Discuten la baja de sueldos legislativos

Fernando de la Rúa cerrará hoy una cumbre de legisladores provinciales de la Alianza. En un encuentro preliminar, ayer los radicales debatieron e hicieron la defensa de la dirigencia política, los sueldos de los legisladores, el achicamiento de los fondos de campaña y el mantenimiento de los senados provinciales donde existen. Hoy medirán esos argumentos con los del Frepaso, que previsiblemente disentirán.

Raúl Alfonsín estuvo ausente en la primera reunión del año del Foro de Legisladores Provinciales Radicales, por lo que a los asistentes no les quedó ni el consuelo de una foto. Su médico personal ayer le aconsejó descansar. El domingo viajó de madrugada a los festejos de un nuevo aniversario de la creación de Comodoro Rivadavia y regresó muy tarde. Estaba cansado.

En la sede del Comité nacional de la UCR, fueron arribando los 120 invitados con fueros a partir de las 16, recibidos por el vicepresidente y gobernador del Chaco Angel Rozas, junto a Enrique Nosiglia, a cargo de las relaciones institucionales. Del gobierno estuvo la plana mayor del Ministerio del Interior: Federico Storani, Héctor Martucci y Walter Ceballos. El diputado bonaerense Mario Spada, como es habitual, ofició de vocero. Rozas tuvo a su cargo las disculpas por la ausencia de Alfonsín y la introducción a un encuentro en el que todos admitieron que fue, como en el box, preliminar al de fondo que se realizará hoy.

Otra pata

De fondo porque mientras ayer sólo estuvieron los radicales y no se plantearon diferencias, hoy a partir de las 10 en el hotel Panamericano -que cerrará a las 19, calculan, De la Rúa-, también va a concurrir la otra pata de la Alianza: el Frepaso. Y entre radicales y frepasistas hay más de un disenso en torno a la transparencia pública y la reforma política.

Storani tuvo a su cargo ayer presentar esa reforma, y galvanizar a quienes hoy, deberán defenderla. Y para ello el ministro del Interior echó mano de un argumento caro a los sentimientos de los militantes de los partidos grandes, radicales y peronistas: la defensa de la clase política. Y para ello remarcó que «no podemos centrar la discusión en cuánto gana un legislador. Para la gente siempre será mucho y es difícil, por no decir arbitrario, buscar un parámetro para medirlo». No sólo lo escuchaban con atención a Storani -entre ellos Ricardo Alfonsín, que apenas llegó se lamentó estar sin saco y corbata «porque al viejo no le va a gustar» (ignoraba que no asistiría)-, sino que asentían en silencio los diputados y senadores provinciales presentes a sus palabras.

El ministro del Interior subrayó a su juicio los dos elementos claves de la reforma política: por un lado el ataque al gasto de los partidos políticos para transparentarlo sin dejar al Estado afuera; y por el otro la reducción de las campañas políticas a 90 días, justificando así ese achicamiento en fondos de campaña. Que hoy respecto del goteo regular al Fondo Partidario Permanente deberá explicar en el hotel Panamericano José Luis Machinea, blanco de todos los reclamos por atrasos en acreditarlos.

El bloque radical de la Legislatura porteña llegó con su propia propuesta, en manos de su titular, Cristian Caram. Además de citar la Constitución local, el documento apunta al patrimonio de cada legislador: presentar declaraciones juradas anuales, describiendo los bienes propios, sus cónyuges e hijos menores no emancipados. No puede contar con gastos de representación, viáticos y pasajes, ni tampoco gastos reservados; fijando el sueldo por ley, nunca mayor a 50% del jefe de Gobierno o del Gobernador. Y que el presupuesto no puede exceder 1,5% del total del distrito (hoy 1,68%). Fue cuando se le hizo notar a Caram que había que tener en cuenta que no todas las provincias tienen la misma situación. Y le recordaron, por ejemplo, que las distancias en la Capital Federal son más reducidas que en el interior.

En el documento que se supone firmarán hoy los legisladores provinciales de la Alianza --radicales y frepasistas, si logran ponerse de acuerdo-, se comprometerán a que los presupuestos no excedan 3 por ciento del total que se apruebe para la provincia respectiva. Una aspiración modesta del Ministerio del Interior, si se tiene en cuenta que sólo Corrientes (3,44%) y Chaco (3,60%), ambas en manos de la Alianza; junto a Salta (3,81%) y Formosa (6,79%), gobernadas por el peronismo, superan ese porcentaje. Storani hizo declaraciones en días anteriores donde apuntaba a un máximo de 2,5%, aunque la realidad ubicó el tope en 3 por ciento. Con lo cual quedan exentos de reclamos 20 de las 23 provincias y la Capital Federal.

El otro punto que será abordado apunta a «modernizar» los parlamentos provinciales. Tan gaseosa propuesta obligó a indagar sobre qué se entiende por modernizarlos, ya que la integración y atribuciones están contenidos en las Constituciones locales; siendo su funcionamiento reglado a través de leyes de cada provincia. El caso es que algunas quejas llegadas del interior ha obligado aconsejar que la información legislativa se incorpore a una página web, con base de datos y en red. Grafican a modo de ejemplo que no puede ser que en la Legislatura de Santiago del Estero no haya fax. Se rompió el que había y dicen que no hay fondos para repararlo ni para la compra de uno nuevo. De allí el pomposo reclamo modernizador incluido.

La tercera y cuarta recomendación del documento a firmar, son tan etéreas como el resto. En un caso los legisladores se comprometerán a que las provincias cumplan con lo acordado en el Pacto Fiscal firmado entre los gobernadores y el gobierno central en noviembre de 2000. Un pacto que cada Legislatura debe homologar para ser obligatorio, pero que a su vez depende de los tiempos políticos locales, donde por lo menos en 14 provincias gobernadas por el peronismo los que firmen hoy son oposición. El otro caso es la adhesión de cada uno de los 24 distritos a la reforma política. Cuando ésta se convierta en ley, claro. Lo cual puede llevar algún tiempo. Hay que recordar que esa reforma por ahora es sólo un proyecto del Ministerio del Interior ingresado al
Congreso.