La orden "bajada" por Germán Garavano fue no contestar ninguna de las explosivas frases que le dirigió Elisa Carrió. El estallido de ira de la diputada le llegó al ministro de Justicia mientras inauguraba una escuela en Misiones junto al presidente Mauricio Macri y que había sido construida con los fondos incautados en el famoso viaje del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson portando una valija con u$s 800.000. "No se entiende por qué reaccionó así, si Garavano no dijo lo que dicen que dijo", señaló un alto funcionario de esa cartera luego de que en una entrevista periodística, contestara que "nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente". La declaración (con varias lecturas admitidas) tuvo espíritu de expresar la mala imagen que genera el revoleo de expedientes judiciales de alto calibre por hechos de presunta corrupción dirigidos contra un exmandatario de un país. Sin embargo, su vinculación con la decisión del juez Claudio Bonadio en el marco de la denominada causa "cuadernos" fue indivisible.
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Garavano se debate entre su opinión jurídica sobre el debido proceso y la decisión política de un sector de Cambiemos de avanzar con el tsunami de causas judiciales que rodean a la expresidenta. En la intimidad, el ministro reniega de la "doctrina Irurzun" y los lazos residuales de poder y murmura acerca de las garantías que deberían acompañar un proceso serio de investigación, que incluyen la excepcionalidad de la prisión preventiva, sólo aplicable a casos de peligro de fuga o de entorpecimiento real de una investigación en curso. Nadie en el entorno de Garavano consideró que Carrió hubiera podido malinterpretar sus dichos, o simplemente basarse en los titulares de los portales para hacer tronar su juicio sobre las palabras del titular de la cartera de Justicia, una de las pocas dependencias oficiales que esquivó cualquier poda presupuestaria. Inclusive, la del recorte de los entes cooperadores, de donde se nutre parte de la nómina de asesorías que reportan en esas dependencias.
Los operadores comenzaron a rastrillar las razones del "fuego amigo" en cuestiones externas al episodio y lo relacionaron al amague de asunción al mando de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Ministerios Públicos. Desde ese bastión, Carrió apuntaba a blindar a fiscales como Federico Delgado, apuntado por Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Y también podía tener luz verde para auditar a sectores de la Procuración General, comandada interinamente por Eduardo Casal. ¿Iba a pedir que la sensible oficina de escuchas telefónicas volviera a la órbita de la Procuración tal como había sido votada por ley y que un decreto presidencial modificó? Desde el sector de Carrió mascullaron bronca ante un eventual veto de Garavano a esa postulación que la semana pasada había tenido un aliciente por parte del PJ y del Frente Renovador que se preparaban para ser espectadores de una masacre si Carrió se encaramaba institucionalmente en esa poltrona.
La otra cuestión atañe a los movimientos del propio Garavano recostado en el sector vinculado a Daniel "Tano" Angelici dentro de la esfera de influencia que rodea al Presidente en materia judicial. Esa cruzada es la que le interesa a la diputada una vez que se mostró victoriosa por haber evitado una reelección de Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte Suprema. La virulencia con la que respondió los "no dichos" de Garavano alimentaron las sospechas de cuál es la nueva lista de enemigos de Carrió.
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