Dilema

La Comisión Bicameral del Congreso que analiza la remoción de Ricardo Branda como director del Banco Central tendrá que encontrar desde hoy un argumento legal más fuerte que un procesamiento para recomendar su salida del directorio de a entidad. Los senadores y diputados no quieren enviar a Néstor Kirchner un «consejo» dividido, pero no todos piensan igual. Otros directores del BCRA han sido procesados -algo común en esos cargos cuando deben liquidar bancos-, y nunca se analizó por eso una remoción. Incluso a Pedro Pou y a Manuel Domper no se los removió por esa causa. Está decidido que mañana se emitirá el dictamen y por eso deben encontrar a tiempo causales legales suficientes para apartarlo del cargo.

Pedro Pou

Los cinco integrantes de la Comisión Bicameral Especial del Congreso que analiza la permanencia de Ricardo Branda como director de Banco Central se van a reunir hoy para intentar definir un criterio unificado en el «consejo» a pedido que deben elevar a Néstor Kirchner. Los senadores y diputados saben que ese dictamen debe emitirse mañana, por los tiempos que le impuso el propio gobierno a este proceso; saben también que deberán aconsejar la destitución de Branda, de acuerdo con el sentido que se le dio al procedimiento y la expectativa que existe por el procesamiento del funcionario en la causa donde se investigan los supuestos sobornos en el Senado. Pero de allí a tener claro cuáles serán los argumentos jurídicos para recomendar la remoción de Branda hay todavía un largo trecho.

Las opiniones en la Bicameral están todavía divididas, pero se intentará llegar a una propuesta única. Si no se consigue, habrá votación pero, de todas formas, como ayer definió uno de sus integrantes: «Si el Ejecutivo es que el quiere echarlo, que lo eche. Después de todo lo pueden hacer por decreto y no tienen que hacernos caso».

Se sabe que Jorge Capitanich -presidente de Presupuesto y Hacienda del Senado-, Carlos Snopek -jefe de la misma comisión en Diputados- y Daniel Scioli están convencidos de la necesidad de firmar un dictamen de remoción. Rubén Marín -presidente de la Comisión de Economía del Senado- y Rodolfo Frigeri -de Finanzas en Diputados- eran más proclives a votar a favor de una suspensión en el peor de los casos. El problema es que tanto unos como otros saben que el basamento jurídico para remover a Branda, tomando la causa que lleva adelante Daniel Rafecas sobre los sobornos en el Senado -que incluso no han podido y no podrán leer íntegramente los legisladores-, no alcanza para determinar un consejo contundente al Presidente para que firme la remoción.

• Problemas

Dos grupos de problemas aparecen entonces en el horizonte:

• Existe la convicción en la comisión de que no se puede afectar el desempeño de un funcionario en el Banco Central u otro organismo por el mero hecho de estar procesado. Antecedentes de esto sobran.

Es un hecho normal, por la propia actividad de los directores del BCRA, que se encuentren procesados, generalmente por causas que se inician por decisiones tomadas en la liquidación de bancos. El caso más típico en esto es el puesto de superintendente de Entidades Financieras: en algún momento esos funcionarios vivían procesados y nunca se activó un pedido de remoción.

• Se reconoce en el Congreso que el caso de la destitución de Pedro Pou como presidente del BCRA, que tanto se ventila como antecedente -sobre todo en la prensa- para definir el proceso a Branda, en realidad no aporta soluciones jurídicas, sino más bien complica la redacción del dictamen.

Pou estaba procesado en ese momento, pero no fue ésa la causa en que se basó la comisión para recomendar la remoción, sino el «no defender el valor de la moneda», al haber proclamado públicamente las ventajas de una dolarización; el no haber impedido operaciones sospechadas de lavado de dinero por parte de sucursales argentinas de bancos extranjeros; y el haber tenido presuntas actitudes antisemitas en el tratamiento de los casos de liquidación del Banco Mayo, Patricios y Los Andes. Pero en ningún momento se mencionó el hecho de un procesamiento judicial como antecedente, ni en su caso ni en el de Manuel Domper, que también sufrió procesamientos en causas relacionadas con entidades financieras y que fue removido en el mismo decreto junto a Pou y Javier Bolzico.

Incluso sobre algunas de esas causales hubo disidencias, como en la de no defender el valor de la moneda: «Cabe destacar que la misión primaria y fundamental del BCRA es la de preservar el valor de la moneda. Sin embargo, aquí también ha habido descuido, aunque en este punto existen disidencias parciales entre los miembros de la Comisión», decía el dictamen que el Congreso elevó a Fernando de la Rúa. Esa disidencia fue manifestada por el mendocino Raúl Baglini, quien interpretó que las opiniones de Pou sobre la dolarización eran una cuestión de cátedra y no de su trabajo en el Central.

• Esta historia de directores procesados en el BCRA que complica como fundamentode una remoción a la Bicameral tiene otro antecedente aún más reciente. En medio de sus disputas con Roberto Lavagna y frente a la crisis total del sistema financiero, Mario Blejer -presidente por entonces del Central- corrió al despacho de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada para presentarle su renuncia. El país estaba en medio de una posible renegociación con el FMI después de haber pesificado y devaluado, y Duhalde le pidió que se quedara en su cargo, con intervención incluso de Lavagna desde Washington.

• Inmunidad

Blejer en ese momento aceptó, pero insistió con un requisito que se había pedido desde hacía tiempo: la necesidad de contar con inmunidad para el directorio del Central que cubriera de posibles consecuencias penales -más procesamientos- a sus funcionarios cuando les tocara encarar la reestructuración del sistema financiero y el cierre de bancos.

Ese pedido llegó luego como exigencia del FMI, pero el Congreso siemprese negó a votarlo. Estuvo dentro del proyecto que envió el gobierno al Congreso para modificar la Carta Orgánica del BCRA aumentando el límite de los préstamos de la entidad al Tesoro, pero todo terminó en una redacción más liviana que no cubría la expectativa de una inmunidad penal.

Con todo este bagaje de argumentos en contra de tomar una decisión para destituir a Branda, los cinco integrantes de la Bicameral especial trabajarán desde hoy para analizar todo comportamiento irregular de Branda en el Central y en las causales de destitución que menciona la Carta Orgánica: falta de idoneidad, mala conducta o no defender la moneda. En el medio analizarán también el pedido del fiscal Manuel Garrido para que se lo destituya y el del diputado arista Adrián Pérez. A pesar de todo, se descuenta que mañana a las 19 estará todo decidido y emitirán su consejo a Néstor Kirchner para destituir al vicepresidente segundo de la entidad.