Cruje el Congreso ante nuevo plan de seguridad

Las diferencias en el Congreso en torno al tratamiento del plan de seguridad siguen creciendo. Hay temas en los que el gobierno se complica día a día, y las propuestas de Gustavo Béliz parecen más difíciles de concretarse, como la baja en la edad de imputabilidad de menores, la unificación de fueros y de los códigos de procedimientos penales. A la oposición duhaldista a la baja en la edad de imputabilidad se sumó una suerte de denuncia por plagio mal interpretado de Elisa Carrió y el dictamen en contra sobre la unificación procesal de una jueza del tribunal superior de Córdoba. Alberto Fernández confirmó que unas 20 medidas del plan Béliz serían implementadas por decreto casi inmediatamente, para el resto auguró una discusión abierta en la sociedad y el Congreso.

«Lo que hizo el gobierno es copiar el proyecto de Laura Musa y mío, lo copió, hasta los agradecimientos», dijo ayer Carrió denunciando que esa reforma del gobierno ya había sido propuesta por el ARI. Luego explicó un punto que Mussa ya había dejado en claro en el plenario de comisiones donde Béliz explicó la reforma de seguridad: «Todo el mundo cree que los chicos cometen un delito y se van a la casa, es mentira. Primer punto. Hoy un chico pobre de 14 años roba un auto, lo toma un juez de menores, o la Policía, que a veces forma parte de la organización delictiva, y el juez de menores lo manda al instituto de menores. Ese chico tiene prisión sin causa, no tiene proceso, porque tiene 14 años».

Para eso el proyecto de reforma establece «que va a haber un régimen especial para adolescentes, de 14 a 18 años». Es decir, que en realidad se incluye en ese régimen, con sanciones especiales, incluso para el caso de homicidio, a los menores de 16 a 18 años que hoy estaban alcanzados por sanciones de Código Penal. Este punto es el que despertó la crítica de muchos diputados de partidos provinciales por considerar que el gobierno, en realidad, no está bajando la edad de imputabilidad, sino subiéndola.

Carrió explicó que si el delito cometido es homicidio, «se admite, de acuerdo con el tratado del derecho del niño, hasta tres años, obviamente en una institución especial, acorde para adolescentes, tiene que estar separado del régimen de adultos. Se dan cuenta de que en realidad ¿a quién no beneficia esto? A la organización delictiva. Porque cuando los chicos vayan a proceso, van a decir quién los mandó, y cuando digan quién los mandó, va a saltar la organización delictiva».

Hilda Chiche Duhalde, que dedicó parte de su día de ayer a atacar a Carrió, relativizó por primera vez la postura opuesta a la baja de edad de imputabilidad que sostuvo todo el duhaldismo: «Paralelamente a bajar la edad de imputabilidad de los menores, nosotros como sociedad y Estado debemos plantearnos de qué manera los protegemos y les garantizamos sus derechos a la educación, a la salud, al vestido y a la alimentación», planteó. «Hay que evaluar cómo cerrar el grifo para que no haya más chicos en la calle», agregó.

• Derechos reservados

Desde Córdoba, la protesta contra el plan llegó por la intención de impulsar la unificación de los códigos de procedimiento en materia penal. María Cafure de Battistelli, jueza integrante del Tribunal Superior de Justicia advirtió ayer que «es contrario a la Constitución nacional».

No es posible unificar los códigos de procedimientos «porque uno de los derechos que las provincias se reservaron para sí es el dictado de los códigos de procedimientos, entre ellos, el código de procedimientos en lo penal», dijo la jueza. «Esa idea no puede pasar más que del discurso. Se puede pensar en alguna conversación entre las distintas provincias para llegar a ciertas pautas parecidas, pero todo eso tiene que pasar luego por las legislaturas provinciales, o sea, una cuestión a largo plazo».

Ricardo López Murphy criticó la falta de información sobre cómo se financiará el plan de seguridad y la instrumentación del juicio por jurados. «Nadie conoce cómo se va a financiar ese plan. Si se pregunta: ¿cuáles son los costos del programa de seguridad?, y el ministro Béliz responde, como hizo el otro día, que no hay que subir impuestos, uno se pregunta: ¿entonces dónde estaba ese dinero?, ¿estamos en un mundo de fantasía? ¿Ustedes saben cuánto costaría un juicio por jurados? Doce personas en un hotel, durante dos semanas, por ejemplo, todos pagos por el Estado. ¿Eso se tuvo en cuenta en el presupuesto? Un pequeño detalle, nomás», dijo ayer por radio.