Diputados contra gobierno y jueces por reforma penal

León Arslanian

El Congreso reaccionó ayer contra las críticas a la ley que reformó el artículo 67 de Código Penal, modificando los criterios de cómputo para la prescripción de causas judiciales. Una de las respuestas mas duras llegó desde el radicalismo: «Reaccionó la corporación judicial, porque la modificación del artículo 67 del Código Penal pone sobre la mesa su propia inoperancia», bramó Horario Pernasetti, presidente del bloque radical de Diputados, y agregó: «No hay razón para que las causas prescriban si los jueces ponen empeño».

Lo siguió otro radical, el misionero-Hernán Damiani, presidente de la Comisión de Legislación-Penal de Diputados, que dictaminó sobre la ley en polémica y deberá intervenir en cualquier modificación: « Muchos jueces federales cuestionan la reforma al Código Penal porque quieren tener sus causas emblemáticas abiertas para renegociar con el poder político sus ascensos», dijo durante una cuestión de privilegio que presentó en la sesión de ayer. Incluso dio nombres como el del «camarista Gabriel Cavallo, que se dedicaba a cajonear las causas para negociar su ascenso con el poder político. Hoy, muchos jueces de la servilleta critican a otro poder, pero son ellos lo que tenían esas causas emblemáticas abiertas por años sin llamar a una declaración indagatoria», dijo. «La suspensión e interrupción de la prescripción de acciones no es automática sino que depende de la decisión judicial en cada caso concreto.»

Hubo otras acusaciones más duras, como la de la arista Laura Mussa: «La reacción de los jueces federales fue orquestada por Roberto Durrieu (presidente del Colegio de Abogados que sigue la causa de Axel Blumberg), que fue funcionario de la última dictadura. Hay principios, como la igualdad ante la ley y como la certeza del tiempo que puede durar una causa, pero este último no se podía cumplir porque el Código Penal hablaba de que se podía interrumpir la prescripción por 'secuelas del juicio'».

Mussa articuló toda una defensa de la nueva ley basada en la pasión que tienen algunos jueces de mantener rehenes a los procesados por conveniencia mediática o política: «Existía un concepto que permitía a los magistrados determinar cuándo se podía interrumpir el período de prescripción según la jurisprudencia, y los jueces federales se molestaron porque ya no tienen la atribución de discrecionalidad pura», dijo.

«Eso es lo que atacamos con la modificación. Y creamos causales efectivas que impiden la discrecionalidad de los jueces. Ahora queda blanco sobre negro cómo jugaban con las causas», explicó. «Tenían casos paradigmáticos, muy visibles, y con la redacción anterior tenían a una persona procesada un tiempo, y cuando estaba por prescribir dictaban una medida que extendía los plazos, y lo único que hacían era darles aire a los funcionarios acusados, pero nunca elevaban la causa a juicio.»

El Congreso, de esta forma, rechazó explicaciones que el gobierno dio a Juan Carlos Blumberg durante la reunión que mantuvo con Alberto y Aníbal Fernández, en la cual le prometieron además enviar al Congreso una ley correctiva que incorpore otros hechos procesales como causal para interrumpir la prescripción de un proceso. Se comprometieron a redactar esa norma con sugerencias del jefe de Gabinete y de Durrieu, que acompañó a Blumberg a la reunión.

• Principio retroactivo

Para Durrieu unas 25.000 causas podrían pasar a archivo con la nueva norma, y esos efectos ya no podrán ser remediados ni siquiera con la votación de una nueva ley ya que rige el principio retroactivo de aplicación de la ley más benigna.

El gobierno, a pesar de apoyar supuestamente una reforma, sostuvo en ese encuentro con Blumberg un argumento similar al esgrimido por el Congreso: «Ellos dicen que a veces están durmiendo las causas, que muchos jueces federales que ahora se quejan son los que están actuando más», tal como relató ayer el propio Blumberg por radio.

Cerca de esos argumentos, la pregunta que se hacen en el Congreso es directa: «¿Es apresurado pensar que el lapso lógico para la duración de una causa penal deba ser bastante inferior a la pena máxima que se puede aplicar por la comisión del delito que se imputa al procesado?».

• Rankings

Esta afirmación se sustenta en los rankings que indican que la Argentina tiene índices de demora en resolución de juicios que superan a cualquier otro país de América.

«Es muy difícil saber si la Justicia aplica mano dura o no, cuando no se sabe si el supuesto ladrón u homicida es culpable después de esperar 4 o 5 años por una sentencia», se argumenta. Se sabe del placer que existe en algunos fueros por mantener procesados rehenes de las decisiones judiciales, como forma sublime de manejar poder. Lo han hecho siempre algunos jueces con políticos, banqueros e incluso periodistas.

Por otro lado, abogados e incluso algunos jueces reconocieron que la modificación de los plazos de prescripción que corre a partir de la nueva ley puede acelerar el fin de grandes causas, o -por su necesaria aplicación retroactiva en el derecho penal al ser ley más benigna- directamente mandar algunas al archivo. Pero contra esa posibilidad está también la de reactivar esas causas en peligro de extinción, y no es mucho lo que un juez debe hacer para reavivarlas: en algunos casos con sólo convocar a una ampliación de indagatoria se corta ese plazo de prescripción.

El penalista Elías Neumann opinó incluso que la norma «está bien porque facilita la selección penal», aunque criticó que las reformas al Código Penal se hagan por la técnica del «parche», una realidad inobjetable después de las más de cien reformas existentes que ha precipitado a juristas de todas las bibliotecas a pedir directamente la redacción de un nuevo código.

Todos los argumentos, a favor y en contra, pueden resumirse en las declaraciones de una sola persona, León Arslanian. El lunes declaró que «muchos delincuentes procesados con prisión preventiva saldrán en libertad. El sentido de la oportunidad no ha sido el mejor. Viene a contrapelo de la lucha contra el delito en la provincia», sentenció. Y el martes dijo: «Estoy totalmente de acuerdo con la reforma al Código Penal aprobada por el Congreso. Si la ley es buena intrínsecamente, cualquier momento es bueno, por más que se diga que va a tener tal o cual consecuencia no querida», y terminó: «Estoy preocupado por el sesgo que ha tomado este debate. Es un avance extraordinario, hasta ahora había una gran incertidumbre entre los propios jueces, por decisiones judiciales absolutamente contradictorias».