Defensa ordenó investigar si salieron armas a Brasil

Política

La ministra de Defensa, Nilda Garré, le ordenó al Registro Nacional de Armas (RENAR) que desarrolle un cruce de información entre los registros de armas dadas de baja por el Ejército y el judicial, donde figuran las utilizadas para cometer delitos. La investigación fue motorizada a partir de la denuncia lanzada en Brasil sobre una supuesta participación de militares argentinos en el contrabando de armas a ese país.

Garré pretende establecer si hubo participación de militares en ese caso y si armas de esa fuerza cruzaron las fronteras del país.

La ministra tomó la decisión luego de una conversación telefónica que mantuvo con el embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lohlé. El diplomático se reunió ayer con un integrante de la Comisión Parlamentaria Investigadora del Tráfico de Armas del Congreso brasileño (no estuvo el diputado Moroni Torgan, principal denunciador del episodio), pero no obtuvo precisiones sobre la investigación que se desarrolla allí. Lohlé salió del encuentro con las manos vacías: sin nombres ni rango de los miembros del Ejército que supuestamente participan de la operación ilegal para proveer de armas a las bandas de Rio Janeiro y San Pablo.

El legislador sólo se comprometió a reportar a la embajada argentina toda la información una vez -por supuesto- concluida la investigación sobre el tráfico que también involucra a miembros de los ejércitos de Paraguay y Uruguay.

• Alusiones

Voceros de la diplomacia argentina relataron que el diputado Colbert Martins, del Partido Popular Socialista (PPS), le comentó al embajador Lohlé que la participación de militares argentinos surgía de alusiones hechas por delincuentes y conversaciones captadas mediante escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.

Sin embargo, negó que de esas grabaciones surjan referencias a oficiales de alto rango del Ejército argentino o nombres, una versión que atribuyó a la prensa local.

Martins expresó su preocupación por un lanzaperfumes de carnaval al parecer fabricado en la Argentina e ingresado de contrabando a Brasil, donde su uso está vedado.

El aerosol contiene una sustancia prohibida en Brasil, llamada en ese país «clorato de apila» y al menos en una ocasión formó parte de un contrabando que incluía también armas, que fue interceptado, según informó en su momento la prensa de ese país.

Sobre la cuestión también intervino el vicepresidente de Brasil, Marcos Maciel, quien en diálogo telefónico con Garré le remarcó a la ministra que las manifestaciones realizadas sobre el tráfico de armas eran del Legislativo y no del Ejecutivo.

De esta forma, el vicejefe de Estado intentó poner distancia entre las denuncias del legislador Torgan y el pensamiento del gobierno de Lula da Silva.

En paralelo a la orden de Garré, el fiscal Jorge Di Lello inició una investigación preliminar del caso y ya requirió informes a fábricas de armamentos de todo el país.

Di Lello, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Registro Nacional de Armas (UFI-RENAR), también pidió a la Cancillería que intermedie en un pedido para que el embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lolhé, aporte toda la información sobre la presunta maniobra delictiva.

En rigor, en la Justicia ya hay una denuncia radicada en 2002 ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y la fiscal Carolina Robiglio. En ese expediente se investiga el hallazgo de fusiles FAL con escudo argentino en favelas de Brasil. La causa se encuentra actualmente «en pleno trámite».

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