17 de enero 2001 - 00:00

De la Sota quiere reducir legisladores a la mitad

José Manuel de la Sota picó en punta en la reforma política y dio los detalles del proyecto de nueva Constitución de Córdoba, que aspira a reducir la cantidad de legisladores a la mitad. En esa iniciativa, que debe aprobar una convención constituyente, se limita además la cantidad de empleados que puede tener cada diputado a sólo tres y a diez los que pueden asistir, como máximo, a un bloque partidario. Desde ya que elimina la Cámara de Senadores, un cuerpo que se piensa también suprimir en la reforma de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires. Otro artículo de la reforma delasotista profundiza algo en lo que avanzó Eduardo Angeloz en una reforma anterior: la eliminación del sistema de representación de los diputados en forma proporcional al voto popular (llamado D'Hont). Eso le permite al que gana llevarse la mayoría automática de la Legislatura con el propósito de asegurarse la gobernabilidad. Es una forma de limitar el parlamentarismo en el que avanzó el país en los últimos años, algo que también se reflejó en la reforma que surgió del pacto de Olivos, que le dio un rol de creciente importancia al Congreso en el orden nacional.

José Manuel de la Sota
José Manuel de la Sota
El gobierno provincial ya tiene listo el proyecto para reducir 50% la Legislatura a través de una reforma constitucional, en la que como dato más significativo disminuirá la cantidad de legisladores de 133 que hay en la actualidad (66 diputados y 67 senadores) a sólo 70.

El proyecto al que accedió este diario ya se encuentra sobre el escritorio de José Manuel de la Sota para recibir su visto bueno (pese a que el Ejecutivo no puede impulsar una reforma constitucional) y establece que la Cámara alta tendrá un máximo de 34 senadores.

Los departamentos Capital, Río Cuarto, San Justo y Colón serán los únicos que tendrán tres representantes, dos por la mayoría y uno por la minoría, en tanto los 22 restantes elegirán sólo un senador.

La Cámara baja en tanto verá reducidos sus miembros a 36, con un sistema de cupo fijo que asignará 25 diputados al ganador de las elecciones, 10 a la primera minoría y 1 a la segunda. Esta distribución en Diputados motivará un fuerte rechazo por parte de las fuerzas políticas de la oposición, debido a que constituye la profundización de la teoría de la «gobernabilidad» que Eduardo César Angeloz hizo sancionar en la reforma del '87, y que en la práctica no dio buenos resultados.

Obediencia

Una de las críticas más fuertes que se le hizo a este sistema de mayorías automáticas, en desmedro del sistema de proporcionalidad D'Hont, es que favoreció la multiplicación de un prototipo parlamentario conocido como «mano de yeso» que reemplazó al debate intelectual de las ideas por la obediencia.

Unión por Córdoba, al prever 25 bancas para el oficialismo, le otorga al partido gobernante los dos tercios de Diputados, es decir, el número para aprobar automáticamente cualquier proyecto (también el de la necesidad de la reforma), lo que haría caer los mecanismos constitucionales de la sanciones «agravadas».

La iniciativa que prepara el gobierno para instalarla no bien comiencen las sesiones en la Legislatura, no solamente apunta a un ajuste en la cantidad de legisladores sino a un achicamiento en la cantidad de empleados y asesores que tendrá el Parlamento.

De aprobarse este proyecto, cada senador o diputado podrá tener como máximo tres empleados;
en tanto los bloques estarán vedados para exceder de diez.

En este momento en Diputados hay cuatro bloques, Unión por Córdoba, el interbloque de la Alianza conformado por la UCR y el Frepaso, el vecinalista y el cavallismo.

En el Senado hay seis bancadas: Unión por Córdoba, la UCR, el Frepaso, y tres unipersonales, dos de los vecinalistas
Facundo Torres y Guillermo González Castellano, y uno del Frente Federal armado por Jorge Bodega luego de escindirse de las filas frepasistas.

Otro cambio propuesto será la pérdida de la estabilidad de los funcionarios y empleados de las Cámaras, que tendrán similar régimen a los secretarios legislativo, técnico y administrativo, y una secretaria de comisiones.

El Senado cuenta en la actualidad con un presupuesto de $ 21.688.885 para su funcionamiento y tiene 519 empleados entre contratados y efectivos.

Diputados tiene un presupuesto de $ 22.301.071 para su funcionamiento y cuenta con 407 empleados, según datos consignados en el presupuesto de la provincia 2001.

Completan los gastos legislativos $ 721.000 destinados al funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer; $ 341.800 para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios; y $ 1.011.700 para la Comisión Parlamentaria Conjunta Región Centro.

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