Congreso contra Lavagna: frena cambio en impuestos

Dos proyectos clave para el gobierno están a punto de naufragar en la Cámara de Diputados. Legisladores de todos los partidos, incluido el propio peronismo, se niegan a sancionar la ley de promoción de inversiones en bienes de capital destinados a obras de infraestructura. Consideran que no tiene aplicación más que para dos empresas, y por eso está congelada en las comisiones. Roberto Lavagna envió este proyecto al Congreso y desde ese momento no tuvo avances. Tampoco quieren aprobar una eliminación de exenciones al IVA que al mismo tiempo le daría poderes al gobierno para reponerlas. Lo peor es que ni siquiera el Ministerio de Economía puede precisar a quién se le quitarán esos beneficios.

Horacio Pernasetti

El gobierno se encamina a enfrentar el primer fracasoen conseguir la aprobación de leyes clave en el Congreso. Es el destino que parecen tener dos proyectos que Roberto Lavagna le pidió a Diputados: el plan para incentivar inversiones a través de la devolución anticipada de IVA -casi imprescindible para avanzar con la construcción del nuevo gasoducto en sociedad con privados-y el proyecto que elimina exenciones a ese mismo impuesto facultando al gobierno luego a restablecer las que considere convenientes. Ambos mensajes del Ejecutivo están frenados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sin pronóstico de éxito inmediato y con fuertes críticas, incluso del propio peronismo que se niega a avanzar en la sanción.

Hace una semana los diputados se dieron por vencidos en su intento de conocer cuáles eran las exenciones al IVA que el gobierno propiciaba eliminar. El proyecto elaborado por Lavagna no avanza sobre la derogación de ninguna de las exenciones contenidas en la propia ley de IVA, sino en todas las que se fueron incorporando a través de otras normas para distintas actividades que se consideraba necesario promover. Así, la idea publicitada por Economía consistía en eliminar toda esa lista para luego realizar una suerte de reempadronamiento de esos beneficios. El problema para el Congreso es que esa última tarea quedaba a cargo del Ejecutivo con amplias facultades para devolver la exención a quien creyera conveniente.

• Pedido

Los diputados pidieron el listado completo de leyes a derogar en varias ocasiones. Se negaban a sancionar una norma genérica sin saber a quién estaban afectando y mucho menos dar facultades especiales al Ejecutivo para decidir a qué sector se le devolvía la exención. En esta posición primero se anotaron los radicales, con Horacio Pernasetti a la cabeza, luego el ARI, la izquierda, los provinciales y finalmente hasta los peronistas y transversales.

El ministerio primero se negó a informar, luego giró a Presupuesto y Hacienda una lista incompleta y finalmente se supo la verdad: es imposible saber hoy con exactitud a quiénes les corresponde no pagar IVA. Es decir, no existe un banco de legislación actualizado sobre el tema como para poder saber hasta dónde se iba a derogar. Un tema casi vergonzoso para un país que no puede delimitar quiénes pagan y quiénes no un tributo.

Sólo por este punto, mas allá de los lobbies que recorrieron los pasillos del Congreso por dos meses, el proyecto se trabó cuando, de todas formas, ya estaba decidido modificar todo por ley sin darle superpoderes al gobierno.

El proyecto para establecer un plan de incentivo a la inversión despertó sospechas desde el primer día.

Diputados de todos los partidos rechazaron la idea de promover obras de infraestructura mediante un plan que consideran «hecho a medida» para una o dos empresas. Era un secreto a voces dentro del Congreso hasta que el dipu-sindical Claudio Lozano lo dijo abiertamente en una reunión de Presupuesto y Hacienda: «Esta ley tiene nombre y apellido».

• Denuncia

El mismo día, Guillermo Alchouron denunció una discriminación al beneficiar solamente a obras de infraestructura y no dar el mismo beneficio para comprar maquinaria al sector agropecuario y a las pymes.

Pasaron las semanas y ese proyecto tampoco avanzaba en comisión. Legisladores de todos los partidos pidieron que funcionarios del Ejecutivo concurrieran a explicar los alcances de un plan que consideran demasiado acotado como para alcanzar a muchas empresas, y cuestionaron directamente que se diera facultad al Ministerio de Economía para decir el cupo de promociones a otorgar y las empresas que podrían recibirlo: «Lavagna no puede decidir cupos», sentenciaron todos los partidos.

La iniciativa contempla un «régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos» destinado a « proyectos de inversión en actividades industriales o la ejecución de obras de infraestructura». Quienes queden alcanzados por la ley accederán a un sistema de « devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión propuesto o, alternativamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los mismos». La idea en sí no es rechazada, pero la implementación que tiene pensada el Ministerio de Economía terminó por congelar el tratamiento hasta ahora.