Demoran ajuste de comisiones

El Senado sólo pudo aprobar ayer en general el nuevo reglamento del cuerpo que, entre otras cosas, obliga a transparentar el trabajo en comisión -fundamental, en la discusión previa de los proyectos- e impone sanciones por inasistencia injustificadas con recortes en las dietas. A pesar del fervor de las barras -entusiasmadas porque José Luis Gaguea (PJ-San Juan) los homenajeó por el Día del Empleado Legislativo-, los senadores no lograron ponerse de acuerdo sobre la letra chica del régimen y poco ayudaron a mejorar la imagen del cuerpo, pese a la contratación de expertos en medios que factura al Estado.

El caso más emblemático que sigue empantanado es el de la reducción de comisiones. Después de que trabajara durante 60 días (de diciembre a enero) una comisión especial de reestructuración, todavía subsisten pujas por la supresión de las 47 comisiones permanentes que significan mucho gasto y poca efectividad. El propio Eduardo Duhalde, en su fugaz paso como senador, propuso eliminar, entre otras comisiones, acuerdos y deslindar la aprobación de pliegos de jueces en Justicia, embajadores en Relaciones Exteriores y militares en Defensa. Todavía no pudo cumplir con esta suerte de promesa preelectoral.

A pesar de que el radical disidente Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño) y el tucumano Pablo Walter (Fuerza Republicana) forzaron un primer borrador de ajuste a comienzos de año, los peronistas demoraron meses en esbozar sus propias modalidades de racionalización: en abril, la sanjuanina Nélida Martín preparó un dictamen con 24 comisiones, mientras que la santacruceña Cristina de Kirchner se inclinaba por dejar en pie sólo 22. Jorge Capitanich pidió reducir las comisiones a la mitad. Entre bambalinas, los miembros del oficialismo más disciplinado nunca terminaron de admitir que la reducción de comisiones servirá de excusa para castigar a los díscolos, como la misma Kirchner, quien suele manejarse con autonomía de la conducción del bloque y de la Cámara.

Las desavenencias impidieron que el despacho de Asuntos Constitucionales definiera en detalle el número de dependencias, no obstante el reclamo, por caso, de Marcelo López Arias (PJ-Salta). La situación se repitió anoche y obligó a que se demore una semana el articulado reglamentario.