Desacato K contra la Corte: llevan caso Patti al exterior

Luis Patti

Si algo le faltaba al agitado final de mandato de Néstor Kirchner era una guerra entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Ayer, un grupo de diputados kirchneristas se amotinó y anunció que, pese al reciente fallo del máximo tribunal que crea un antecedente favorable para el ingreso de Luis Patti a la Cámara baja, no permitirá que el ex intendente de Escobar asuma su banca. Además, le pedirán a Néstor Kirchner que eleve el caso en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

«Ya estamos trabajando en un proyecto de resolución para pedirle al presidente Kirchner que eleve el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», reveló ayer a este diario el oficialista Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. El hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo se reunió con Diana Conti, Araceli Méndez de Ferreyra y Miguel Bonasso, todos impugnantes del diploma de diputado de Patti ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento,para expresar su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema del viernes pasado. También estuvieron la vicepresidenta de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja, el diputado Luis Ilarregui y representantes de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el CELS.

Méndez de Ferreyra sostuvo: «Los diputados estamos totalmente facultados y legitimados para cuestionar los títulos de nuestros pares» y, aunque dijo respetar a los integrantes de la Corte Suprema, afirmó que el fallo «no nos convence».

Bonasso, por su parte, calificó de contradictorios los pronunciamientos judiciales al sostener que «la anulación de los indultos cierra las puertas a la impunidad, pero el otro a favor de Bussi genera un conflicto de poderes porque se le está negando a la cámara una atribución que la Constitución le otorga».

Aunque la sentencia de la Corte se refería al caso de Antonio Bussi, quien también había sido impugnado como diputado sobre la base de una denuncia por inhabilidad moral debido a su participación en crímenes de lesa humanidad, la cuestión devino abstracta por el paso del tiempo y el fallo fue interpretado en la Casa Rosada como un adelanto de un nuevo pronunciamiento sobre el caso Patti. « Sostener que existe un poder para rechazar el título de toda persona que viola la ética republicana puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice defender», dictaminó la Corte Suprema al rechazar la impugnación de la Cámara de Diputados a que Bussi asumiera como legislador.

Retroceso

La respuesta al máximo órgano del Poder Judicial no se hizo esperar en el kirchnerismo. El tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, quien comandó la comisión de diputados que impidió el juramento del jefe del PaUFe, advirtió: «El fallo es un retroceso para nuestro sistema democrático, avasalla y menoscaba la independencia del Poder Legislativo y envía un mensaje confuso para las nuevasgeneraciones».

El lunes, este diario había adelantado que Patti estaba preparando 164 demandas por daños y perjuicios para reclamar sumas millonarias a todos y a cada uno de los legisladores que a fines de mayo del año pasado habían votado en el recinto en contra de su ingreso a la Cámara de Diputados. Ahora, desde el Frente para la Victoria reaccionaron previendo un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema a favor del ex subcomisario bonaerense, procesado por encubrimiento y delitos de lesa humanidad, aunque aún sin condena en contra, según un certificado emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los diputados oficialistas ahora quieren que Kirchner se anticipe al inminente fallo de la Corte sobre el caso Patti y eleve la disputa al Tribunal de Derechos Humanos de la OEA, cuyo pronunciamiento si bien no reviste carácter obligatorio -al tratarse de una consulta- podría condicionar la sentencia del máximo tribunal argentino sobre la situación del ex intendente de Escobar.

«No coincidimos con el fallo de la Corte y su temor a una aplicación discrecional de las facultades que el artículo 64 de la Constitución nacional le da a la Cámara de Diputados», argumentó ayer Carlotto. «Sin entrar en un análisis técnico y minucioso de los principios enumerados en los cientos de páginas en las cuales se fundamentó la impugnación del diploma del ciudadano Bussi, podemos resumir que la legitimidad popular no es absoluta, porque en la legalidad de los principios sustentados en la Constitución nacional y los pactos internacionales encuentra un obstáculo insoslayable», agregó Vargas Aignasse.

El principio de autodeterminación del Congreso de la Nación emanado del artículo 64 de la Constitución determina que «cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez...». Sin embargo, en su fallo de la semana pasada, la Corte advirtió que la oportunidad de impugnar el pliego de un diputado es ante la Justicia Electoral una vez que se inscribe su candidatura, pero después de haber sido electo por la voluntad popular.

Para el kirchnerismo, el fundamento de la Corte basado en el principio general de derecho y jurisprudencial argentino de que nadie puede alegar su propia torpeza -es decir, no haber impugnado la candidatura en el momento que correspondía- abriría luego de este fallo una zona gris por la cual un ciudadano condenado con beneficios penales de cumplimiento de pena extramuros sin impedimentos interpuestos en la Justicia Electoral no tendría obstáculos para asumir una banca en el Congreso de la Nación, según explicó el asesor legislativo Pablo Scrimini.