Diputados reclamaron al Gobierno que garantice el parto humanizado en todo el país

Política

En la Semana Mundial del Parto Humanizado, la legisladora de Juntos por el Cambio, Camila Crescimbeni, presentó una iniciativa para que se respeten los derechos materno-infantiles al momento del alumbramiento.

Diputados de Juntos por el Cambio reclamaron este miércoles al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento efectivo de la ley de parto humanizado, en el marco del contexto de la pandemia mundial por el Covid-19.

Se trata de un proyecto de resolución presentado por la legisladora de Juntos por el Cambio, Camila Crescimbeni, en el marco de la semana mundial del parto humanizado, que apunta a ampliar los canales de denuncias para el cumplimiento de la ley. Complementariamente a esta iniciativa, también fueron presentados otros dos proyectos por las diputadas Gisela Scaglia y Dina Rezinovsky.

La Ley 25.929 -sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015- garantiza a toda persona gestante su derecho a un parto humanizado, con el debido respeto a los tiempos biológicos y la intimidad, sin discriminación y bajo todos los cuidados e información necesaria, con la posibilidad de estar acompañada durante el mismo y junto al bebé desde el momento del nacimiento.

“Las distintas medidas sanitarias implementadas, como protocolos de acción en hospitales y clínicas, no deberían ir en contra de los derechos consagrados. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a un parto humanizado y a que se respeten sus derechos así como los de su hijo/hija como sostiene la Ley 25.929/04”, expresó la legisladora.

Si bien la mayoría de las provincias adhirieron a esta ley nacional y registran progresos en materia de violencia obstétrica, cabe destacar que en la Provincia de Buenos Aires, en Catamarca y Formosa no existe la adhesión de manera explícita ni otra ley similar sancionada.

“Es fundamental trabajar en este sentido, ya que la correcta implementación de la ley garantizará los derechos reconocidos en la misma, especialmente a los grupos vulnerables, reflejando la voluntad y política de los gobiernos a velar por los derechos las personas gestantes y de sus bebés antes, durante y después del parto”, apuntó Crescimbeni.

Informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2017) arrojan más de 110 denuncias vinculadas a la vulneración de derechos durante el embarazo y el parto, donde el 54% de estas presentaciones corresponde a hechos ocurridos en hospitales públicos y el 46% al sector privado. Las denuncias más frecuentes apuntan a la falta de información, al maltrato verbal y psicológico, a las prácticas médicas invasivas y la imposibilidad de estar acompañadas en el momento del parto.

La legisladora pidió al mismo tiempo “entender a la violencia obstétrica como una práctica de violencia hacia la mujer, ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario