El Consejo de la Magistratura con opiniones divididas se apresta a resolver hoy la situación del juez federal de Mendoza, Luis Alberto Leiva, quien se encuentra acusado por mal desempeño.
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La denuncia contra Leiva la formuló su par de San Rafael, Héctor Acosta aunque quien personalizó -ante la opinión pública-el embate contra el juez mendocino es el ex banquero Raúl Moneta, a quien Leiva quiso detener por su presunta responsabilidad en el vaciamiento del ex Banco de Mendoza al punto de obligarlo a huir a los Estados Unidos. Moneta retornó sólo después de que la Corte le sacó la causa a Leiva y definió la jurisdicción en favor del porteño Gustavo Literas, quien lo sobreseyó con la confirmación de los camaristas Luisa Riva Ara-mayo y Horacio Vigliani.
Un elemento que jugará psicológicamente en contra de Leiva es el dictamen del jefe de auditores de la Corte, Jorge del Soto, quien lo encontró responsable de haber cometido el presunto delito de contrabando al introducir 52 maletines desde Chile sin haber pagado los aranceles de importación correspondientes destinados a los asistentes al «Encuentro Nacional de Jueces Federales».
Presiones
Este pronunciamiento ya tendría los cinco votos necesarios en el máximo tribunal para acusar a Leiva, pero no podrá ser usado en este juicio sino que, en caso que no sea suspendido hoy, sus denunciantes presionarán para una nueva acusación, además de intentar abrir una causa en el fuero Penal Económico.
Los pronunciamientos eran diversos según el cristal con que se enfocara la opinión anoche en el Consejo. Los críticos de Leiva aseguraban que hoy el cuerpo lo acusará ante el Jury de Enjuiciamiento y por lo tanto decidirá su suspensión mientras que los defensores del juez mendocino insistían con que no se llega a los dos tercios para lograr su destitución. De todos modos, esta figura tiene su interpretación debido a una peligrosa vulnerabilidad del reglamento que deja en manos de una minoría la destitución de un magistrado cuya estabilidad garantiza la Constitución. Es que los dos tercios se cuentan sobre la cantidad de consejeros presentes y no sobre la totalidad de los integrantes que llega a 20.
Esto provoca un juego aritmético y alimenta variadas suspicacias debido a la calidad de los elementos en juego. Porque para lograr quórum se necesitan 12 consejeros. Una vez habilitada la sesión se necesitan sólo 9 votos para suspender un juez porque se conforman los dos tercios exigidos por el reglamento del Consejo de la Magistratura. En ese cálculo, la probabilidad de suspender al juez aumenta porque -hasta anocheseguían siendo 9 los consejeros que adherían a la acusación.
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