el nombre de esta organización enviamos una carta a Mauricio Macri y otra a Marcos Peña en el marco de los anuncios de reformas del Estado. Allí solicitamos que la reforma política contemple tres puntos: boleta única de papel, la regulación del financiamiento de la política para transparentar el origen de los fondos, y la eliminación del Ministerio de Interior de cualquier etapa del proceso electoral.

P.: ¿Podría profundizar sobre este último punto?

D. F. R.: El Ministerio del Interior carece de la independencia y neutralidad necesarias para llevar adelante un proceso electoral, porque es parte de uno de los competidores. Se trata de un reclamo que llevamos realizando hace treinta años, en las sucesivas reformas políticas. Necesitamos una autoridad independiente para el manejo de las elecciones, no pueden estar en manos de la autoridad de turno.

P.: ¿Mauricio Macri o Marcos Peña han respondido a las misivas?

D. F. R.: Peña acusó recibo.

P.: En el marco de las reformas también se anunció el Plan de Simplificación del Estado que comprende, entre otros puntos, la implementación de una plataforma de firma electrónica ¿Cree que es posible garantizar la transparencia en este proceso?

D. F. R.: Quisiera ver los detalles sobre cómo lo van a implementar. Una vez un informático me dijo: "La `nube´ es la computadora de alguien más, ¿vos sabés de quién?" Yo no soy una experta en informática pero, cualquier cosa que pueda ser perder el dominio y el uso me parece muy peligroso.

P.: ¿Cuál es su opinión acerca del proceso a través de cual se le quitaron los fueros al diputado Julio de Vido para luego proceder a su encarcelación, estando procesado?

D. F. R.: En Argentina la prisión preventiva existe y hay mucha gente que sin condena está presa, no es un invento nuevo para De Vido, va para todos los ciudadanos por igual. Los fueros no paralizan para nada el proceso, se puede llegar hasta el final del proceso y se puede incluso condenar sin necesidad de que la Cámara desafuere al diputado o senador, los fueres sólo le impiden a los jueces detener, es decir aplicar la privación de libertad. Estamos asistiendo aparentemente al despertar de la Justicia y esto es importante porque, mientras exista impunidad, es decir nadie se haga cargo de las consecuencias de sus actos la corrupción va a seguir. Por eso es necesario poner un límite, aplicar la sanción, y que quienes han estado involucrado en actos de corrupción tengan la penalidad correspondiente y el debido proceso. Pero tenemos que estar atentos: porque la espectacularidad del show de mandar a buscar a una persona cuando el juez sabía que no estaba en ese lugar, sino en el pasillo de su juzgado esperando para presentarse, me parece show para la gente y para los medios. Y con el show solo no alcanza para poner un límite a la impunidad, necesitamos que se lleven adelante los procesos en tiempo oportuno, no que duren veinte años y terminen prescribiendo. Necesitamos que se apliquen las sanciones, y que se apliquen las sanciones a todos los involucrados de la corrupción.

P.: Sobre este último punto, sobre sanciones que pesen sobre todos los involucrados, mencionó el caso Lava Jato.

D. F. R.: En Lava Jato hemos visto cómo tanto empresarios como funcionarios han cumplido su condena y siguen sus procesos. En Argentina la corrupción no es ni ha sido nunca un problema sólo de los funcionarios públicos, que tienen su responsabilidad como tales, sino también, y esto es importante remarcarlo, de quienes pagan la corrupción.