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«La Nación».
« Clarín».
Fiel al respaldo que el monopolio da a gestos de Rodolfo Lavagna, el columnista juzga como una « inteligente operación» la acusación del ex ministro hacia los agitadores de la prisión de «Isabelita» Perón como una «revancha de los montoneros que Perón echó de la Plaza». Esa acusación le haría ganar adhesiones a Lavagna en su campaña presidencial por parte de peronistas que entienden que esa investigación de los delitos de la Triple A pueden manchar la radiografía peronista.
Es discutible que haya un beneficio sobre Lavagna o que lo favorezca a Néstor Kirchner este esmeril sobre las leyendas del peronismo, porque lo ayuda a achicar la fuerza del movimiento que lo apoya por conveniencia pero sin convicción. Por caso, Lavagna fue funcionario del gobierno peronista de 1973-76 cuyo actos atentatorios de los derechos humanos es objeto de investigación. ¿
Cuánto tiempo va a pasar para que de los archivos del gobierno de aquella época empiecen a surgir documentos que pueden salpicar a funcionarios de aquellos años, aun cuando Lavagna se desempeñaba en el área de comercio y precios?
No ayuda a la claridad del análisis que intenta Blank remitir, el relato de protagonistas cuya identidad, inexplicablemente, le oculta al lector. Habla de «un hombre clave del actual esquema de poder» que afirma que esta campaña perjudica a Kirchner. También de «un par de protagonistas de las formaciones de aquella época, uno reciclado en la política y el otro en el mundo empresario» que están trabajando en la búsqueda de testimonios que favorezcan la posición de «Isabelita» en este entuerto.
VERBITSKY, HORACIO.
«Página/12».
El columnista dedica el servicio -nunca mejor usado este término- a «marcar» personas en relación con el caso Gerez, identificando a presuntos críticos del gobierno en este affaire que está más oscuro cada día que pasa. No agrega nada porque se va a la banquina con críticas a la «bête noire» de sus columnas, Felipe Solá, de quien acumula desaciertos en éste y otros asuntos de gobierno.
En un recuadro de su panorama, Verbitsky desembarca en otro lado resbaladizo para el Ejecutivo, el pago de una deuda al grupo Greco por la incautación que hizo en los años 70 el gobierno de Jorge Videla. El propósito del columnista es deslizar en cinco oportunidades que la ministra Felisa Miceli se opuso a ese pago, pese a que firmó el envío al Congreso de un pedido de autorización para la emisión de los bonos para pagar esa deuda. Ese pedido fue avalado por toda la línea del ministerio y hasta por Néstor Kirchner, que firmó el mensaje pidiendo esos fondos.
¿Por qué se detuvo el pago? Porque este diario dio la información del trámite antes de que lo votase el Congreso. Si la investigación exclusiva de Ambito Financiero no hubiera publicado los detalles del pago, nunca la ministra se hubiera esforzado por aparecer negando lo que ella misma había firmado antes. Una vez que estalló el escándalo, el gobierno retrocedió por orden del propio Kirchner a quien le habían hecho firmar el proyecto de pago de 332 millones de pesos en bonos. ¿Fue impericia o mala fe? Miceli mandó a hacer un sumario y ahora amenaza, a través de la columna de Verbitsky, con acciones judiciales.
Como ya informó este diario, la ministra responsabilizó del trámite a ex funcionarios de la cartera. Ahora, según este columnista que parece buscar sólo exculpar a la ministra y al Presidente de responsabilidades, el affaire está detrás de una purga de funcionarios de Economía que Miceli heredó de Roberto Lavagna. Menciona, entre otros, al subsecretario de asuntos Legales, Osvaldo Siseles, que se alejó hace varios meses de Economía, mucho antes de que estallara el caso, como uno de los fogoneros de ese pago.
Verbitsky omite que la primicia del caso la dio este diario y direcciona la información para 1) exculpar a Miceli, funcionaria por la que siente especial predilección; ha llegado a halagarla llamándola «Anjelica Huston» por un parecido que cree ver con la célebre protagonista de «El honor de los Prizzi»; 2) hacer oficialismo antilavagnista, porque intenta dejar «pegado» al ex ministro en esto que llama, exagerando las similitudes, «un nuevo caso Meller»; 3) apoyar la posición anti-Greco que encarnó hace 30 años el gobierno de Videla, que le negaba todo derecho al grupo en el momento de incautar sus empresas.
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