En el Gobierno reina por estas horas la incertidumbre y el cálculo. Mientras la Cámara Nacional Electoral analiza la apelación presentada por La Libertad Avanza para revertir el fallo que dejó fuera del primer lugar a Diego Santilli, distintos sectores del oficialismo exhiben percepciones opuestas: algunos confían en que el tribunal les dará la razón, mientras que otros creen que la suerte judicial está echada. Ambos sectores comparten algo: habrá costo político -y económico- tanto de una reimpresión total de boletas como en dejar la cara de José Luis Espert en los papales.
9 de octubre 2025 - 17:05
Dudas en el Gobierno por la reimpresión de boletas y tensiones internas tras el fallo
La apelación por la candidatura de Diego Santilli abrió una grieta en el oficialismo entre el optimismo y la desconfianza. Distintos sectores se cruzan por los errores en el cierre de listas, mientras la campaña intenta sostener al referente PRO como figura central y mantener en bajo perfil a Karen Reichardt.
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El Gobierno calcula minuciosamente el tiempo que llevará reimprimir la boletas, si la Justicia hace lugar al pedido de La Libertad Avanza.
La decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que consideró inconstitucional parte del Decreto 171/2019, reavivó tensiones en la mesa electoral libertaria. Aún nadie sabe si el nuevo esquema podrá corregirse a tiempo antes del cierre de plazos. En los despachos del Ejecutivo circula la cifra clave: "Tenemos nueve días".
En la Casa Rosada se repiten versiones cruzadas. Los más optimistas aseguran que la apelación presentada el miércoles por la noche “está muy sólida” y que el tribunal no convalidará la decisión de Ramos Padilla. Los escépticos, en cambio, reconocen que la Justicia Electoral les viene fallando todo en contra.
El desgaste de la campaña afecta al Gabinete
El problema, reconocen puertas adentro, no es solo judicial. También es político. En el entorno de Javier Milei se señalan unos a otros por la cadena de errores que derivó en el conflicto: la demora en aceptar la renuncia de José Luis Espert, el tiempo perdido en las presentaciones y, sobre todo, la ubicación original de Karen Reichardt en la lista. “Todo se resolvió tarde y mal”, admiten con fastidio algunos funcionarios, que hablan sin eufemismos de mala praxis política.
La discusión interna viene acompañada de reproches personales. Algunos apuntan al propio Milei por haber insistido con la fórmula Espert–Reichardt pese a las objeciones de su hermana Karina y de Santiago Caputo, que pedían un cierre más ordenado. Hoy, nadie se hace cargo de la decisión, pero todos reconocen sus consecuencias: el caso terminó por exhibir las grietas del esquema libertario en su distrito más competitivo.
El desgaste que viene dejando la campaña en el equipo se vio reflejado este jueves en las duras críticas que lanzó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contra Caputo, al afirmar que “es bueno que asuman responsabilidades” y reclamar que quienes asesoran pero no tienen funciones ejecutivas no tomen decisiones que luego deban respaldarse. Francos también admitió que el caso Espert “dañó” al Gobierno, cuestionando su perfil para encabezar la boleta y sugiriendo que cometió errores comunicacionales.
Mientras tanto, en el Gobierno tratan de contener los daños. Aunque el fallo judicial complique la estrategia original, el Ejecutivo decidió no subirle el perfil a Karen Reichardt, incluso si la Justicia confirma que encabezará la lista. “La campaña va a girar en torno a Santilli”, repiten en la Rosada. La candidata, según fuentes del oficialismo, tiene su agenda mediática supervisada, con controles sobre cada aparición pública y posteos en redes.
El objetivo es claro: mantener a Santilli como figura central de la campaña bonaerense, aun cuando la boleta pueda llevar otro nombre en primer lugar. La apuesta es preservar su peso político en el territorio y evitar que el fallo judicial se traduzca en un golpe a la narrativa del oficialismo. “La gente vota caras, no tecnicismos”, dice un estratega libertario, resignado a que la batalla simbólica puede valer más que la legal.
En paralelo, la apelación se presenta como una carrera contra el reloj. Los técnicos electorales advierten que una reimpresión completa podría tardar entre cinco y siete días, una eternidad en una campaña que ya transita su etapa más tensa.
El escenario expone el contraste entre los sectores más confiados y los que ven venir un nuevo tropiezo. En la mesa política nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos coinciden en que la crisis fue evitable.
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