Mientras espera que el testimonio como arrepentida de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, avive la flama de la causa cuadernos señalando hacia arriba el origen del dinero injustificable que manejaba su marido, el juez Claudio Bonadio comenzó el goteo de citaciones a indagatorias por otros tramos del expediente. Así, convocó a declarar al exsenador cordobés y empresario Roberto Urquía en el apartado que investiga el presunto pago de sobornos en concesiones ferroviarias entre 2003 y 2009, dejaron trascender fuentes judiciales. Además, la fiscal Paloma Ochoa imputó a Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente y Recursos Naturales (junto a otro pack de exfuncionarios de esa cartera) en un desprendimiento del expediente por el presunto pago de coimas en licitaciones para el saneamiento del Riachuelo, y cuya pista surgió luego de una declaración como imputado colaborador de uno de los empresarios ligados a las concesiones viales.
Con Pochetti "en ablande" suman indagatorias al caso "cuadernos"
Bonadio busca "corroborar" algunos dichos antes de homologarla como arrepentida (sólo si dice ser testaferro). Urquía, de aceitera AGD a indagatoria. También regresa Romero. Ex Ambiente Picolotti, imputada por Riachuelo.
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Urquía, quien será indagado al reinicio de la actividad judicial en febrero, es uno de los dueños de Aceitera General Deheza y fue senador del Frente para la Victoria por Córdoba, donde junto a otros empresarios tuvo la concesión para explotar servicios ferroviarios que comunican a esa provincia con otros puntos del país. El cronograma de actividad continuará con una ampliación de la indagatoria a Gabriel Romero, quien detalló a los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli el mecanismo para el pago de sobornos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.
La viuda de un ex secretario privado del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carolina Pochetti, sigue “en ablande” y regresó ayer a la cárcel de Ezeiza sin lograr que Bonadio homologara su acuerdo como arrepentida, tras mantener una extensa audiencia y responder preguntas en el juzgado. Fue trasladada por la mañana desde su lugar de detención para ver al juez, luego de llegar ayer a un acuerdo con los fiscales para ser “imputada colaboradora” a cambio de aportar información relevante a la investigación. Cumplió con la “audiencia de homologación”, a la que según la Ley del Arrepentido debe convocar el juez para preguntarle al acusado si declaró libre de presiones y para que ratifique sus dichos. Cinco horas después y con preguntas del juzgado, asesorada por su nuevo abogado, el defensor oficial Juan Martín Hermida.
Para que conste en actas, el juzgado decidió que buscará corroborar algunas de las afirmaciones de Pochetti, quien en un principio desconoció los manejos de su marido por operaciones inmobiliarias realizadas en los Estados Unidos que treparon a la cifra estimada en u$s70 millones. El dato original de movimientos de dinero vía sociedades offshore surgió en 2016 cuando se revelaron los Panama Papers. Luego de que el circuito de manejo de dinero que se describió en los cuadernos apuntara a sucesivas entregas a Muñoz es, por ahora, la única pista de dinero que pudo haber tenido origen en el mecanismo recaudatorio a los empresarios de obra pública. La declaración que dio en la fiscalía se mantiene en reserva, aunque fuentes del caso destacaron que para ser aceptada como arrepentida tendría que “hablar del principio, el origen del dinero, de dónde vino o del final, donde está en la actualidad, porque la parte del medio los fiscales ya la tienen”. Más allá de admitir el dinero, en tribunales buscan que haya algo que implique al matrimonio Kirchner de manera directa, más allá de las implicancias de sus exsecretarios para poder avanzar con alguna prueba tangible. Si Pochetti puede o no probarlo (si decide apuntar “hacia arriba”) ya es otro capítulo. En otras palabras, el quid de la cuestión es si es posible demostrar que haya actuado como testaferro de los Kirchner.
Ante la llegada de Pochetti al edificio, un operativo de seguridad bloqueó el acceso a los periodistas al cuarto piso de los tribunales, donde se encuentra el despacho de Bonadio. Pochetti está sospechada de haber participado de las maniobras para ocultar el verdadero origen de unos 70 millones de dólares que, según los investigadores, su marido sacó de la Argentina y movió en los Estados Unidos para la compra de propiedades que luego se vendieron y ese dinero habría sido escondido en paraísos fiscales. Vinculados a la trama de lavado de dinero de Muñoz por la que está presa Pochetti están también otros acusados ya aceptados como arrepentidos, como la “broker” marplatense Elizabeth Ortiz Muñicoy y su exmarido Sergio Todisco, además de un primo de Pochetti, Carlos Gellert.
Otro acusado que sigue preso, Osvaldo Parolari, también un marplatense vinculado a maniobras de lavado de Muñoz, fue rechazado por Bonadio porque entendió que no aportó información sustancial y ahora esa decisión está apelada y a estudio de la Cámara Federal porteña.
En tanto, Picolotti, quien fue secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, será investigada junto a otro exfuncionario de la que fue su cartera, Mario Ferdkin ,y su hermano, Juan Miguel Picolotti, entre otros, a raíz de los dichos de Miguel Marcelino Aznar. El empresario indagado por el tramo concesiones viales hizo revelaciones de entrega de dinero en otras ocasiones por obras para el Riachuelo. Bonadio extrajo testimonios y los envió a sorteo como una causa aparte que quedó en manos de María Servini.
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