De la mano de la Corte se reinició el debate por poda a fondos porteños

Política

Gobierno porteño se entusiasma con intervención de jueces tras audiencia de conciliación. Sólo un acuerdo de confidencialidad, hasta ahora. Otra ronda el mes que viene.

Otro tema entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires quedó en manos de la Corte Suprema, donde ayer se celebró una audiencia de conciliación en respuesta a la demanda de Horacio Rodríguez Larreta contra el decreto y la ley que le recortó parte de los fondos que se le transferían a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía. El otro recorrido judicial lo transita la polémica por las clases presenciales, con más tensión en otra arista de la política en los tribunales.

El Gobierno nacional intentó frenar el caso con una presentación, el martes, de la Procuración argumentando que la Ciudad no merece el trato de provincia y por lo tanto no sería competencia de la Corte Suprema el conflicto planteado por los fondos, pero en horas, los jueces rechazaron el planteo de plano, tal como anticipó este diario.

En la audiencia de ayer no participaron los jueces, sino un secretario.

Si la Corte avanza en que entre las partes en discordia se llegue a pactar un monto por la transferencia de la Policía, sería una luz verde para la ley que así lo determinó.

Larreta hizo ante la Corte un planteo de inconstitucionalidad del decreto que recortó los fondos y que después transformó en ley el Congreso. Esa norma, precisamente, disponía que Ciudad y Nación debían reunirse para pulir la cifra. Nación invitó a Larreta, pero el jefe porteño plantó las citas, convencido de que la pelea se tenía que dar en la Corte.

Todo empezó cuando Alberto Fernández decretó, en septiembre pasado, el recorte, considerando que en su momento, cuando era presidente Mauricio Macri, se transfirió la Federal al distrito porteño con un dinero que se convirtió en puntos de coparticipación y resultó excesivo. Para el Gobierno, se calculó de más. A la Ciudad, según los cálculos porteños, la decisión representa una quita de $65 mil millones por año.

Ahora habrá otra audiencia el próximo 12 de mayo y, mientras, se suspendieron los plazos procesales. Los jueces le habían otorgado al Gobierno nacional 60 días hábiles para que presente su argumentación. Empezaron a correr la semana pasada pero ahora quedan en suspenso.

Se acordó ayer, además, “confidencialidad”, es decir que los presentes, no difundan lo que conversan en la Corte.

Por el Gobierno de la Ciudad concurrieron a la audiencia de ayer, el procurador general, Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda, Martín Mura y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Por la Nación, se presentaron tres abogados apoderados del Ministerio de Economía, Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson.

Astarloa se explayó en los argumentos de la presentación que el Gobierno porteño hizo ante la Corte, en un encuentro que comenzó a las 11.10 y se extendió unas dos horas.

La idea de los jueces es que las jurisdicciones acuerden un criterio común para calcular el monto del traspaso de la Policía y un mecanismo de actualización, lo cual de avanzar estaría en sintonía con la ley en cuestión.

“La Corte será el ámbito de la discusión, los jueces buscan generar un clima de diálogo”, explicaron desde la Ciudad.

Desde el Gobierno nacional se explicó que “se invita al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a deponer su actual postura, de modo de avenirse al diálogo en los términos que impone la Ley 27606 y propicia la Corte Suprema de Justicia”, aludiendo a la norma que dispone la quita.

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