Carlotto pidió que los jueces puedan extraer ADN de forma "coercitiva"

Estela de Carlotto.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participó de la comisión bicameral que analiza la reforma del Código Civil y pidió que se faculte a la Justicia a obtener ADN "de manera coactiva, por intermedio de la fuerza pública" cuando se necesite verificar filiaciones.

Así se pronunció durante la segunda audiencia pública por la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial, adonde concurrieron 50 representantes de diversas organizaciones que hablaron de cuestiones referidas a la propiedad y la comunidad indígena, entre otros temas.

Carlotto pidió a los legisladores revisar el artículo 579, que regula las pruebas genéticas en las acciones de filiación y establece que, si el presunto padre de un niño se niega a someterse al estudio, esta negativa constituye un indicio de su paternidad.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo criticó este artículo por considerar que así "se está determinando la identidad sin certezas, sobre la base de una presunción".

Por ello, la titular de la entidad planteó que "debería facultarse al juez a obtener ADN al renuente de manera coactiva, por intermedio de la fuerza pública", es decir, en los casos en que el presunto progenitor se niegue a realizarse las pruebas genéticas.

Esto, a través de "métodos alternativos a la extracción de sangre", es decir la obtención de muestras a través de prendas de vestir, cepillos de dientes o cabellos, tal como se aplica para los casos de quienes se presume hijos de desaparecidos.

"La identidad es un derecho de jerarquía constitucional previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. No comprendemos qué se pretende proteger al posibilitar la negativa de un análisis de ADN", aseguró Carlotto.

Por otra parte, en cuanto a la regulación de la adopción, la dirigente marcó la necesidad de "priorizar el vínculo biológico", garantizando los mecanismos y plazos para que los familiares de los niños presuntamente abandonados sean localizados, y por otra parte "facilitar el acceso de cualquier persona adoptada a su expediente de adopción sin necesidad de contar con el patrocinio de un abogado".

"Abuelas es una organización de derechos humanos dedicada especialmente a la localización de los niños apropiados durante la dictadura, por eso, ciertos aspectos del Código se relacionan directamente con estos temas", apuntó.

En ese sentido, destacó que el proyecto del nuevo código "regula por primera vez un procedimiento rápido para que los nietos recuperados puedan fácilmente recuperar su apellido legítimo".

Por otra parte, el director nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, destacó la incorporación en el Código Civil de la propiedad comunitaria indígena y sostuvo que esto "viene a completar el proceso que el Estado está llevando adelante para reconocer lo derechos de los pueblos originarios".

Fernández aseguró que el nuevo código "tiene una mirada multicultural" e "incorpora elementos novedosos", al tiempo que señaló que permite "avanzar en un camino progresivo de reconocimiento del derecho indígena".

En tanto, María Gauna, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, señaló que "hasta ahora el código no contemplo el hecho de que hoy el 13 por ciento del campo está en manos de campesinos indígenas" y cuestionó que el proyecto de reforma establezca la necesidad de tener el títulos de la tierra para poseerla.

"Planteamos que la posesión siga siendo como es hoy, que las acciones posesorias surgen del mismo hecho de poseer, porque la mayoría de las familias indígenas que son pequeñas productoras no tienen los títulos", agregó Geuna.

Además, propuso discutir "la distribución de la tierra" y consideró que "la propiedad privada debe estar sometida a obligaciones concretas referidas al bien común" y que debe establecerse "la función social de la tierra como límite a la propiedad".

A su turno, María Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, consideró que el nuevo Código debe incorporar "la función social de la propiedad", como "principio básico de la relación entre privados".

Entre sus propuestas al proyecto, señaló que se deben "reconocer los derechos de los que tienen una posesión informal", como los habitantes de villas y asentamientos humildes, para que puedan contar con servicios de "agua, saneamiento y recolección de residuos".

También participaron por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Di Castelnovo; Carlos Andreucci, por Martilleros y Corredores de Río Negro.