7 de diciembre 2004 - 00:00

Congreso controlará decretos de Kirchner tras fallo judicial

Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa
Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa
La decisión de la Sala VIII de la Cámara Laboral, declarando inconstitucionalel decreto de necesidad y urgencia que prorrogó en 2002 la doble indemnización -emitido en octubre y adelantado en ese momento por Ambito Financiero-, disparó en el Congreso una alerta por la situación legal de ese tipo de normas. Así como diputados y senadores aceptaron finalmente ratificar dentro del Presupuesto 2005 el decreto 214 de pesificación, ahora tanto el gobierno como los asesores jurídicos del Congreso creen que de funcionar la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los DNU se podrían evitar conflictos como el de la Cámara Laboral.

El peligro no es este caso puntual, sino que a mayor cantidad de DNU firmados
(y este gobierno ya ha roto récords en ese sentido), mayor es la probabilidad de que la Justicia comience a fallar en contra de su constitucionalidad en los casos que afecten a particulares. De todas formas la falla constitucional objetada en el fallo ya fue parcialmente solucionada en ratificar por ley la suspensión de despidos, dentro de la prórroga a la Ley de Emergencia.

• Proceso pendiente

El bloque peronista tiene la intención de avanzar antes de fin de año en la reglamentación de esos decretos-ley. Es un proceso pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que se frenó en cada intento de aprobarlo. Es claro que ningún presidente en su tiempo quiso que le sancionaran un control de sus decretos. Estuvo el peronismo a punto de hacerlo durante la presidencia de Fernando de la Rúa y el acuerdo con los radicales se cayó días antes de la votación.

Ahora, el peronismo tiene listo para llevar al recinto un proyecto inocuo que no perjudica a Néstor Kirchner. Es la versión más «light» que se puede pedir de un control que la Constitución fija como imprescindible: una vez firmado un decreto, este es comunicado al Congreso y las Cámaras deben expedirse. Pero para que este pierda vigencia deben rechazarlo ambas Cámaras. De lo contrario la disposición presidencial quedará vigente.

De todas formas esa iniciativa -muy similar a la que se estuvo a punto de aprobar durante el gobierno de De la Rúa-tiene algunas variantes. La norma establece que ante la firma de cada decreto el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso a explicarlo. Es una incomodidad que ningún ministro quiso aceptar.

Tampoco le gusta al gobierno de Kirchner -y por eso se eliminó del proyecto-la
convocatoria automática a sesiones extraordinarias cada vez que el Presidente firma un decreto de necesidady urgencia, si el Congreso se encuentra en receso. Esta medida más que lógica estaba incorporada al proyecto del justicialismo y está contemplado en todos los dictámenes de la oposición.

José María Díaz Bancalari
ya anunció que tiene la intención de llevarlo al recinto y Eduardo Camaño le tomó la palabra y confirmó que estará en tratamiento dentro de alguna de las dos sesiones que quedan en diciembre.

• Negociado

En realidad, fue uno de los temas que se acordó durante una charla con Néstor Kirchner en su último viaje a Nueva York. Allí junto con Jorge Yoma, Miguel Pichetto y Díaz Bancalari, Kirchner dispuso que Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la Presidencia, se hiciera cargo de la letra fina del proyecto. Y es con quien por estos días negocian los diputados.

El problema es que para conseguir la aprobación es la exigencia constitucional de reunir 129 votos positivos para aprobaruna norma de ese tipo.

El radicalismo, fuerza que podría solucionar este problema, ha dicho claramente que está dispuesto a tratar y votar
«con las dos manos» la reglamentación del uso de los decretos de necesidad y urgencia, pero siempre que se vote el proyecto que hace tres años presentó Cristina Fernández de Kirchner, cuando su marido no ocupaba la Presidencia, una chicana insostenible hoy para el gobierno. En esa iniciativa se establece que una vez emitido un DNU este debe ser tratado por las cámaras. Pero a diferencia del actual proyecto oficialista, el silencio de una de ellas implicaba automáticamente la derogación del decreto. Obviamente nadie en la Casa Rosada quiere oír hablar hoy de ese arrebato democrático de la primera dama en épocas pasadas.

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