Búsqueda de un presidente
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•El futuro
Es más factible que Estados Unidos y los organismos internacionales ayuden a hombres de izquierda como Lula o Ciro Gomes en Brasil, si ganan limpiamente con sufragios, que a un mandatario argentino que se imponga con manipulaciones electorales.
•Oposición
Tan adecuada, en cambio, parece esa salida con ley de lemas -por única vezque no debería haber, si se piensa exclusivamente en función del país, otra oposición seria que la del propio duhaldismo que lanzó los decretos actuales. Comprensible en este sector porque con el método propuesto por el senador Oscar Lamberto y apoyado nada menos que por Carlos Reutemann, se arriesga a lo que más teme: que surja un presidente de la Nación que no les asegure protección cuando se aleje del gobierno nacional y eventualmente vuelvan todos al llano político. Se está anteponiendo el interés de un sector al de la Nación.
No es menor este tema que quita el sueño a hombres del gobierno. No sólo están en marcha en la provincia de Buenos Aires tres frentes judiciales (totalmente distintos entre sí) que investigan qué pasó con el desfalco en préstamos sin garantía de 1.200 millones de dólares, incobrables ahora, como ocurrió en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante las gobernaciones del propio Eduardo Duhalde y de su sucesor duhaldista inmediato, Carlos Ruckauf. Están en juego también como acechanza sobre el duhaldismo las impactantes declaraciones de dos funcionarios desde cargos oficiales, Rafael Magnanini y Marcelo Sain, este último en el área de Seguridad bonaerense como para que no se presuma que no sabe lo que dice.
Magnanini y Sain, complementándose, dijeron que la Policía Bonaerense, en buena parte de sus miembros, se dedica a exacciones de dinero (coimas) a bingos, «slots», casinos, prostitución organizada y otras. Del total recaudado se derivaría un monto importante, «el cajón», por mes al famoso aparato bonaerense y se ejecutaría desde hace ya muchos años.
Claro, la recesión agudizó la pobreza -más en el Gran Buenos Aires con tanta concentración de gente-y como derivación también se agudizó la delincuencia a niveles desconocidos en el pasado. Ahí estalló la reacción social y quedó en evidencia este posible accionar político-policial que cuando llegue a los estrados judiciales puede causar estragos.
•Fiscales
No olvidemos que los fiscales de Estado deben investigar bajo pena de «encubrimiento» la posibilidad de delitos públicos si hay evidencias fehacientes y no pueden dejar de serlo declaraciones de funcionarios, uno de ellos nada menos que subsecretario de Seguridad de la misma provincia de Buenos Aires donde estarían ocurriendo estos hechos.
Aparte, no olvidemos que la totalidad de los bloques de la Legislatura de esa provincia de Buenos Aires, con distintos matices, hizo pública hace 12 días la irregularidad durante los períodos Duhalde-Ruckauf que aconteció en el Banco de la Provincia, o sea también denuncia oficial, con la salvedad en este caso de que están eximidos de investigar de oficio los fiscales porque ya hay acción judicial.
Frente a la magnitud y fuentes serias de estas denuncias aparecen casi sin sustento -se basan sólo en «fuentes diplomáticas consultadas», que nunca se identifican-las que efectúa el monopolio «Clarín» sobre cuentas en Suiza del ex presidente Carlos Menem. Cuando menos hay parcialidad y propósito político. «Clarín» que fue beneficiado con 75 millones de dólares por el mismo Banco Provincia, hecho cuestionado por la venta de 18% de un site de Internet en valor que hoy no sería superior a un millón. Y de pesos, no de dólares como se pagaron.
El mismo monopolio acusa a Carlos Menem por una cuenta de 600.000 dólares no declarada a la DGI, cuando el CEO de ese grupo, Héctor Magnetto, fue denunciado por la compra del diario «Página/ 12» en 7 millones de dólares. La denuncia no proviene de la ambigüedad «fuentes diplomáticas», que «Clarín» usa sino de quien fuera director y fundador de «Página/12», el periodista Jorge Lanata. Magnetto ¿declaró esa tenencia a la DGI en su declaración de bienes?. Una cuenta de Menem -tan atacado por temor a que gane una elección si es ésta libre-fue admitida y no corresponde a evasión de «ganancias» porque proviene de una indemnización. Por si fuera poca la campaña de «Clarín» se hace en pos de una solución del duhaldismo que con un seguro de cambio o fideicomiso de deudores, avalados por el Estado nacional, lo salve de su extinción empresaria por su abultada deuda.
No será fácil, entonces, encaminar la mejor solución electoral para el momento que encara el proyecto de ley de Lemas presentado en el Senado con importantes respaldos, inclusive el candidato del gobierno, José de la Sota, y fundamentalmente de un hombre que aun desde sus «no» sigue gravitando fuerte en la política nacional, el santafesino Carlos Reutemann, uno de cuyos hombres de confianza lanzó esta iniciativa.
•Adentro
Pensemos que hasta el díscolo gobernador santacruceño, Néstor Kirchner, y aun el sanluiseño, Adolfo Rodríguez Saá, apoyan porque podrían medir sus votos dentro del PJ -lo ideal para ellos-, aun cuando no estuvieran finalmente entre los dos primeros para ir al ballottage pero ganando presencia con miras a sus aspiraciones futuras.
Los atrae no tener necesidad de ir por «afuera» del justicialismo como inevitablemente sucedería si se insiste en los actuales decretos con trampa de convocatorias a internas del gobierno. Más aún a Carlos Menem, al que realmente heriría tener que «sacar los pies del plato» justicialista. Algo que siempre criticó. A su vez, ir a las «internas» tal como hoy por conveniencia las plantea el gobierno podría ser su inmolación política y a su edad quizá sin recuperación. El duhaldismo lo sabe, confía en el «voto travesti» contra Menem (afiliados y simpatizantes de un partido que diriman la interna de otro).
Si no hubiera «internas», porque el proyecto de ley de lemas obligaría a suprimirlas por superfluas, también se avanzaría en otro plano: dar tiempo para una elección en años futuros con padrones de afiliados de partidos corregidos, transparentes y legítimos en definitiva. Se salvaría, igualmente, la situación de los jueces electorales, aun de los que dicen que pueden disponer de esos padrones de afiliados partidarios cuando es sabido que ningún magistrado electoral puede garantizar la corrección en esos sospechosos listados partidarios. Ni aun lo que estén «informatizados» porque no hay tecnología que por sí sola purifique la carga de información tergiversada.




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