Corte se declaró incompetente en conflicto por papeleras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente hoy en la causa promovida por el gobierno de Entre Ríos ante la Justicia Federal por la construcción de dos fábricas de pasta de papel en la localidad uruguaya de Fray Bentos, limítrofe con esa provincia.

El máximo tribunal decidió remitir el caso nuevamente al juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrilli, quien también se había declarado incompetente en la denuncia formulada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti contra las firmas Botnia (finlandesa) y Ence (española).

Quadrilli había señalado que en el caso es actora una provincia, a través de su gobernador, y que podrían estar afectadas las relaciones con una potencia extranjera, lo que habilita la intervención directa del máximo tribunal de la Nación.

La Corte, en cambio, adhirió a los fundamentos del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien sólo le tomó unas horas dictaminar que en el caso no corresponde la competencia originaria del máximo tribunal.

Los miembros de la Corte decidieron que "por los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación, a cuyos términos cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que la presente causa no es de la competencia originaria de la Corte, por lo que corresponde remitirla en devolución al juzgado de origen".

El expediente había sido enviado ayer a Righi para que el jefe de los fiscales opinara si la Corte tenía "competencia originaria" -como lo sostenía Quadrilli- en el tema suscitado por la supuesta "contaminación ambiental en grado de tentativa", tal como lo denunció Busti.

Aunque la opinión de la Procuración no obliga a la Corte, fue suscripta en todas sus partes por el presidente de la Corte Enrique Petracchi, y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay.

Righi recordó que la competencia originaria de la Corte "se encuentra taxativamente limitada a los supuestos en los que sea parte un agente extranjero que goce de 'status' diplomático".

El Procurador General puntualizó que la imputación está dirigida contra los directivos de ambas empresas y que, de ser cierta la hipótesis de que funcionarios uruguayos podrían resultar imputados, "no se señala que ellos se encuentren desempeñando cargos en nuestro país que imponga la intervención" de la Corte.

"Tampoco -agregó Righi- considero procedente, a los efectos de la competencia originaria, invocar la circunstancia de que la provincia de Entre Ríos se haya constituído en parte querellante en el proceso, pues ello no puede alcanzar para habilitar la intervención de la Corte".

El Procurador General marcó la diferencia entre causas civiles y criminales, ya que la Constitución Nacional impone la jurisdicción de la Corte en las primeras, cuando los estados provinciales son partes.

La instalación de las papeleras originó protestas que, encabezadas por la comunidad de Gualeguaychú, la ciudad argentina más próxima a Fray Bentos, incluyen el bloqueo de los puentes internacionales con Uruguay.