CONARE recomendó otorgar refugio político a chileno Apablaza
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Sergio Apablaza Guerra.
Hasta el momento, y en medio de las presiones del país vecino, la presidenta Cristina Kirchner había pedido esperar la resolución de la CONARE, la misma explicación que había llevado a Santiago de Chile para su reunión con Piñera.
En aquel encuentro, el mandatario le reclamó personalmente a la jefa de Estado argentina que otorgue la extradición para que sea la justicia chilena la que juzgue su participación en los hechos de los que se lo acusan.
Ahora, la decisión del organismo -demorada por los últimos cinco años- ubica a la Casa Rosada en una situación diplomática delicada con el gobierno chileno y, además, marca una nueva diferencia del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, que semanas atrás había avalado la extradición.
Sin embargo, la decisión de la CONARE va en línea con el reclamo de organismos de derechos humanos en la Argentina, que desde hace semanas vienen exigiendo que se otorgue el asilo por considerarlo un "perseguido político".
Antes de enterarse de la determinación de la CONARE, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que negar la extradición sería "una mala noticia", porque Chile reúne condiciones "de sobra" para garantizar un juicio justo.
"Sería lamentable que se tomara la decisión de no extraditar a Apablaza, cuando los tribunales competentes y las más altas autoridades jurisdiccionales de Chile y Argentina han declarado que procede la extradición", advirtió el magistrado en declaraciones a la prensa local.
Asimismo, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, sostuvo que "una respuesta negativa a la extradición atentará contra las relaciones que tenemos con Argentina por cuanto significaría un desconocimiento del funcionamiento pleno del Estado de Derecho en Chile".
La CONARE se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior y está integrado por representantes de la Cancillería, de los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social y del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), mientras que participan con voz y sin voto un representante de la sociedad civil y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).




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