De la Sota lanza pelea por reducción de bancas

El gobernador José Manuel de la Sota confirmó el anticipo de este diario acerca de que los partidos que integran la coalición de gobierno propician una reforma de la Constitución provincial para achicar en 50 por ciento la Legislatura.

Dijo De la Sota que «el Poder Ejecutivo como tal no puede propiciar ninguna reforma constitucional, pero los partidos políticos que integran Unión por Córdoba han lanzado un proyecto de reforma», que insisten en tratar este año pese a la cerrada negativa del radicalismo y el Frepaso.

Crecimiento

Afirmó también que «uno de los temas a modificar es esta situación tan grave como el crecimiento del Senado, producto de la reforma anterior», que ya está en 67 escaños y en breve aumentará su número a 75, lo que lo convertirá en uno de los más grandes del país.

También confirmó el gobernador que otro de los puntos que está incluido en el proyecto de reforma constitucional es el de unificación del mandato, esto es, una prórroga de seis meses del período del gobernador. El desfase se dio cuando Eduardo Angeloz abandonó su tercer mandato cinco meses antes de concluir, lo que obligó a Ramón Mestre a asumir anticipadamente.

A partir de allí las elecciones legislativas provinciales y las para gobernador nunca volvieron a coincidir.

El Poder Ejecutivo no puede propiciar ninguna reforma constitucional, sin embargo no quita que el proyecto responda al pensamiento que sobre el tema tiene el gobernador José Manuel de la Sota.

Los partidos políticos que integran la coalición UPC ya lanzaron el año pasado un documento de 13 puntos para discutir con la oposición.

Uno es achicar la Legislatura. Ayer supo que el oficialismo quiere pasar de 133 legisladores a 70, correspondiéndole 34 al Senado y 36 a Diputados. Otra es limitar el crecimiento de la Cámara alta, fijando cupos de tres bancas sólo para Capital, Colón, Río Cuarto y San Justo, y de una para el resto.

Mandatos

La unificación de mandatos del Ejecutivo con el Legislativo es la segunda prioridad para el gobierno delasotista.

El tercer punto es la obligación de los legisladores de presentar declaraciones juradas antes de asumir y al término de sus mandatos, con esta novedad, deberán ser hechas ante el Superior Tribunal de Justicia.

Por último, un viejo anhelo de la administración de De la Sota, darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de la selección de los jueces provinciales.

El ajuste legislativo se complementa con otras restricciones como ser la imposibilidad de que un legislador pueda tener más de tres empleados y diez los bloques.

Desde la oposición, el vicepresidente del Senado, Miguel Nicolás (UCR), dijo que todas estas son propuestas « marketineras» del gobernador que quiere quedar bien con la gente a costa de los legisladores que en realidad insumen 1,8% del presupuesto provincial. « Si quiere hacer un ajuste en serio que busque economizar en 97% de las partidas, que es la que se lleva el Ejecutivo», dijo Nicolás.