21 de agosto 2003 - 00:00

Desde ayer hay "jurados"

El Senado dio el primer paso en el juicio político que se le sigue al juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor, luego de que juraron todos los senadores como integrantes del tribunal que llevará adelante dicho juicio.

Se estima que este proceso durará al menos dos meses, y que a fines de octubre los senadores tendrían un dictamen que puede derivar en el sobreseimiento o en la destitución del juez supremo.

El Senado, que actúa como juez de jueces, asumió este rol luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara el juicio político contra Moliné O'Connor.

Tras ese trámite, una mera formalidad que se realizó rápidamente y sin discursos, el jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, entre otros, propuso convocar para el próximo miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recomendó inicialmente la destitución del magistrado.

Ese día, la comisión acusadora, integrada por los diputados Ricardo Falú, Nilda Garré y Carlos Izparraguirre, deberá exponer ante el recinto de la Cámara alta las causas por las cuales el juez de la Corte debe ser destituido del cargo.

El único senador que se excusó de formar parte del tribunal fue el radical mendocino Rául Baglini, quien fundamentó su decisión en que como abogado tiene varios juicios pendientes de sentencia en la Corte Suprema.

Baglini
solicitó que se le acepte su excusación por cuestiones «éticas», pese a que el reglamento del Senado lo habilita para integrar el tribunal.

El reglamento del Senado establece que el cuerpo debe constituirse en tribunal para llevar adelante el juicio político.

El procedimiento comienza una vez que Diputados le comunica al Senado la acusación a un juez. Se constituye, entonces, en Tribunal y tienen que prestar juramento todos los senadores ante el presidente de la Cámara.

• Fundamentación

La exposición de los cargos, de acuerdo con lo establecido por los reglamentos de la Cámara baja y del Senado, estará a cargo de una comisión conformada por diputados -en principio tres- que fundamentarán el presunto mal desempeño del que el cuerpo consideró responsable a Moliné O'Connor por el contenido de sus sentencias en los casos Meller, Macri y Magariños.

Una vez recibida la acusación, el Senado debe darle traslado al acusado para que la conteste en el término de 15 días, plazo que vencería a mediados de setiembre, y que únicamente es prorrogable «
sólo en razón de la distancia» si el acusado «no tuviere su despacho o domicilio en la Capital Federal», que no es este caso.

En ese marco, el acusado puede solicitar la «
apertura a prueba», posibilidad a la que recurriría Moliné O'Connor, porque, en la defensa por escrito que presentó ante la Cámara de Diputados ya había solicitado esa apertura y los legisladores le respondieron que podría requerirla durante la eventual sustanciación del proceso en su contra en el Senado.

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