Diputados, también víctimas de la Banelco

El escándalo de la mesa de dinero del Congreso que se conoció el miércoles amenaza ahora con salpicar a varios diputados que habrían utilizado los servicios de esta financiera clandestina. Esa caja de préstamos dejó de manejar volúmenes interesantes de dinero hace poco cuando Rafael Pascual licitó el pago de sueldos a empleados y legisladores a través de cajeros automáticos. Así, y tal como sucedió en el Senado, la introducción de la Banelco fue el comienzo de la desgracia para muchos diputados.

Es que ahondando en la operatoria que funcionó en la Tesorería durante muchos años, se puede entender que el sistema de préstamos en negro que funcionaba allí era más extendido, conocido y utilizado por legisladores que lo que se podía presumir. De todas formas, la causa que ahora se le sigue a Jorge Hugo López, hasta el miércoles a la mañana tesorero de Diputados, y una serie de empleados del área que todavía no fueron citados ni identificados, no está centrada todavía en ese punto sino que comenzó con una denuncia por malversación de fondos que realizó la propia presidencia de la Cámara a principios de 2000.

Ayer, el fiscal federal Eamon Müllen consideró que Claudio Bonadío debe procesar a López. Esa posibilidad ya puso los pelos de punta a algunos diputados. Se piensa que la negativa de López a prestar declaración indagatoria, como sucedió ayer, es una señal de que se está dando a los beneficiarios de la mesa de dinero legislativa. El ahora ex tesorero ya habría dejado filtrar que tiene en su poder una lista con 170 nombres de legisladores actuales y pasados que utilizaron sus servicios para tomar préstamos o cambiar cheques. Para colmo ayer se supo que existe otra derivación del tema para investigar: tanto en Diputados como en la Justicia creen que existió algún cómplice en el departamento de personal que le entregaba copias a López de las cédulas que llegaban a Diputados citando testigos durante la investigación que, en secreto, lleva más de un año. Así quienes se presentaban a declarar exhibían un discurso demasiado unificado, dejando a López fuera del centro de la causa.

Apogeo

La mitología parlamentaria cuenta que la mesa de dinero comenzó a funcionar hace unos 10 años, pero que alcanzó su apogeo, llegando a manejar fondos por casi un millón de pesos mensuales, en los últimos años.

La «mesita» de Diputados ayudó en buena medida a solucionar los problemas financieros y de los legisladores. El sistema era muy simple y con una garantía de recupero de los fondos que envidiaría cualquier entidad financiera de primera línea: López prestaba la plata y luego la cobraba a fin de mes cuando él mismo entregaba los sobres con el dinero en efectivo a los tomadores. Era imposible no pagar y por eso las facilidades de préstamos eran amplias, aunque las tasas rondaban la usura.

Según investiga la Justicia, y ratifican fuentes del Congreso que no quieren ni hablar por teléfono, López habría operado mayormente con fondos propios. De allí que la investigación inicial por un faltante de $ 8.000, está relacionada con la malversación de fondos, pero no con la operación en negro de la mesa de dinero.

Más complicada todavía es la situación por el robo de $ 1 millón que sucedió en la Tesorería un mes después de que la presidencia de la Cámara radicara esa denuncia. Para abundar en más curiosidades, se debe recordar que el robo se produjo exactamente el día que Pascual estaba firmando el llamado a licitación para el servicio de pago de sueldos por cajero automático.

En Diputados cuentan que quien necesitara una ayuda para fin de mes, un préstamo en cuotas o la financiación de alguna campañita política, podía recurrir sin ningún problema a la Tesorería. Allí, en forma totalmente extraoficial, se solicitaba al titular de la financiera ahora en problemas un adelanto de sueldo menor, comenzaban desde los $ 100 o créditos que se podían cancelar en cuotas, llegando a superar los $ 10.000. Se pactaba la tasa de interés, el plazo e inmediatamente se accedía a los fondos. Esto corría tanto para el personal de maestranza como para los legisladores. No se le negaban fondos a nadie.

Para algunos diputados, ya demasiado girados contra sus sueldos, existía un sistema de garantía extra: podían cambiar cheques propios o de terceros. Es claro que el delito a investigar aquí está directamente relacionado con evasión impositiva.

Hasta ahora la investigación por la que se detuvo en su casa a López para tomarle declaración indagatoria es por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos.

En Diputados se reabrió ayer el sumario que se le había iniciado a López cuando se produjo el faltante de los $ 8.000 y que fue suspendido cuando Pascual hizo un acuerdo con el fiscal Müllen para dejar que se siguiera en secreto el movimiento de la Tesorería sin que el ex funcionario se diera cuenta de que lo espiaban.

El problema fue que la semana pasada en el juzgado de Bonadío habrían comprobado otra irregularidad. Quizás con demasiada inocencia, el fiscal enviaba a la dirección de personal de Diputados oficios citando a empleados para prestar declaración. Lo cierto es que ahora se sabe que «alguien» en la dirección de personal le mandaba copia de todas las cédulas al ex tesorero. Es decir, López habría estado al tanto de la investigación en todo momento.

Por ahora, en Diputados se resolvió suspender a López preventivamente hasta que haya una resolución judicial. Esto debe ser así ya que sin sentencia la Cámara no puede juzgar como culpable a un empleado. Ahora, además, comenzará la citación a declarar a otros empleados que también están siendo investigados. Pero en el juzgado creerían que López fue la cabeza de toda la organización.

No existe, además, mucha armonía entre el fiscal Müllen y Bonadío en cuanto a la decisión de dejar en libertad el miércoles a López. En las cercanías del fiscal se dice que aunque los delitos que se le imputan a López son excarcelables, su libertad podría entorpecer el avance de la investigación. Esto se justifica en las declaraciones de más de 10 testigos que, al momento de exponer ante el juez, coincidieron en afirmar que López no actuaba como una entidad financiera, efectuando préstamos a empleados del lugar, sino que, como cajero, otorgaba «adelantos» o «anticipos» de sueldos. Es decir, según ellos el procedimiento habría sido de la Cámara y no un negocio de un funcionario.