Darán más libertad a Kirchner para administrar por decreto

Las facilidades que le otorgan al gobierno los excedentes de recaudación --serían mas de $ 13.000 millones este año- tienen su contrapartida: las trabas que tiene manejarlos por afuera del Presupuesto. El gobierno dispone en cierta medida de herramientas para evitarlas. Cuenta con facultades especiales y puede firmar decretos de necesidad y urgencia para cambiar el destino de los fondos, casi siempre destinados a obras públicas o gobernaciones. Pero el riesgo es que siempre esté sospechado de no cumplir con las normas contables del Estado. La novedad es que esos decretos de necesidad y urgencia para disponer de recursos podrán ser avalados por una Comisión Bicameral del Congreso y con seguridad de aprobación. Significa transparentar una situación que fue irregular en los últimos 10 años, justo al comienzo de un período electoral complicado. Esto es lo que puede conseguir Néstor Kirchner si avanza un proyecto con esas características en Diputados que, como es obvio, ya tiene el visto bueno de la Casa Rosada. Este proyecto, como el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de su intención de reglamentar otra Bicameral que debe analizar todos los DNU del Presidente, parece adelantar la intención del gobierno de no renovar la emergencia económica a fin de este año. En 48 horas habrá definición en ambos temas.

Néstor Kirchner.

El gobierno está a punto de sacarse de encima las críticas públicas que debe soportar cada vez que mediante un decreto de necesidad y urgencia modifica partidas del Presupuesto o reasigna los mayores ingresos. Ese uso de los famosos «superpoderes», que se realiza por distintas vías legales de acuerdo con lo que autorice el Presupuesto nacional del año, trae sus costos políticos que, aunque el gobierno minimice, podrían evitarse. Mucho más en un año electoral, cuando el uso de los fondos se hace imprescindible.

El sistema que ahora se propone no hace otra cosa más que dar un tratamiento legal a las modificaciones presupuestarias por decreto, pero sin quitarle al gobierno el uso de esos poderes especiales. Es decir, dejarían de ser superpoderes no por eliminarlos, sino por transformarlos en un procedimiento habitual, por lo que se convierten en una herramienta altamente eficaz.

El proyecto ya presentado lleva la firma del peronista santafesino Oscar Lamberto, experto en manejo del Presupuesto ocupó más años que nadie la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, y establece una modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control. Por ese cambio, cada vez que el Presidente firme un DNU modificando el destino de fondos fijado en el Presupuesto, ese decreto será enviado a la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que será la encargada de ratificarlo o derogarlo. Pero sólo con que no suceda esto último quedará el firme.

El sistema, en realidad, es similar al que utilizan otros países donde no se aprueba una ley cada vez que el Poder Ejecutivo realiza cambios en la partidas, sino que existe una comisión especial para avalar la decisión del Ejecutivo. En la Argentina, por ejemplo, sólo en una ocasión durante el gobierno de Carlos Menem se sancionó una norma para modificar el Presupuesto nacional, algo que hasta fue cuestionado por la oposición que se negó a convalidar la decisión.

El cambio provee múltiples beneficios al Poder Ejecutivo, por lo que Alberto Fernández ya habría dado el visto bueno al texto definitivo. Es una de esas iniciativas que claramente llegan al recinto de la mano de diputados pero con la aval y la promoción completa de la Casa Rosada. En primer lugar, Kirchner no se expone a un tratamiento de esas resoluciones en ambas cámaras y, además, despeja del horizonte la pelea anual que todo presidente tiene con el Congreso por la votación de facultades especiales para manejar los ingresos que se producen por encima de lo presupuestado.

De hecho el año pasado, en ocasión de sancionar el Presupuesto-2006, la Casa Rosada dio señales claras de querer evitar la tacha pública de pedir poderes especiales para manejar fondos, con la consiguiente sospecha que eso supone. Fue cuando se limitó de solicitar la autorización para modificar el destino del gasto sin sujetarse a la Ley de Administración Financiera y a la de Responsabilidad Fiscal.

Libertad absoluta

Es cierto que los superpoderes siguieron existiendo ya que un año antes, vía modificación a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, el Ejecutivo había conseguido libertad absoluta en el manejo de la estratégica Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro -sumó para este año más de $ 9.240 millones y lleva un notable incremento en los últimos ejercicios-, verdadera caja principal del Estado. Pero debió resignar el hacer esos cambios con una mera resolución del Jefe de Gabinete.

La iniciativa, juran en los pasillos de Diputados, tiene todavía un escollo. Felisa Miceli no habría dado aún la autorización para el tratamiento por lo que el trámite está demorado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La presentación del nuevo proyecto coincide con otra promesa del gobierno lanzada por Cristina Fernández de Kirchner: reglamentar el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La senadora lo anunció sorpresivamente hace dos semanas al final de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ella misma preside.

Fue, en realidad, en respuestaa una jugada política de Rodolfo Terragno que horas antes había vuelto a presentar un proyecto que la propia Cristina lanzó en la Cámara de Diputados años atrás por el que se reglamentaba el uso de los DNU, pero en su versión más estricta. Es decir, que si en 60 días la Bicameral no se expide, éstos pierden vigencia.

Mañana vence el plazo que Cristina Fernández anunció para la emisión del dictamen de ese proyecto. Dos versiones están hoy en juego: la presentada por Miguel Pichetto -establece la sanción ficta, es decir, que si en 60 días se mantiene el Congreso en silencio el DNU queda ratificadoy el del radical Ernesto Sanz - que fija un criterio similar al que lanzó en su momento Cristina.

Por ahora, la senadora sólo anunció que se ponían ambos en tratamiento, pero sin fijar posición. Se sabe que la primera dama no es afecta a convalidar la sesión de poderes especiales al Ejecutivo (hasta se retiró del recinto siendo su marido presidente para no votar facultades especiales), pero lo que ahora está en juego con el uso de los DNU es mucho más peligroso.