Crece el acoso sindical por elección: paraliza al Estado

Cada día el país sufre más por la imparable conflictividad laboral en el Estado, la que crece a medida que se acercan las elecciones de octubre • Los activistas saben que el gobierno teme las respuestas duras que puedan convertirlos en antipáticos ante el público o ser víctimas de los demagogos • Se aprovechan esos activistas también del espacio que les regala una administración que tiene por política consentir -con el mismo propósito populista y a toda costa- las huelgas, los cortes de calle, las agresiones a los ciudadanos que desean normalidad en sus actividades • Ayer, los empleados del Garrahan, que piden básicos de $ 1.800, lanzaron un nuevo paro • Los empleados del Congreso piden 25% de mejoras sobre salarios ya altos para el promedio de la economía y prometieron que no habrá más sesiones hasta que les concedan lo pedido • Los universitarios, a quienes les habían aumentado la semana anterior, se declararon insatisfechos y van de nuevo al paro • Otra odiosa huelga, la de empleados de Justicia, que paraliza los registros de autos y de reincidencia, detiene miles de trámites en todo el país y sigue sin resolverse • El gobierno, a la retaguardia, pareció amagar ayer alguna reacción: anunció sanciones a los activistas del Garrahan que responden a ATE, la liga sindical que fue hasta hace poco parte del gobierno • También les mandó a decir a los dirigentes del Congreso que si les dan una suba de 25% en los sueldos, provocarán pedidos en cascada de más aumentos de estatales de Nación y provincias • Con la pasión que tiene el gobierno por la firma de decretos, el hecho de que el Congreso no funcione en verdad no se le vuelve dramático.

Sigue la escalada de acciones de los estatales. La semana pasada la Asociación del Personal Legislativo (APL), afiliada a ATE, ocupó el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, impidiendo que se pudiera sesionar con normalidad.

Seguirá hoy el plan de lucha de los empleados del Congreso y con ello la parálisis en el funcionamiento del Parlamento. La decisión la tomaron los empleados después de no haber recibido anoche ninguna comunicación del gobierno sobre el aumento salarial que vienen reclamando.

Aunque tienen aún la esperanza de llegar a un acuerdo mañana a las 11, después de una prometida reunión con Julio Vitobello, subsecretario de Ejecución Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. Será otro hito en la historia de la división de poderes: empleados del Congreso negociando salarios con el PEN. Hasta aquí sería un conflicto más de todos los que por estos días alientan la violencia sociolaboral (ver nota aparte). La diferencia es que al no firmar esa partida extra de $ 25 millones, Alberto Fernández les está negando los fondos a Eduardo Camaño y Daniel Scioli -fueron los que reclamaron esa ampliación del Presupuesto para solventar los aumentos hasta fin de año- y ni siquiera les fija una audiencia para sentarse a discutir el problema.

Néstor Kirchner -más allá del reclamo sindical desaforado de los empleados que llegaron a tomar el recinto de sesiones de Diputados, lo que es un delito claramente tipificado en el Código Penal- está inaugurando, además, una nueva forma de intervención en el Parlamento, sabiendo que el nivel de obediencia de sus legisladores les impedirá votar una reforma presupuestaria para asignarse los fondos, lo que por otra parte sería el procedimiento que habilita la Constitución nacional.

Se cruzan aquí los reclamos sindicales con problemas institucionales graves como es violentar la independencia de poderes. Convalidar un aumento como el que piden los empleados del Congreso -aunque éstos no negocien con el Ejecutivo ya que no son empleados de la administración pública- significa volver a abrir la disputa con Roberto Lavagna por el impacto inflacionario de los incrementos salariales. No es que al Presidente le preocupe demasiado que el Congreso quede sin funcionar a la espera de una resolución del conflicto; el problema es que tiene dos o tres leyes que necesita sancionar y el Presupuesto Nacional que comenzará a tratarse en octubre.

APL y ATE están reclamando 25% de incremento sobre el sueldo básico, más una suma fija de $ 150 y todo retroactivo a junio. No es mayor que los incrementos que se otorgaron en algunos sectores de la administración y más bajo que los jugosos incrementos que recibieron los empleados judiciales, amparados también en la independencia del Poder Judicial y por lo tanto con reglas propias que fija la Corte Suprema.

Los empleados del Congreso ya paralizaron la sesión de la semana pasada y las reuniones de comisión. Ayer, los activistas legislativos y la Asociación de Trabajadores del Estado renovaron la protesta anunciando que frenarán cualquier intento de sesionar. De hecho, anoche algunos senadores habían comenzado a suspender reuniones de comisión sabiendo que sería imposible realizarlas.

• Aristas

La posición del gobierno en este caso tiene aristas interesantes:

• El jefe de Gabinete no tiene ningún argumento político que lo obligue a reasignar alguna partida del Presupuesto 2005 para redireccionarla al Congreso. No es que no pueda hacerlo, ya que los superpoderes del artículo 11 de esa misma ley se lo permiten y, además, ha sido uno de los ejercicios más practicados por el gobierno de Kirchner tanto en 2004 como en 2005, distribuyendo excedentes de recaudación no contemplados a propósito o cambiando destinos de fondos.

Camaño es el enemigo máximo del kirchnerismo en la interna bonaerense. Por lo tanto, ayudarlo enviando los fondos significaría reforzar su posición en la Cámara.

• Por eso los sindicalistas explicaban ayer que «al día de hoy se espera que definitivamente se destrabe la partida presupuestaria del Poder Legislativo para lograr romper un congelamiento salarial que lleva 13 años y que haya aumento salarial para los trabajadores del Congreso».

Confiaban en las gestiones de los kirchneristas Eduardo Arnold, Daniel Varizat y Juan Carlos Irrazábal ante el jefe de Gabinete, pero a última hora no aparecía la solución.

Fernández no le perdona a Camaño que el primer día de la nueva conducción kirchnerista del bloque PJ -el nuevo cuarteto- le haya tirado a los cuatro diputados el conflicto sindical que en esos minutos estallaba en los pasillos impidiendo que debutaran con una sesión pedida por Kirchner.

• Además, paga el gobierno en esta crisis por errores cometidos en oportunidad de otros aumentos salariales. Cuando se otorgaron sumas fijas por decreto y se acomodaron los salarios de algunas áreas del sector público, el Congreso quedó a un costado por no estar alcanzados sus empleados por los escalafones nacionales. Sus salarios sólo dependen de lo que fijen los presidentes de cada Cámara.

• Pero si el jefe de Gabinete aceptara ahora un aumento de 25% -o 20%, que es lo que aceptan los sindicalistas en la negociación-, estaría alimentando la maratón de conflictos gremiales que de por sí ya preocupan al Ejecutivo. Sabe el gobierno que con la mala prensa que tiene normalmente el Congreso, un incremento salarial allí se trasladaría inmediatamente a una protesta de otros sectores del Estado. Una simple cuestión de retroalimentación.

Bajo esta realidad es que ayer no avanzó el pedido de fondos al Ejecutivo y, por lo tanto, se ratificó el estado de alerta, movilización y asamblea permanente «hasta lograr nuestro objetivo: aumento salarial».

Así vuelven a correr riesgo, como la semana pasada, las reuniones de comisión -el miércoles se cancelaron 15 cuando algunos empleados incluso entraron a los gritos a declarar el paro-, como el caso de Asuntos Constitucionales, donde Cristina Kirchner intentará avanzar con el juicio político a Antonio Boggiano, y la propia sesión prevista para mañana en ambas cámaras.

Es más difícil que la protesta pueda impedir la reunión de la comisión bicameral especial convocada para hoy para analizar el pedido de remoción enviado por Kirchner del director del Banco Central, Ricardo Branda, procesado en la causa que investiga el presunto pago de sobornos en el Senado en 2000. Ayer, Branda envió una nota al Senado -del que fue parte- pidiendo que se le permita ver el expediente, se lo escuche y se le otorgue la posibilidad de presentar su descargo, algo que no estaba asegurado aún en esa comisión.