Comisiones del Senado iniciaron debate sobre ley del arrepentido

Tanto desde el interbloque de Cambiemos como desde el FpV se resolvió invitar durante la primera jornada a funcionarios del Poder Ejecutivo, entre los que se cuentan a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Senado comenzó a discutir hoy los proyectos de ley del arrepentido para los casos de corrupción y de recuperación de bienes de procedencia ilícita con la presencia de funcionarios nacionales que reclamaron su sanción, mientras que PJ-FPV advirtió que quiere un "debate en profundidad" y no apurar su aprobación.

A la primera jornada de debate en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico concurrieron los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Los funcionarios fueron acompañados por Paula Bertol, secretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete.

Garavano defendió el proyecto que plantea la ampliación de la figura del arrepentido a los casos de corrupción (dado que está vigente para delitos como narcotráfico y trata de personas) al señalar que "se plantea como colaboración, no en términos morales" y que "ya se utiliza mucho en toda la región".

No obstante, el ministro indicó que "no hay herramientas mágicas" y que hasta el momento "la figura del arrepentido está prevista para los casos de narcotráfico y lavado y se utilizó muy poco", con lo cual supeditó la efectividad de esa figura en las causas por corrupción al accionar de la Justicia.

A su turno, Alonso indicó que el proyecto apunta a "acortar los procesos" en casos de corrupción, tras mencionar que esas causas suelen demorar 20 años y subrayó además que "se necesitan figuras que acerquen información útil y comprobable, donde los falsos denunciadores sean castigados".

Por su parte, Bullrich se abocó específicamente a defender la iniciativa que plantea la recuperación para el Estado de los bienes provenientes de actividades ilegales, también llamado "extinción de dominio".

La ministra subrayó que el proyecto apunta a que el fiscal a cargo de la investigación busque "establecer la sospecha sobre el origen de los bienes" mientras que "lo que tiene que hacer la persona es explicar de dónde los sacó, demostrar que son lícitos".

La funcionaria destacó esta figura penal como una herramienta importante para combatir al narcotráfico, dado que el dinero proveniente de esa actividad suele ser lavado mediante, por ejemplo, la compra de bienes inmuebles registrados.

En este sentido, indicó que según los datos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), "en los últimos cinco años se han detectado lavado del narcotráfico por al menos 4 mil millones de pesos" y agregó: "1.146 millones de dólares es el mercado ilegal de plata que mueve el narcotráfico en nuestro país".

Sin embargo, de los dos proyectos en debate, el de extinción de dominio es el más controvertido y los senadores del bloque PJ-FPV quieren introducir cambios, lo cual obligaría a devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados.

"La posición de nuestro bloque es afrontar este debate de forma seria. No vamos a sacar esta ley en 48 horas como pasó en Diputados. Queremos un debate en profundidad, con juristas, con las universidades más importantes en materia de Derecho", señaló el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto.

El debate se centra en cuestiones estrictamente legales: tal como está, el proyecto plantea que la Justicia civil puede establecer el decomiso de bienes de una persona imputada en el marco de un proceso penal antes de que se expida ese fuero.

El PJ-FPV plantea que la figura de la extinción de dominio debe ser utilizada en el marco de un proceso penal y "existiendo semiplena prueba" o que la causa esté lo suficientemente avanzada, pues de los contrario la ley podría ser declarada inconstitucional.

"Tendríamos que debatir mucho en qué tramos del proceso penal" se aplicaría esa figura, indicó el salteño Rodolfo Urtubey (PJ- FPV), quien también señaló que debe haber "garantías para probar la vinculación del bien con el delito".

Pichetto, en tanto, agregó "las dos figuras tienen que ser en el sistema acusatorio" contemplado en el nuevo Código Procesal Penal, pese a que su aplicación todavía está en suspenso y será gradual, al tiempo que pidió que esas dos herramientas "ayuden a la investigación y no sirvan para vender humo, para instalar acusaciones mediáticas".

"Queremos darle definiciones claras" a las dos leyes, concluyó Pichetto, quien en esta ocasión cuenta con el acompañamiento de toda la bancada, incluido el sector kirchnerista duro, que suele diferenciarse.