Doble discurso causó ya la primera crisis
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El país quedó esta semana enfrentado a ese viejo problema, el de la relación entre hechos y palabras. Daniel Scioli, con un par de declaraciones, lo puso en evidencia. Pero no fue la única ocasión en que la cuestión se hizo presente. La discusión entre Kirchner y Scioli, no supone un choque entre dos maneras de ver la negociación con el Fondo Monetario Internacional o la política económica. La diferencia está en que Scioli dijo cosas que el gobierno cree, pero decidió no decir. Es el caso del aumento de tarifas de los servicios públicos. El vicepresidente sólo repitió en el precoloquio de IDEA, en Tucumán, lo que un rato antes le había escuchado a Julio De Vido en el Senado: que se le reclamarían facultades al Congreso para ajustar lo antes posible las cláusulas de los contratos. El propio De Vido se cansó de decir ante funcionarios del gobierno que «las tarifas las vamos a recomponer rápidamente, no son un problema en la negociación». Y Kirchner se quejó ante los gobernadores del NOA, en Jujuy, hace una semana, de que «el precio del gas en boca de pozo no puede estar más deprimido, algo vamos a tener que hacer». La necesidad de ajustar los ingresos de las empresas a la nueva ecuación económica del país después de la devaluación no es una conclusión a la que el gobierno llegó solo: ayudó bastante la presión externa, que fue explícita y aceptada.
Del mismo modo, el subsecretario de Pre supuesto, Raúl Rigo, dio una clase en la Universidad Di Tella acerca de las dificultades de la Argentina para cumplir sus compromisos financieros del año próximo sin un esfuerzo fiscal equivalente a un superávit de 4% del PBI. Nadie lo desmintió ni en privado ni en público. Apenas llamó Roberto Lavagna al secretario de Cultura, Torcuato Di Tella (quien mantiene una relación lejanísima con la universidad que recuerda a su padre), para reprocharle que de sus claustros se filtren esas informaciones. Kirchner y Scioli coinciden en lo que hay que hacer y sólo disienten en lo que hay que decir.
El último giro de la oratoria oficial se produjo ayer, con la prisión de viejos dirigentes montoneros: «No perseguimos solamente militares; también condenamos a montoneros, aunque sea por entregadores», dijeron en voz baja los contertulios del Presidente. Con ese argumento, para compensar la designación de Eugenio Zaffaroni en la Corte habría que impulsar la de un nazi. Una cosa es el promedio y otra la moderación.
En el caso de la visita de Hugo Chávez se repite la misma lógica. De la misma manera que hizo ante los empresarios franceses o ante la Sociedad Rural, el Presidente adujo problemas de agenda ante la cancillería venezolana cuando el militar caribeño insinuó una demora de dos días. De ese modo, el paseo de Chávez por Buenos Aires se postergaría más allá de las elecciones porteñas y de la visita del norteamericano Roger Noriega. Sólo que Chávez no colaboró con esa intención: «Si tienes problemas de agenda, entonces corrijo la mía y voy igual, en la fecha que habíamos dicho», le dijo a Kirchner el miércoles por la mañana. Ahora se trata de ver cómo se oculta a este «bolivariano». No habrá para él comida de gala, sino un almuerzo en el Palacio San Martín. A diferencia del chileno Ricardo Lagos, que llega el 29 de agosto, Chávez no hablará ante una Asamblea Legislativa, sino en una «reunión conjunta» de algunos legisladores en el Salón Azul del Congreso. Los piqueteros ligados al gobierno le habían ofrecido una concentración en el estadio de Racing, pero alguien les mostró que era inconveniente. Y ni siquiera se sabe si habrá una lección magistral en la Facultad de Medicina. Rafael Bielsa, acaso el más pragmático ministro de Kirchner, lucha contra algunos factores inevitables: un grupo de intelectuales agasajará a Chávez, también las Madres de Plaza de Mayo lo exhibirán en público y hasta el titular de uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina, con inversiones en Venezuela, lo paseará también a pesar del gobierno.
En la Ciudad de Buenos Aires también los hechos divergen de las palabras. Que lo diga si no Alberto Fernández, quien quedó helado cuando escuchó a su jefe el Presidente confesar a un popular animador televisivo: «Yo sé que Ibarra es un inútil, ¿pero voy a estar con Macri, rodeado de menemistas?». Para Kirchner la batalla porteña se libra a favor de Aníbal Ibarra no por sus virtudes, sino, en el extremo, por sus defectos: es la baja calidad de la gestión del jefe de Gobierno la que resaltará que, si gana, el triunfo es del Presidente. Y Kirchner necesita esa victoria por tres razones principales: 1. No quiere sentarse a la mesa de los «señores feudales» del PJ, los caudillos provinciales, sin el respaldo de un distrito importante a su persona, lastimada por la falta de votos propios. Si algo conoce Kirchner es la capacidad de esos jefes territoriales para esterilizar a un presidente sin poder propio. 2. Una derrota porteña no es para Kirchner cualquier derrota: toda su gestión hasta ahora se circunscribe a halagar al vecindario de Buenos Aires, reducción a escala de la clase media urbana de todo el país, en sus aspiraciones y fantasías, cultivando la agenda que Chacho Alvarez olvidó en un cajón de su escritorio antes de eyectarse de la política (PAMI, derechos humanos, sindicalistas ortodoxos, empresas, la Corte, etcétera). 3. Kirchner teme a Macri y no a Ibarra como competidor para 2007; a pesar de que si gana, el titular de Boca se mostrará solidario con él por un tiempo aceptable.
El doble discurso del gobierno habla de muchas cosas más que de un vicio moral casi universal en la política. Revela, por ejemplo, las dificultades de adaptación del equipo gobernante a las circunstancias en que le toca actuar. Kirchner y su grupo pensaban alcanzar el poder, con mucha suerte, en 2007. No imaginaron que de la foto con Elisa Carrió y Luis Zamora pasarían, en menos de seis meses, al retrato con George W. Bush y Horst Köhler. El impulso que les aplicó Duhalde y su aparato bonaerense les hizo experimentar el «teorema de Baglini» («la prudencia política es directamente proporcional a la cercanía del poder») en cámara ligera. De allí las desproporciones, los desajustes, las incoherencias que se advierten a diario (baste un ejemplo: cuando el Congreso trate el Presupuesto se advertirá que para hacer efectivos los programas sociales que hoy anuncia Alicia Kirchner habrá que retirar las prestaciones de muchos Jefas y Jefes de Hogar del duhaldismo).
Pero ¿por qué condenar a Kirchner y a su gabinete por esta propensión a ocultar con palabras lo que a la larga será inevitable? Más llamativa es la capacidad de adaptación de buena parte de la clase dirigente argentina a esta conducta. ¿O los legisladores duhaldistas no condenan hoy a Eduardo Moliné O'Connor después de haberlo absuelto hace menos de seis meses, como se burló el miércoles Elisa Carrió? ¿Qué político está dispuesto a defender que a un magistrado no se lo puede remover por el contenido de sus fallos, aunque esa defensa «lo deje pegado» a la «mayoría menemista» de la Corte? ¿No fue Eduardo Duhalde quien se comunicó con Eduardo Camaño para que sus diputados no se resistan a la anulación de las leyes del perdón después de haberlas criticado ante los militares? ¿No se opondría el PJ, a través de su Comisión de Acción Política, a que el gobierno apoye a candidatos que compiten con los del partido? Sin embargo, el martes pasado, el despacho presidencial se transformó en estudio fotográfico para que Kirchner se retrate con los candidatos de su Partido de la Victoria en Río Negro (Eduardo Rosso), que compiten con los peronistas Carlos Soria y Miguel Pichetto (titular del bloque de senadores nacionales). ¿Qué empresario salió a respaldar a Scioli, quien sólo repitió lo que escuchó en tantas conversaciones con ejecutivos de servicios públicos? ¿No están dispuestas las empresas a tolerar los «fideicomisos» que el gobierno pretende crear en distintos sectores para «orientar la inversión» a pesar de que sepan que son disparatados? Es ante esta unanimidad que sonó más disonante la voz de Scioli, a quien el oficialismo quiere ver como el emergente de una conspiración.
La imagen de un gobierno débil que encontraría límite a sus impulsos en un peronismo en poder de los principales recursos institucionales del país queda desmentida lentamente. No parece mandar Kirchner, pero tampoco Duhalde. Mandan las encuestas. Como en 1976, cuando Videla llegó al poder para hacer lo que hizo. O en 1989, cuando Menem encaró las privatizaciones y la apertura económica de la manera en que las encaró. Las encuestas tienen un solo discurso pero, desgraciadamente, fluctúa cada semana. Por eso, el italiano Giovanni Sartori, en su formidable «Homo Videns», aconseja a los políticos no guiarse por esos sondeos, «que son el peor asesor que puede contratarse, ya que se consulta a gente que ignora por completo la complejidad de los temas que se le someten a consideración». Veinticinco siglos antes, el griego Tucídides le hizo decir a Pericles que «el pueblo puede juzgar una política, pero jamás podrá formular una política».




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