Bueno: apuran reconversión de planes sociales en puestos de trabajo formal

Política

El Gobierno espera darles un trabajo a unos 400 mil beneficiarios, que así pasarían a cobrar un salario mínimo.

El Gobierno prepara un esquema de reconversión de los planes sociales a empleo asalariado en los rubros de la construcción, la producción de alimentos, la industria textil, el reciclado y las tareas de cuidado. El proyecto, que contempla el pago de un salario mínimo apuntado a unos 400 mil beneficiarios que en la actualidad cobran la mitad de ese valor incluirá acuerdos con empresas, sindicatos y municipios y será anunciado a principios de marzo, adelantó a este diario el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

La iniciativa cuenta con una primera prueba piloto en marcha en escuelas bonaerenses. Este mes arrancó una capacitación de beneficiarios de planes sociales a cargo del gremio de la construcción (Uocra) para el pintado y refaccionado de escuelas en varias provincias. A los convocados se les pagará el equivalente al salario mínimo, vital y móvil, que en la actualidad asciende a $16.875, y al término de la tarea recibirán una certificación. Durante febrero la cartera de Gobierno avanzará con los entendimientos con otros sectores para poner en marcha el plan a fin de mes o a comienzos del que viene.

“Hay unas 600 mil personas que perciben planes sociales y cobran la mitad de un salario mínimo. Vamos a hacer acuerdos para vincularlos con el trabajo y que los responsables de esos sectores (empresas, municipios o, en algunos casos, el propio Estado) les paguen la otra mitad además de poner los insumos que se necesiten para cada labor”, abundó Arroyo. El ministro explicó que otros detalles del proyecto estarán atados al alcance de las negociaciones que se promoverán con sectores como la Cámara de Comercio, entidades del rubro textil como la Fundación Pro Tejer o la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), entre otros.

La expectativa de máxima del Ejecutivo es la incorporación de la inmensa mayoría de beneficiarios en trabajos asalariados. Sin embargo, los funcionarios a cargo del diseño de la medida admiten que alrededor de un tercio de los perceptores afronta dificultades extremas para su empleabilidad por razones que van desde la edad avanzada, una salud deteriorada o problemas de adicciones. Los otros dos tercios se distribuyen entre quienes cuentan con capacitación y conocimientos suficientes para ser reinsertados en el mundo laboral y los que carecen por completo de esas aptitudes y demandarán su involucramiento en ámbitos educativos como los que existen en los sindicatos.

Entre los rubros que identificó Arroyo para la inserción de los beneficiarios se destaca la construcción, en particular la obra pública de infraestructura. En ese punto será necesario un acuerdo con la cámara empresarial y también con los municipios de despliegue de las obras para repartirse la provisión de insumos y el pago del monto que deberá completar el salario mínimo. Mientras que en la industria textil, el reciclado y las tareas de cuidado se apuntará a personas que ya tuvieron o tienen desempeño en esos rubros.

La mecánica, todavía en estudio, apuntará a que cada beneficiario de un plan social podrá cobrar un salario completo durante el desarrollo de cada proyecto y, una vez finalizada esa tarea, volver a percibir la asignación original hasta el surgimiento de una nueva labor. De todos modos, el objetivo central será propender a la empleabilidad definitiva y a la inclusión del perceptor en el mercado laboral formal.

En Desarrollo Social destacan que la gestión anterior, a cargo de Carolina Stanley, tenía herramientas para la empleabilidad de los beneficiarios de programas sociales como el Plan Empalme, pero que en los hechos había abandonado centenares de talleres disponibles para ese fin. Mientras que en el Ministerio de Trabajo (antes de Producción y Trabajo) sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado advirtieron sobre un progresivo deterioro de todos los planes orientados a ese mismo fin.

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