Demora Servini diploma de diputado de Borocotó

La jueza María Servini de Cubría decidió requerir la opinión de la Fiscalía Electoral antes de resolver si entrega el certificado de diputado nacional electo por Propuesta Republicana (PRO) a Eduardo Lorenzo Borocotó, tras su pase al kirchnerismo.

La magistrada pidió ayer al fiscal Jorge Di Lello que se pronuncie sobre la cuestión, por lo que la resolución se conocería entre hoy y el lunes.

Los abogados de PRO buscan que Servini de Cubría haga lugar a la medida cautelar antes del miércoles próximo, fecha prevista para que la Junta Electoral entregue a cada diputado el certificado que avala que resultó electo y la cantidad de votos obtenidos.

Si antes de ese día no se dicta una resolución, la otra fecha clave es el 6 de diciembre, cuando las autoridades de la Cámara de Diputados den a cada legislador su diploma respectivo y se realice el acto de jura.

Finalmente, la asunción formal en el cargo es el 10 de diciembre.

Los apoderados de PRO ya realizaron dos planteos judiciales para evitar que Borocotó ocupe la banca y lograr que en su lugar ingrese a la Cámara baja Luis Galvalissi, un demócrata progresista que ocupó el séptimo renglón en la lista de candidatos que acompañó a Mauricio Macri en las elecciones del 23 de octubre.

El 11 de noviembre PRO presentó una acción de amparo para evitar que Borocotó asuma la banca y argumentó que incurrió en una « flagrante violación del artículo 16» de la Constitución nacional, que impone como condición la idoneidad para el ejercicio de la función pública.

El martes último, en tanto, se presentó una medida cautelar para que la Junta Electoral no extienda el certificado y es ese planteo el que la magistrada resolverá en primer término. La presentación la hizo el diputado macrista del bloque PJ Cristian Ritondo y argumenta que mientras no se haya expedido el diploma de Borocotó, la banca está comprometida por el mecanismo de distribución según el método D'Hont a partir de la cantidad de votos. Esa asignación de las bancas es a partidos, no a personas. Si un candidato, argumenta el recurso, afirma antes de recibir el diploma que ha dejado de pertenecer al partido en cuya lista figuró, debe ser apartado del reparto y la banca debe pasar al candidato que sigue en la nómina.

El recurso equipara la situación al caso de un individuo recibe un pago y detecta que le están dando moneda falsa; en ese caso puede rechazar ese pago con la sola sospecha de la falsedad del dinero que se le quiere dar. Esa es la situación de la banca de Borocotó, quien ha anunciado públicamente que se pasa de partido y con eso delata la falsedad de su militancia.

Además, hay otra demanda en la Justicia Civil para que el ex candidato devuelva $ 350 mil por «daños y perjuicios», una suma proporcional a lo que PRO considera que invirtió en su campaña.