Castigo para los que cambien de bando

Tras el escándalo desatado por el trasvasado Eduardo Lorenzo Borocotó, se presentó ayer en el Senado un proyecto de ley que busca sancionar con inhabilitaciones de cuatro a diez años y multas que van de los $ 4 mil a los $ 50 mil a los políticos que una vez electos o estando ya en funciones cambien de partido político. El proyecto, que lleva la firma de los senadores Eduardo Menem y Rubén Marín, apunta en realidad a castigar a los legisladores que, afiliados al PJ, pasarán a partir del próximo 10 de diciembre a integrar las filas del oficialista Frente para la Victoria. Ayer también se supo que la jueza electoral María Servini de Cubría podría denegar a Borocotó su diploma de diputado.

Aprovechando el revuelo político armado por el tránsfuga Eduardo Lorenzo Borocotó, los senadores Eduardo Menem y Rubén Marín presentaron ayer un proyecto que busca sancionar a los legisladores que cambien de partido una vez electos.
Teniendo en cuenta que el hermano del ex presidente riojano finaliza el próximo 10 de diciembre una carrera de 22 años de senador, el dardo no apunta sólo al médico-diputado, sino también a los legisladores del PJ que cuando asuman en el Congreso nacional lo harán por el oficialista Frente para la Victoria, todo un regalo de despedida de Menem, después de la tumultuosa relación que mantuvo en su Senado con Cristina Kirchner en los últimos años.

• Estafa política

«El transfuguismo político supone una estafa política que afecta directamente al sistema en su conjunto», afirma en sus fundamentos el proyecto de ley.

El proyecto, que ingresó en la Cámara alta, busca castigar con una multa de cinco a cincuenta mil pesos e inhabilitación especial de cuatro a diez años al legislador electo o en funciones que se integre a un bloque político de un partido distinto del que correspondió su candidatura. La propuesta modifica el artículo 3 bis de la Ley de Etica Pública e incluye en su texto la prohibición de afiliarse, adherir públicamente o integrar un bloque político distinto del que correspondió la candidatura del legislador.
Es en este punto donde el kirchnerismo podría verse más afectado, ya que hay muchos legisladores electos del FpV, como Alberto Balestrini, José Pampuro, Carlos Kunkel, Mariano West y Cristina Alvarez Rodríguez, todos afiliados al partido justicialista.

De aprobarse la norma -que deberá tratar la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Kirchner-, ningún senador o diputado nacional podrá cambiar de bancada o de sector político una vez electo. El proyecto establece, además, una multa económica y una inhabilitaciónque se aplicará luego de concluido el mandato del diputado que modifique su postura política.

«Los legisladores electos o en funciones, mientras dure su mandato constitucional, deberán abstenerse de afiliarse, adherir públicamente o integrar un bloque político de un partido político distinto del que correspondió su candidatura», expresa el proyecto. En los fundamentos del proyecto se califica al transfuguismo político como una forma de corrupción consistente en una estafa política que afecta directamente al sistema democrático en su conjunto, en cuanto falsea la representación política.

Se expresa también que el pase de políticos de un partido a otro implica una verdadera defraudación al electorado que elige una lista de un partido político para que luego los legisladores pasen a representar otra agrupación distinta.

En otra reacción inédita provocada por el pase de Borocotó, el Senado provincial de Mendoza emitió por unanimidad la Resolución 643 que le pide a la Cámara de Diputados de la Nación que le impida a Borocotó asumir como diputado el próximo 10 de diciembre. El documento está firmado por el presidente provisional del senado mendocino, Mauricio Suárez, pero surgió por la iniciativa de un radical, el senador Angel Volpe.

• Respaldo

El documento recibido ayer en Diputados pide que no se le tome juramento a Borocotó y está respaldado por los tres bloques que integran la Cámara alta provincial: PJ, UCR y Partido Demócrata.

El diputado macrista Federico Pinedo denunciaba ayer a este diario que el gobierno nacional instrumentó el miércoles una campaña mediática que tuvo su eje en el discurso de Néstor Kirchner defendiendo al tránsfuga y en la presencia de Borocotó en un canal de televisión esgrimiendo su defensa. «Buscan presionar al fiscal y a la jueza electoral», disparó Pinedo en su despacho.