De la Rúa recibió adelanto sobre Senado de EEUU y examina a Pou

Fernando de la Rúa recibió el viernes pasado, en Olivos, un informe minucioso sobre lo que le cabe esperar al gobierno de la sesión del Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, que se reunirá pasado mañana a las 9.30 en Washington. Quien ilustró al Presidente acerca de lo que se discutirá allí fue el embajador Guillermo González, representante ante el gobierno de los Estados Unidos que viajó a Buenos Aires especialmente convocado por Adalberto Rodríguez Giavarini.

Al mismo tiempo, en Olivos parece definirse más claramente en estos días qué tipo de sucesión de pretende en el Banco Central. Si bien el nombre de Ricardo López Murphy acumula casi todas las apuestas, De la Rúa está atento a otro economista para ocupar el banco, como se adelantó ayer en la sección Charlas de Quincho de este diario: se trata de Martín Lagos, el vicepresidente del Central.

Durante la charla del viernes, González le proporcionó a De la Rúa la información recabada en las oficinas del gobierno norteamericano. En síntesis, le proveyó el siguiente cuadro:

Es muy probable que del informe que se emita desde la oficina del senador Carl Levin no surja ninguna imputación específica acerca de personas. Eso no quiere decir que no se describan operaciones de las que puedan derivarse imputaciones personales.

Las instituciones a las que se referirán los senadores en Washington son, según lo anticipado por el diplomático, el Bank of America, el Citibank y el Chase Manhattan Bank. Los bancos offshore que serán mencionados son el Swiss American Bank of Antigua, el MA Bank of Cayman Islands y el Federal Bank of Bahamas.

Según la información provista por el embajador al Presidente, el caso con mayor repercusión en la Argentina sería el del Citi, ya que se asimilaría su papel en las privatizaciones a las que le cupo en el proceso mexicano, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Denuncia penal

Otra posibilidad que presentó González ante el Presidente es que los propios senadores norteamericanos realicen alguna denuncia penal ante la Justicia de su país. En tal caso, podrían remitirse citaciones para que ciudadanos argentinos tengan que declarar ante los tribunales norteamericanos. Entre la Argentina y los Estados Unidos existe un acuerdo de cooperación judicial que obliga a esas presentaciones, aunque es de cumplimiento laxo: cuando fueron citados a declarar, según el mismo tratado, ciudadanos estadounidenses en la causa IBM-Banco Nación, se negaron a hacerlo sin indemnización alguna.

Las afirmaciones del embajador coincidieron con algunos indicios que tiene el gobierno sobre la orientación que los diputados que agitan la investigación les vienen dando a sus declaraciones. Al parecer, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez aconsejan a «buscar la información en la Argentina».

En el gabinete se analizó en los últimos días la posibilidad de que un par de diputados concurra a la sesión de la comisión senatorial norteamericana.

Se había pensado en Horacio Pernasetti y Jesús Rodríguez. Pero pronto se evaporó la ocurrencia: «Una participación de ese tipo sólo permitiría que el gobierno quede asociado, sin razón alguna, a los acusados por Carrió y Gutiérrez».

Si al Ejecutivo le interesa conocer la dimensión de lo que se ventilará en los Estados Unidos, es porque de esa información depende también la suerte de Pedro Pou. El presidente del Banco Central sigue siendo blanco de una serie de acusaciones de carácter político e ideológico más que técnico. Por un lado, los que lo quieren envuelto en las operaciones de lavado que se denuncian sin que exista respecto de ellas pronunciamiento de la Justicia. Por otro, por la ortodoxia que afecta a los que prefieren una política monetaria más blanda, con reducción de encajes e, inclusive, liquidación de divisas.

De la Rúa observa atentamente esos movimientos, la salud política de Pou y también la sugerencia que el mismo economista le hizo hace un mes: «En abril, en un contexto más tranquilo, podría pensar en retirarme». Ante esa alternativa, De la Rúa tiene dos propuestas. Una, promover a Ricardo López Murphy al cargo. El ministro de Defensa se niega rotundamente a ese cambio, sobre todo por temor a los riesgos penales que corren los presidentes del Central «que en las corridas juegan rugby para que, después, los juzguen con las reglas del tenis», como dijo un economista ayer a este diario. Además, De la Rúa pretende que nadie lo acuse de «hacer con el Central lo que Menem hizo con la Corte, es decir, poner una conducción 'adicta'» explicó un funcionario.

Por eso se sentiría más cómodo si, ante una eventual vacante en la presidencia del Banco, se designa a Lagos y no a un economista ortodoxo y capaz pero radical e integrante del equipo presidencial como López Murphy.