San Juan - El suspendido gobernador Alfredo Avelín tendrá hoy su «día D» cuando la Sala Juzgadora de la Legislatura local dé por terminado el proceso de juicio político en su contra y emita el dictamen que contendría la destitución del mandatario y, posiblemente, sanciones adicionales que podrían llegar a la inhabilitación para ocupar cargos públicos y hasta la futura intervención de la Justicia Penal.
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A pesar de que el oficialismo de Cruzada Renovadora intentó ayer una maniobra desesperada para dilatar el juicio, alegando que no eran suficientes los tiempos para tomar una decisión, hoy por la mañana estará listo el dictamen que definirá el futuro del caudillo radical, cuando la Sala Juzgadora reúna a sus 23 integrantes. Bastará con que 16 de ellos otorguen los dos tercios necesarios -cosa que en la provincia ya descuentan- y Avelín abandonará definitivamente su sillón, para cederle el mandato a Waldino Acosta, el ex vice que hoy preside interinamente el Ejecutivo.
La determinación se tomará en la sesión secreta que comenzará a las 8, en tanto que cerca del mediodía se hará otra en forma pública, dando a conocer el resultado del debate entre los diputados juzgadores. Si no sucede algo extraordinario, Acosta estaría asumiendo como gobernador instantáneamente.
Hasta ayer se recibieron los alegatos de la defensa y la acusación, por lo que los adeptos a Avelín entendían que no había suficiente tiempo para emitir un dictamen, pero esta iniciativa fue rechazada de plano.
Los cargos que deberá enfrentar Avelín son por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fueron presentados oportunamente por la Mesa Intersindical y otros gremios estatales.
La confirmación de dichos cargos derivarán en la destitución de Avelín, que ya se da como algo seguro. En tanto que la expectativa está centrada en la posibilidad de que se complique aun más el panorama del caudillo sanjuanino con una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Al respecto se baraja una sanción por cinco años, que complicaría una futura postulación de Avelín para recuperar su cargo de gobernador, pero de todos modos no hay seguridad sobre si se lo inhabilitará (se negociará en la sesión secreta) y, en tal caso, qué período de tiempo que se le aplicaría.
Otro traspié para Avelín que agravaría seriamente su situación sería si se concreta el agregado de una acusación derivada de la presunción de que haya incurrido en algún ilícito, lo que haría intervenir a la Justicia Penal.
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