24 de noviembre 2020 - 00:00

Jueza Arbilla, denunciada y recusada como partícipe de un escándalo judicial en Chubut

Apartamiento. Se señaló pérdida de imparcialidad de Alicia Arbilla.

Apartamiento. Se señaló pérdida de imparcialidad de Alicia Arbilla.

Luego de que Ámbito revelara un cúmulo de irregularidades en torno a un grupo de abogados que habían entablado juicios laborales en la provincia de Chubut, y a través de ellos, habían logrado hacerse de bienes que pertenecían a empresas del Grupo Indalo, ahora la jueza que intervino en el proceso fue denunciada penalmente ante la sospecha de que es partícipe de la maniobra. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Noroeste, Alicia Arbilla, fue además recusada por los abogados de Establecimiento Santa Elena SA ya que en una de sus sentencias intentó descartar que un estudio de abogados liderados por José María Venancio hubiese cometido algún ilícito como los que ya investiga la fiscalía a cargo de María Bottini.

De hecho, la magistrada salió al cruce de los datos publicados por este diario en un insólito descargo subido a You Tube en el que no queda claro por qué autorizó la subasta de bienes -un generador- por un precio irrisorio en el mercado, y que pertenecía a otra firma: Ganadera Santa Elena SRL. Al estar inhibida en el marco del proceso contra Oil Combustibles, debió haber requerido autorización al Tribunal Oral Federal N°3 para avanzar en el decomiso y posterior subasta. No ocurrió.

Aribilla señaló que si hubo irregularidades, fue por la “inacción” de la empresa demandada por los abogados liderados por Venancio. Pero la jueza fue más allá y tildó de “delito de intimidación a un funcionario público” el intento de Ganadera Santa Elena de evitar nuevos embargos de activos a través de una carta documento enviada al juez de Paz que debía autorizarlos. Con el patrocinio de Carlos Beraldi, la denuncia penal ampliada afirma que, a la luz de estas consideraciones que quedaron por escrito, Arbilla tomó partido por los denunciados, lo que obliga a reconsiderar la hipótesis delictiva. Ya no se trataría de una “estafa procesal” encabezada por un abogado, sino que ella misma sería parte de la maniobra, a partir de la actitud que adoptó cuando los hechos adquirieron visibilidad pública. “Ahora la magistrada no puede desconocer que permitió que se subastara un bien por un valor infinitamente menor al que correspondía, y frente a ello, su insólita respuesta es responsabilizar a la propia víctima” de la maniobra orquestada, lo que levanta sospechas en su contra.

La sorpresa es por qué Arbilla consideró un posible delito el envío de una carta documento para evitar que el abogado Venancio avanzara en su intento de “apoderarse” de otros bienes de la empresa. Pero el dato que agrega es significativo: a Arbilla le habían avisado hace meses el envío de esa carta documento por parte de los representantes de Ganadera Santa Elena. Pero al enterarse ahora de la denuncia penal contra Venancio, la jueza ordenó extraer testimonio por el posible delito de intimidación.

La inusual respuesta de Arbilla -que tiene retenidos otros activos de la empresa sin resolver- no fue en el expediente, sino a través de medios locales como Esquel Notas, donde concedió una entrevista.

La denuncia, trajo de la mano también un pedido para que el Consejo de la Magistratura local analice el comportamiento de Arbilla, donde podría caberle una imputación por mal desempeño dentro del régimen sancionatorio de los jueces. Se sugiere, en la presentación ante la fiscalía, que también se deslinden responsabilidades sobre su accionar en sede penal.

Obviamente, y en paralelo a estas presentaciones de la última semana, se requirió su apartamiento formal por pérdida de imparcialidad de todos los expedientes a su cargo, que son tres, inicialmente por demandas laborales que derivaron en un escándalo que sacude a Chubut. Venancio es el presidente del Colegio Público de Abogados local y hasta ahora era el único denunciado por la maniobra de estafa, supuestamente dirigida contra la jueza para hacerse de los bienes. La reacción de la magistrada puso bajo sospecha los motivos por los que ella misma salió en su defensa ante la existencia de una investigación judicial.

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