Demora judicial crea mal precedente en Santa Cruz

El método extorsivo de la toma de empresas para alcanzar un fin -en este caso, una planta petrolera copada por 12 días en pos de puestos de trabajo- se anotó un triunfo en Santa Cruz y gestó un peligroso precedente a nivel nacional. «Ante la inexistencia de perspectiva alguna de que la ocupación fuera interrumpida por la vía judicial», las empresas del sector, según explicaron, debieron ceder a los reclamos de un centenar de activistas y entregar subsidios por $ 700 (por 2 meses) y puestos de trabajo «genuinos» con salarios superiores a los $ 1.200. Preocupante.

Los activistas que tomaron una playa de tanques de crudo durante doce días lograron finalmente las concesiones que quisieron, ante la impotencia empresarial por la falta de respuesta de la Justicia.

Santa Cruz - La perpetuación durante 12 días de la toma de una planta petrolera en Caleta Olivia por parte de un centenar de activistas, sin ser desalojados por orden judicial, gestó un triunfo del método extorsivo piquetero y sentó un peligroso precedente en el país.

Ante «la inexistencia de perspectiva alguna de que la ocupación fuera interrumpida por la vía judicial» y para evitar mayores pérdidas millonarias, las empresas petroleras que operan en el norte santacruceño debieron finalmente ceder ante la presión de los activistas, que lograron alzarse en la madrugada de ayer con subsidios por dos meses y puestos de trabajo «genuinos» por más de 1.200 pesos de sueldo. Al tomar posesión las empresas de la planta, denunciaron ayer «la sustracción de importante equipamiento técnico e informático, así como la destrucción vandálica de importantes elementos operativos», por lo cual harán una presentación ante la Justicia.

Termap es una planta de almacenamiento de petróleo operada por Repsol YPF, Vintage Oil y PanAmerican, firmas que dejaron claro el malestar que les provocó la soledad en que tuvieron que resolver la crítica situación, sin respuestas por parte de la Justicia, ni del gobierno provincial, pese a haber elevado dos denuncias pidiendo el desalojo de los manifestantes.

En rigor, las empresas aseguran que el juez de Instrucción Penal Marcelo Bailaque dictó el 2 de agosto una orden de desalojo «en 24 horas haciendo uso de la fuerza pública en la medida de lo indispensable». Pero, aseguran las fuentes empresariales, «las autoridades de Santa Cruz manifestaron no disponer de los medios adecuados para proceder al desalojo compulsivo de la planta». Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial desmienten esta información y aseguran que nunca recibieron notificación alguna de la Justicia.

Un punteo sobre los pasos seguidos por las empresas para superar el conflicto con auxilio de la Justicia muestra sólo puertas cerradas a sus reclamos:

• se presentaron dos veces ante la Justicia y pidieron el desalojo inmediato de la planta;

• pidieron por escrito la intervención del gobernador Sergio Acevedo, con copia al jefe de Gabinete de Ministros y a los ministros de Planificación Federal y de Justicia de la Nación;

• el 30 de julio el secretario de Energía, Daniel Cameron, pidió que se arbitren las « medidas pertinentes» al secretario de Seguridad nacional.

Durante los últimos 4 años se sucedieron unas 17 medidas de fuerza contra petroleras del norte de Santa Cruz, que se tradujeron en la entrega de más de 1.600 subsidios a cargo del sector empresarial. En ninguno de estos casos la Justicia determinó el desalojo de los manifestantes. A esto se suma que en 1998, crisis del precio del petróleo mediante, las petroleras otorgaron subsidios laborales por u$s 6 millones.

La última toma de Termap significó, además, cuantiosas pérdidas para la planta y la región. Vale decir que con una producción de 13.000 m3 de petróleo, la planta tuvo paralizados u$s 8 millones por día, 12% de los cuales corresponden a regalías para el Estado provincial. A esto se suma la paralización de los buques de carga, más las pérdidasde los subcontratistas de Termap y el estado de alerta en que tuvo que mantenerse el poblado durante esas dos semanas.

Según el acuerdo, los activistas cobrarán durante 2 meses subsidios por $ 700 para luego quedar incluidos en el convenio colectivo de los petroleros, comenzando a percibir un salariode $ 865 más otros $ 440 en vales. Antes, se había firmado la entrega de subsidios de $ 700 mensuales para otros 238 manifestantes, la mayoría de los cuales no había participado de la toma, en tanto que otros 30, desgastados, habían decidido abandonarla. En total, los subsidios superan los $ 230 mil por mes.