Congreso pidió remoción de Branda. Kirchner firma hoy

No fue simple el trámite en el Congreso para recomendar la remoción de Ricardo Branda como vicepresidente segundo del Banco Central, pero tenía final anunciado. Néstor Kirchner pidió la recomendación para hacerlo -como marca la ley-y finalmente la obtuvo. Pero el costo político fue alto. Daniel Scioli tuvo que desempatar entre dos dictámenes: uno avalaba la destitución, el otro defendía sólo una suspensión, como sostuvieron Rubén Marín y Rodolfo Frigeri. Pero en ningún caso quedó absolutamente claro que el procesamiento dictado sobre Branda en el juicio por los supuestos sobornos en el Senado fuera causa suficiente para una remoción. Otros directores del BCRA estuvieron procesados y nunca se habló de destitución, ni tampoco lo contempla la Carta Orgánica. Mediaron entonces diputados y senadores entre la necesidad de Kirchner y el no sentar ese peligroso precedente. Desde ahora, el Presidente está habilitado para firmar el decreto de remoción.

La Comisión Bicameral, que decidió proponer el apartamiento de Ricardo Branda como director del Banco Central, la integraron los diputados Carlos Snopek y Rodolfo Frigeri, el vicepresidente Daniel Scioli y el senador Jorge Capitanich. Actuó también el secretario parlamentario Juan Estrada.

Néstor Kirchner podrá firmar desde hoy el decreto disponiendo la remoción de Ricardo Branda como director y vicepresidente segundo del Banco Central. Ayer, la comisión bicameral especial decidió, con dictámenes divididos, recomendar al Presidente la inconveniencia de que Branda continúe en su cargo por pérdida de confianza o falta de solvencia moral, pero en ningún momento sentaron el precedente de que el procesamiento dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas -en la causa donde se investigan los supuestos sobornos en el Senado en ocasión de la votación de la reforma laboral durante el gobierno de Fernando de la Rúa-sea causa suficiente, ni que ésta esté contemplada en la Carta Orgánica del BCRA, para recomendar la remoción de Branda.

De la reunión de la bicameral -que sesionó en tiempo récord reuniéndose sólo en tres ocasiones, si se lo compara con los meses que demoró el mismo trámite para Pedro Pou-salieron, como era previsible, dos dictámenes. Jorge Capitanich y Carlos Snopek se pronunciaron por recomendar la remoción; Rodolfo Frigeri y Rubén Marín, por la suspensión, al no encontrar argumentos suficientes para aconsejar una salida definitiva de Branda del directorio.

Daniel Scioli debió apelar así a la medida menos simpática, la que menos suele emplear, pero aquella en la que juega su rol de ser gobierno: desempató a favor de la pretensión de Kirchner de contar con el aval del Congreso para destituir a Branda. De no haberlo hecho, hubiera colocado al Presidente en una situación demasiado incómoda al tener que firmar el decreto de remoción en contra de la voluntad del Congreso, que, según dijeron en los últimos días sus ministros, era la última palabra en el tema.

• Demoras

La reunión de la comisión para definir el «consejo» que iban a darle al Presidente debía comenzar ayer a las 19, pero se demoró casi una hora. Ninguno de los cuatro integrantes quería llegar a este final dividido; menos Scioli, que debió tomar la espada para decidir. Pero después de otra hora de deliberaciones tampoco se consiguió la unanimidad: dos votos por la remoción y dos por la suspensión.

En medio de esas divergencias hubo, de todas formas, argumentos coincidentes. Mas allá de lo que pretendieron el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Carlos Manuel Garrido, y el arista Adrián Pérez -ambos pidieron la remoción de Branda sobre la base del procesamiento de Rafecas-, los diputados y senadores no avalaron que el mero proceso del vicepresidente segundo del Central fuera argumento suficiente para recomendar su separación del cargo. No lo contempla la Constitución, ni la Carta Orgánica del BCRA. Muchos directores de esa entidad han estado procesados y nunca se pensó en removerlos; y finalmente se hubiera sentado un peligroso precedente para otros funcionarios. De haber sido así, hasta un proceso penal por intervenir, por ejemplo, en la liquidación de una entidad financiera, hubiera servido de antecedente para remover hasta al propio presidente del BCRA.

Lo entendieron así los legisladores y con esto le hicieron un doble favor a Kirchner: tendrá el aval para firmar el decreto de destitución, pero sin basarse en un argumento más que cuestionable. Se ve clara esta posición en los argumentos de ambas partes:

• En su voto de desempate, Scioli justificó su posición a favor de la remoción: «Advierto que aquella que aconseja la suspensión del funcionario cuestionado no encuentra apoyatura legal en las disposiciones aplicables al caso». Se refería el vicepresidente a un límite claro que tenían Marín y Frigeri en su pedido de sólo suspender a Branda: esa medida no está contemplada en la Carta Orgánica del Central.

Pero también desestima que el procesamiento sea la causal absoluta: «La suerte que puedan correr los procesos judiciales ya iniciados responde a un criterio jurídico penal absolutamente distinto de la responsabilidad política que aquí estamos considerando» y termina: «Aprecio que ambas posiciones coinciden en suponer distinto grado de pérdida de confianza en el funcionario en cuestión». Es la manera en que hizo referencia a la falta de solvencia moral como causal para la remoción.

• En el dictamen sostenido por Marín y Frigeri se aclara que el procesamiento no está contemplado en la Carta Orgánica «como causal de inhabilidad» y luego explica que la falta de solvencia moral no puede comprobarse con un procesamiento que ni siquiera está aún en firme: «Nos parece entonces -dicen-que aparece la remoción como una sanción exagerada... la suspensión es la medida adecuada... apartándolo de sus funciones hasta que se convalide al menos el acto procesal que dio origen al pedido de remoción».